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El líder del Movimiento Salvemos Honduras, Ricardo Álvarez, anunció hoy que solicitará a la Corte Suprema de Justicia que el conteo para determinar los resultados de las elecciones internas del 18 de noviembre se haga voto por voto.

En una breve conferencia de prensa, Álvarez señaló que 'como un hombre de leyes, estaré solicitando a la Cortes Suprema de Justicia que cuenten voto por voto. No se trata de una aspiración personal mía, sino de Honduras. Quiero advertir que acudo a la Corte con el ánimo de que la justcia impere y que esto no sea un pretexto de nadie para tomar acciones en contra de la institucionalidad'.

Hizo un llamado a sus dirigentes. 'Después de la declaratoria del Tribunal Supremo Electoral, vengo a ustedes, a mis dirigentes que salieron electos en los diferentes cargos de elección popular para que salgan a trabajar con fuerza por el Partido Nacional y por Salvar Honduras'.

Previamente el líder nacionalista había anunciado en la red social Twitter que realizaría ''un importante anuncio''.

El abogado Rubén Solano, en representación del movimiento Salvemos Honduras presentó una denuncia con irregularidades en el departamento de Cortés en el Ministerio Público, específicamente en la sección de trámites rápidos.

''Habiendo accionado en la instancia administrativa ante el TSE (Tribunal Supremo Electoral), los señores magistrados omitieron los deberes de su cargo, de conocer, resolver la denuncia y proceder a la investigación de los delitos electorales analizando y verificando la documentación electoral. Ante la denuncia y la acción de nulidad que presentamos ellos emitieron un auto donde le dan traslado al Ministerio Público para que sea el mismo que conozca los delitos. En ese sentido nos vimos obligados a interponer la denuncia para que se agilizara el traslado de todas las pruebas de rigor
ue acompañamos ante el TSE'', indicó Solano.

El profesional del derecho agregó que para dar seguimiento a la acusación, se designó a la fiscal Yuri Núñez, de delitos comunes, 'para que se prepare el equipo de delitos contables e informáticos y tenga el Ministerio Público la información que está en las bodegas del Infop (Instituto Nacional de Formación Profesional)'.

A su vez calificó estas acciones como 'producto del crimen organizado electoral, dedicado a la suplantación de la soberanía popular y la usurpación de los cargos de elección popular'.

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