Tegucigalpa, Honduras.
Dirigentes sindicales de la Central General de Trabajadores (CGT) y la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (Cuth) enjuiciados en los tribunales de justicia por supuestos actos de corrupción han acudido ante la Organización Internacional de Trabajo (OIT) para denunciar al Estado de Honduras por “persecución y hostigamiento sindical”.
Las organizaciones solicitaron a la OIT la protección de los dirigentes Daniel Durón, secretario general de la CGT, Humberto Lara de la Federación Auténtica Sindical de Honduras (Fash), Hilario Espinoza de la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH) y Luis Mayorga de la Cuth, todos estos han sido acusados ante los tribunales por el descalabro financiero del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Los dirigentes antes mencionados formaron parte de la anterior junta directiva del Seguro Social y están acusados de haber autorizado al entonces director Mario Zelaya, prófugo de la justicia, el irregular traslado de fondos del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) al régimen de Enfermedad Maternidad (EM), lo que causó un enorme perjuicio económico a la institución.
El pasado 1 de agosto, la Corte Suprema de Justicia confirmó el auto de formal procesamiento para todos los miembros de la junta directiva del IHSS.
La Corte de Apelaciones, integrada por Jorge Rivera Avilés (presidente del Poder Judicial de Honduras) y los magistrados Víctor Manuel Lozano y Edith María López, ratificaron la decisión del juez natural con respecto al auto de formal procesamiento contra todos los miembros de la junta directiva del Seguro.
La Fiscalía contra la Corrupción acusa a los exdirectivos del Seguro Social por abuso de autoridad y malversación de fondos por jubilación y pensiones por un monto de 600 millones de lempiras.
Entre los acusados se encuentran el exviceministro de Trabajo Carlos Montes Rodríguez, el representante obrero de la Central General de Trabajadores (CGT) Hilario Espinoza, el representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) Arnaldo Gabriel Solís, el miembro de la CGT Luis Alonso Mayorga y del Cohep, Samuel Benjamín Bográn.
Además, el exviceministro de Salud Javier Pastor, los miembros del Cohep Leonardo Villeda y Óscar Manuel Galeano, los expresidentes del Colegio Médico de Honduras José Manuel Espinoza y Odessa del Carmen Henríquez y los miembros de la CGT, Daniel Durón y José Humberto Lara.
Acuden a la OIT
Frente a esos procesos judiciales, el pasado 10 de junio la CGT elevó una nota formal al director general de la OIT, Guy Rider, solicitando la intervención de este organismo internacional para que se proteja a los referidos líderes obreros y se obligue al Estado de Honduras a detener los procesos judiciales.
Dentro de este mismo paquete también están solicitando la protección de la presidenta del sindicato de la Municipalidad de San Pedro Sula, Ana María Ríos, acusada por el Ministerio Público de malversación de caudales públicos.
Los sindicalistas se escudan en los convenios 87 y 98 de la OIT para se les otorgue del debido amparo y de esta forma eludir el brazo de la justicia.
Fuentes del Ejecutivo indicaron que la CGT y la Cuth buscan utilizar el fuero sindical como un blindaje jurídico y evitar que las acciones judiciales se lleven a cabo para reparar el daño a los afectados de los actos de corrupción en los que se les involucra.
Además que las denuncias están vinculadas a obstruir la acción de la Fiscalía y los tribunales, ya que muchos de los líderes obreros están denunciados por mal manejo de los fondos públicos, y de esa manera buscan mantener sus privilegios sindicales.
En la misiva dirigida al máximo representante de la OIT, la dirigencia sindical denuncia al actual Gobierno por la supuesta comisión de diversas arbitrariedades como la persecución y despido de directivos de varias organizaciones sindicales, la suspensión del fuero sindical, amenazas de muerte y la intervención y desaparición de organizaciones.
Ponen el caso del dirigente Víctor Crespo, quien se encuentra exiliado por persecución y amenazas de muerte. “Están llevando a los tribunales de justicia a todos los dirigentes que los critican, imponiéndoles medidas sustitutivas y de esa manera callarlos”, indica un párrafo de la misiva enviada a la OIT y a la que LA PRENSA tuvo acceso.
Las CGT y la Cuth denunciaron al Gobierno por la implementación del trabajo por hora y las medidas de reducción de personal adoptadas en el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (Ihnfa), la Secretaría de Obras Pública, Transporte y Vivienda (Soptravi), la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) y la Empresa Hondureña de Correos (Honducor), entre otras.
Estas organizaciones acusan al Gobierno de montar una campaña en los medios de comunicación para desprestigiar al movimiento sindical y su dirigencia, en este caso a los que integraron la junta directiva del IHSS.
Dirigentes sindicales de la Central General de Trabajadores (CGT) y la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (Cuth) enjuiciados en los tribunales de justicia por supuestos actos de corrupción han acudido ante la Organización Internacional de Trabajo (OIT) para denunciar al Estado de Honduras por “persecución y hostigamiento sindical”.
Las organizaciones solicitaron a la OIT la protección de los dirigentes Daniel Durón, secretario general de la CGT, Humberto Lara de la Federación Auténtica Sindical de Honduras (Fash), Hilario Espinoza de la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH) y Luis Mayorga de la Cuth, todos estos han sido acusados ante los tribunales por el descalabro financiero del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Los dirigentes antes mencionados formaron parte de la anterior junta directiva del Seguro Social y están acusados de haber autorizado al entonces director Mario Zelaya, prófugo de la justicia, el irregular traslado de fondos del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) al régimen de Enfermedad Maternidad (EM), lo que causó un enorme perjuicio económico a la institución.
El pasado 1 de agosto, la Corte Suprema de Justicia confirmó el auto de formal procesamiento para todos los miembros de la junta directiva del IHSS.
La Corte de Apelaciones, integrada por Jorge Rivera Avilés (presidente del Poder Judicial de Honduras) y los magistrados Víctor Manuel Lozano y Edith María López, ratificaron la decisión del juez natural con respecto al auto de formal procesamiento contra todos los miembros de la junta directiva del Seguro.
La Fiscalía contra la Corrupción acusa a los exdirectivos del Seguro Social por abuso de autoridad y malversación de fondos por jubilación y pensiones por un monto de 600 millones de lempiras.
Entre los acusados se encuentran el exviceministro de Trabajo Carlos Montes Rodríguez, el representante obrero de la Central General de Trabajadores (CGT) Hilario Espinoza, el representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) Arnaldo Gabriel Solís, el miembro de la CGT Luis Alonso Mayorga y del Cohep, Samuel Benjamín Bográn.
Además, el exviceministro de Salud Javier Pastor, los miembros del Cohep Leonardo Villeda y Óscar Manuel Galeano, los expresidentes del Colegio Médico de Honduras José Manuel Espinoza y Odessa del Carmen Henríquez y los miembros de la CGT, Daniel Durón y José Humberto Lara.
Acuden a la OIT
Frente a esos procesos judiciales, el pasado 10 de junio la CGT elevó una nota formal al director general de la OIT, Guy Rider, solicitando la intervención de este organismo internacional para que se proteja a los referidos líderes obreros y se obligue al Estado de Honduras a detener los procesos judiciales.
Dentro de este mismo paquete también están solicitando la protección de la presidenta del sindicato de la Municipalidad de San Pedro Sula, Ana María Ríos, acusada por el Ministerio Público de malversación de caudales públicos.
Los sindicalistas se escudan en los convenios 87 y 98 de la OIT para se les otorgue del debido amparo y de esta forma eludir el brazo de la justicia.
Fuentes del Ejecutivo indicaron que la CGT y la Cuth buscan utilizar el fuero sindical como un blindaje jurídico y evitar que las acciones judiciales se lleven a cabo para reparar el daño a los afectados de los actos de corrupción en los que se les involucra.
Además que las denuncias están vinculadas a obstruir la acción de la Fiscalía y los tribunales, ya que muchos de los líderes obreros están denunciados por mal manejo de los fondos públicos, y de esa manera buscan mantener sus privilegios sindicales.
En la misiva dirigida al máximo representante de la OIT, la dirigencia sindical denuncia al actual Gobierno por la supuesta comisión de diversas arbitrariedades como la persecución y despido de directivos de varias organizaciones sindicales, la suspensión del fuero sindical, amenazas de muerte y la intervención y desaparición de organizaciones.
Ponen el caso del dirigente Víctor Crespo, quien se encuentra exiliado por persecución y amenazas de muerte. “Están llevando a los tribunales de justicia a todos los dirigentes que los critican, imponiéndoles medidas sustitutivas y de esa manera callarlos”, indica un párrafo de la misiva enviada a la OIT y a la que LA PRENSA tuvo acceso.
Las CGT y la Cuth denunciaron al Gobierno por la implementación del trabajo por hora y las medidas de reducción de personal adoptadas en el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (Ihnfa), la Secretaría de Obras Pública, Transporte y Vivienda (Soptravi), la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) y la Empresa Hondureña de Correos (Honducor), entre otras.
Estas organizaciones acusan al Gobierno de montar una campaña en los medios de comunicación para desprestigiar al movimiento sindical y su dirigencia, en este caso a los que integraron la junta directiva del IHSS.
