24/09/2022
10:31 PM

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Allanamientos e inspecciones contra estructura investigada por lavado de activos y vínculos con narcotráfico

La Operación Magnate se realiza en tres departamentos del país: Cortés, Francisco Morazán y Yoro.

San Pedro Sula, Cortés.

La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (Dlcn) ejecutan la Operación Magnate, por investigaciones contra el delito de lavado de activos y privación de dominio de bienes de origen ilícito.

Dentro de la operatividad se desarrollan 11 allanamientos de morada y cuatro inspecciones en los departamentos de Cortés, Francisco Morazán y Yoro, cuya finalidad es recolectar indicios relacionados con lavado de activos y delitos precedentes. En el caso de San Pedro Sula, el operativo se lleva a cabo en la lujosa residencial de Merendon Hills, mientras que en Tegucigalpa se registran acciones en colonia Los Robles y cinco sectores más.

También se coordina el aseguramiento e incautación de alrededor de 600 matrículas de bienes inmuebles, 19 vehículos, 16 sociedades mercantiles, una aeronave y 38 cuentas bancarias, que serán puestas a la orden de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi), según mandamiento judicial expedido por el Juzgado de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito.

El operativo comenzó desde horas tempranas de este lunes en ciudades de Cortés, Francisco Morazán y Yoro.

La Operación Magnate se desprende de una denuncia hecha el 25 de mayo del año 2015 “en contra de Marco Antonio Ávila Alvarenga como una persona que supuestamente se dedica al lavado de activos, con vínculos en el narcotráfico”.

A raíz de lo anterior se inició un proceso de investigación con enfoque patrimonial y financiero a través de un equipo multidisciplinario coordinado desde la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado.

El Ministerio Público detalla que mediantes las investigaciones se determinó que “existen vínculos financieros y comerciales con múltiples personas investigadas por criminalidad organizada, así como un pronunciado incremento patrimonial injustificado que ronda los 600 millones de lempiras”.