Las asignaciones y solicitudes de recursos propuestos por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad para la Policía, las Fuerzas Armadas y los operadores de justicia sobrepasan en más de 200 millones de lempiras los
Fideicomiso de la Tasa de Seguridad, informó que el año anterior se desembolsaron entre 477 y 500 millones de lempiras; no obstante, hay solicitudes de desembolso superiores al monto que se encuentra disponible en el Banco Central de Honduras.
Reforma a la ley
El Comité Técnico de la Tasa de Seguridad fue creado como el organismo encargado de la administración de los dineros recaudados por ese tributo; sin embargo, en enero de 2013 el Congreso Nacional reformó el decreto de creación y otorgó al Consejo
Nacional de Defensa y Seguridad la potestad de manejar de forma discrecional esos recursos.
La reforma precisa que El Consejo de Defensa y Seguridad, como máximo órgano permanente, podrá instruir al Comité Técnico del Fideicomiso inversiones exclusivas en materia de seguridad y defensa que no estuviesen contenidas en las compras aprobadas por el Comité, pero que se consideren necesarias en función de las políticas generales en materia de seguridad y defensa nacional.
Además en el decreto se adicionó un párrafo que establece que el incumplimiento del pago de la tasa será tipificado como delito tributario y de defraudación fiscal y se aplicará a los evasores los artículos 18, 29, 30, 31, 49, 50, 51, 58, 66, 186, 193, 208, 209, 210 del Código Tributario sin perjuicio de otras sanciones de distinta naturaleza que proceda imponerse de conformidad a otras leyes.
Para este propósito y para todos los efectos legales correspondientes, el decreto faculta a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y a la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) para que conjunta o separadamente imponga las sanciones correspondientes.
Esta determinación de modificar la ley a propuesta del Ejecutivo causó el malestar de diputados de la oposición y de diferentes sectores en vista de que le restaba transparencia al manejo de los dineros provenientes del denominado tasón de seguridad y dejaba al Comité Técnico como un simple observador.
El Gobierno argumentó que el proceso de asignación de los fondos era demasiado lento y engorroso y eso impedía agilizar la asignación de recursos a los operadores de justicia, la Policía y las Fuerzas Armadas para la compra de equipo, materiales y tecnología para enfrentar la delincuencia.
Sobrepasan fondos
Ferrera indicó que de los 1,134 millones de lempiras recaudados hasta abril de este año estaban disponibles un poco más de 634 millones de lempiras; pero el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad envió un paquete de solicitudes que supera en más de 200 millones esa cantidad de dinero depositada en el BCH.
El Estado por medio de la DEI recauda entre 80 y 85 millones de lempiras mensuales por la Tasa de Seguridad.
Ferrera detalló que en el paquete de asignaciones hay solicitudes de adquisición de equipo y material tecnológico para la Policía, entrenamiento de recurso humano, compra de chalecos antibalas y material para el equipamiento de los laboratorios forenses, así como la reparación de helicópteros.
También hay peticiones de apoyo presupuestario para los operativos de seguridad que ejecuta la Policía y las Fuerzas Armadas, compra de vehículos y asignación de fondos para el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia.
El funcionario manifestó que desde que se aprobó la última reforma a la Ley de la Tasa de Seguridad, la mayoría de decisiones en relación con la asignación y distribución de los fondos de la tasa fueron tomadas por los miembros del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
“Yo diría que más del 90% de la orientación de los recursos lo hizo el Consejo y eso es conforme al decreto que aprobó el Congreso Nacional”, dijo.
Planes de seguridad
Los alcaldes del Valle de Sula han reclamado en reuniones con las autoridades de Seguridad la asignación de fondos para combatir la violencia.
El ministro saliente Pompeyo Bonilla
había logrado que los planes de seguridad de ciudades como San Pedro Sula y El Progreso fueran certificados para que tuviesen acceso a los fondos de la tasa de seguridad y de esa manera conocer la prioridad que requiere la población.
Sin embargo, falta rectificar esos planes y con la salida de Pompeyo se desconoce cómo se hará. Ferrera dijo recientemente en San Pedro Sula que “no hay disponible tanto dinero como se cree. Hay más solicitudes que dinero”.
Falta de transparencia
El empresario Eduardo Facussé, exrepresentante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) ante el Comité Técnico, lamentó la falta de transparencia en la asignación de los fondos de la Tasa por parte del Consejo Nacional de Defensa.
Recordó que su salida de esa instancia obedeció precisamente a la falta de apoyo del Cohep y al hecho de que no compartió ciertas disposiciones adoptadas por el Consejo de Defensa y Seguridad respecto al uso y distribución del dinero.
Para el caso, puso como ejemplo el desembolso de 165 millones de lempiras para el cuestionado proyecto de las cámaras de seguridad y para la implementación de la Ley de Escuchas.
“Solo mandaban las órdenes de compra o de pago para que les hiciéramos el traslado de dinero, y eso tampoco es correcto”, indicó.
Especificó que él nunca estuvo de acuerdo con el millonario pago de las cámaras de
seguridad, pero que como miembro del comité se vio obligado a firmar porque se trataba una orden presidencial.
No obstante, Facussé defendió el manejo que hasta ahora les había venido dando el Comité Técnico a los fondos de la tasa de seguridad.
Qué dice la ley
De los recursos del fondo de protección y seguridad poblacional, el Comité Técnico del Fideicomiso deberá ejecutar inmediatamente la inversión instruida por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad solucionará a su vez informes y convocará regularmente al Comité Técnico del Fideicomiso y o al Comité Técnico de Administración y Adquisiciones a fin de articular y agilizar las inversiones de los recursos del fondo de protección y seguridad.
Datos
El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad ha presentado solicitudes de fondos de la tasa de seguridad por más de 700 millones de lempiras.
El no pago de la tasa de seguridad es tipificado como delito de evasión y defraudación fiscal de conformidad con los artículos 18, 29, 30, 31, 49, 50, 51, 58, 66, 186, 193, 208, 209, 210 del Código Tributario.
