La Ley Marco de Rodolfo Dumas, miembro de la Sociedad de Prensa Interamericana (SIP), es del criterio que “si esta iniciativa se aprueba en el Congreso Nacional y abarca los medios de comunicación, sería lamentable”.
El argumento de Dumas, que además es abogado, es que esa propuesta “contradice no solo las disposiciones de la Constitución de la República y la Ley de Emisión del Pensamiento, sino que también es totalmente contraria a principios universalmente reconocidos en libertad de expresión”.
El representante de la SIP recordó que el presidente Porfirio Lobo Sosa suscribió la Declaración de Chapultepec, relacionada con libertad de expresión y prensa, que en sus enunciados prohíbe lo que está proponiendo el Gobierno, es decir que no se debe castigar a ningún medio con medidas impositivas.
A juicio de Dumas, eso es lo que está buscando el actual Gobierno, es decir no pretende mejorar su recaudación, quiere castigar a quienes lo cuestionan y critican.
El diputado pinuista German Leitzelar cita el artículo 74 de la Constitución de la República que dice que no se puede restringir el derecho de emisión del pensamiento por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares del material usado para la impresión de periódicos; de las frecuencias o de enseres o aparatos usados para difundir la información.
“El decreto va en forma genérica, pero cualquier medida como esta implica que de forma indirecta se está restringiendo el derecho a la libre emisión del pensamiento”. El diputado dice que debe evaluarse el costo beneficio para el Estado. Según el parlamentario, hay exoneraciones que deben quitar porque han sido de abuso, se han dado esos beneficios a empresas y no se les fijaron requisitos o promedios de generación de empleo.
“Hay algunas cosas que no pagan impuestos para entrar; paradójicamente los libros y revistas sí pagan. Entonces lo que buscamos es que la población no se eduque, no tenga información. Los libros son carísimos porque donde había haber exoneraciones no las hay”.
Dañarán al pueblo
El jefe de la bancada liberal, José Alfredo Saavedra, explicó que si se les quitan las exoneraciones a los medios de comunicación, lo que aumentará es el costo del producto al venderlo y el afectado es el pueblo. “El pueblo hondureño no va a tener acceso a un periódico porque se incrementaría el costo”, dijo.
Lo que se está buscando es que el pueblo hondureño tenga acceso a la información de la manera más barata. Detalló que el Estado hondureño tiene la obligación de tutelar que el pueblo hondureño tenga el acceso a la información.
“El Estado tiene la responsabilidad constitucional de defender y promover el derecho a la libertad de expresión y prensa”, dijo Juan Ramón Mairena, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras.
Leyes y tratados que se violentarían
DECLARACIÓN DE CHAPULTEPEC
Las políticas arancelarias y cambiarias, las licencias para la importación de papel o equipo periodístico, el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión y la concesión o supresión de publicidad estatal no deben aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas.
CARTA MAGNA
ARTÍCULO 74: no se puede restringir el derecho de emisión del pensamiento por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares del material usado para la impresión de periódicos; de las frecuencias o de enseres o aparatos usados para difundir la información.
LEY DE EMISIÓN DEl PENSAMIENTO
ARTÍCULO 2. Las libertades de expresión del pensamiento e información son inviolables. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y el de transmitirlas y difundirlas por cualquier medio de expresión. No se aprobará ley alguna que las restrinja (...).
ARTÍCULO 11. Queda exenta de toda clase de derechos aduaneros, impuestos y sobreimpuestos, la importación de maquinaria, repuestos, accesorios, incluyendo tintas y el papel para periódicos, en pliegos o en bobinas y demás materiales que se utilicen como medios para expresar y difundir el pensamiento, siempre que no se destinen para el tráfico comercial.
COMISIÓN
INTERAMERICANA de Derechos humanos ARTÍCULO 13 La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho de realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión.
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