La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) continúan con los aseguramientos de bienes que supuestamente se adquirieron de forma ilícita, en el marco la Operación Magnate, caso que involucra al empresario Marco Antonio Ávila Alvarenga y cuyos activos se localizan en los departamentos de Cortés, Yoro y Francisco Morazán.
A la fecha, tras tres días de operatividad, más de una decena de bienes se han traspasado a las autoridades de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi), los últimos corresponden a las propiedades de una empresa denominada Americana de Inversiones S.A. de C.V. con sede en San Pedro Sula y una lujosa casa de playa en Omoa.
Además se produjo la entrega de dinero en efectivo decomisado en dos viviendas: una en residencial Monte Carlo, de El Progreso, donde se encontraron 2,289,500.00 lempiras y otra en Merendón Hills, de San Pedro Sula, donde se efectuó el hallazgo de 45,000 dólares (más de 1.1 millones de lempiras).
Operación Magnate, que comenzó anteayer lunes, contempla en total el aseguramiento e incautación de alrededor de 600 matrículas de bienes inmuebles, 19 vehículos, 16 sociedades mercantiles, una aeronave y 38 cuentas bancarias, al tiempo que se ejecutaron 11 allanamientos de morada y cuatro inspecciones, con la finalidad de recolectar indicios relacionados con lavado de activos y delitos precedentes.
El caso Magnate se desprende de una denuncia hecha el 25 de mayo del año 2015 en contra de Marco Antonio Ávila Alvarenga, “como una persona que presuntamente se dedica a la actividad del lavado de activos, con vínculos en el narcotráfico”. A raíz de lo anterior se inició un proceso de investigación con enfoque patrimonial y financiero, a través de un equipo multidisciplinario y coordinado desde la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado.
Los resultados arrojaron que “existen vínculos financieros y comerciales con múltiples personas investigadas por criminalidad organizada, así como un pronunciado incremento patrimonial injustificado que ronda los 600 millones de lempiras”.
