Cerca del 53% de las personas con VIH/sida en Honduras no reciben tratamiento antirretroviral, según un informe presentado por Onusida.
En el país existen más de 30,000 personas que viven con VIH/sida, en su mayoría son hondureños víctimas de discriminación y que carecen de recursos económicos suficientes para acudir a los Centros de Atención Integral a recibir su tratamiento.
Según Nicole Massoud, representante del Sistema Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH/sida (Onusida), en el país solo el 47% de las personas con VIH reciben tratamiento antirretroviral.
Señaló que si bien en Honduras la autosuficiencia en la compra de medicamentos y acceso es casi una realidad, existe debilidad en la cobertura que impide garantizar una adecuada distribución y accesos a los medicamentos.
Sin embargo, la representante de las Naciones Unidas destacó los avances experimentados por Honduras en materia de derechos humanos, situación que vendría a beneficiar a las personas viviendo con VIH y de otros sectores vulnerables.
Recordó que a nivel mundial, en 1996 no había acceso al tratamiento para la enfermedad y que a finales de 2011, más de ocho millones de personas en recibieron tratamiento; aunque lamentó que cada año 1.8 millones de personas mueren por falta de medicamento.
Desde 1985, que se conoció el primer caso en Honduras a septiembre de 2012, se estima que la epidemia del VIH afecta a unas 30,766 personas, de las cuales 21,969 presentan infección avanzada, mientras que alrededor de 8,807 son asintomáticos.
Para Ramón Custodio, comisionado nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Honduras enfrenta una gran tarea en tratar de reducir el número de personas afectadas por esta enfermedad.
“Estamos lejos de donde deberíamos estar en cuanto al control de la enfermedad, porque nos resistimos a tomar decisiones en cuanto a la educación, en cuanto a salud reproductiva y en el uso de otras prácticas que eviten el contagio de nuevas víctimas”, declaró.
Lamentó que el estigma y la discriminación son parte todavía de los obstáculos que hay en el país para el acceso a los servicios de salud, justicia y trabajo.
