Con la dispensa de dos debates, el Congreso Nacional amplió ayer por 45 días más las funciones de la el reciente informe presentado ante el pleno por la coordinadora de la Comisión Interventora, María Antonia Navarro, quedó evidenciado “el despilfarro de dinero del Fiscal General y del Fiscal Adjunto”, lo cual es suficiente motivo para destituirlo.
“Quiero pedir públicamente al Fiscal General y al Fiscal Adjunto que no retrasen la justicia, que renuncien de sus cargos y le permitan al Congreso nombrar un nuevo fiscal y si no renuncian en los siguientes días, creo que el Congreso Nacional tendrá que buscar medidas extraordinarias y aplicar el juicio político”, comentó.
“Lo saludable es que estos señores salgan de la oficina y dejen a la Junta Interventora trabajar libremente en el marco de esta prórroga, porque lo que se espera es que abandonen el edificio, aunque sigan ganando su salario, mientras se toma la decisión final”.
El nacionalista Mauricio Oliva manifestó que si durante los 45 días de la prórroga surge la necesidad de tomar otra decisión con respecto a las autoridades del Ministerio Público, se convocará de su receso a los diputados a sesión ordinaria en cualquier momento, en vista de que no se ha cerrado el ciclo de sesiones.
“Vamos a un receso de un mes, pero si el próximo lunes la Junta Directiva decide convocar a sesión ordinaria, tenemos que atender”, acotó.
El pasado lunes, la coordinadora de la Junta Interventora, María Antonia Navarro, rindió un informe en el que desnudó diversas irregulares administrativas que comprometen la gestión del fiscal Luis Rubí y de su segundo Roy David Urtecho.
Entre otras revelaciones, la comisión descubrió fallas de seguridad, como la falta de protección personal para los fiscales, el manejo inadecuado del presupuesto, el uso irracional de viáticos dentro y fuera del país, el nombramiento de personal sin estructura presupuestaria, incrementos indiscriminados e injustificados a ciertos fiscales.
En 2012 se incrementó en 1,000% el gasto en alquiler de vehículos, por 10.4 millones de lempiras. Entre 2009 y 2012 se dispararon en 2,000% los gastos de representación que impidieron dotar de material básico a la institución, como papel y toners para impresoras.
Estos y otros hallazgos, a juicio de varios diputados, son suficiente motivo para destituir al titular del Ministerio Público o someterlo a un juicio político.
La Comisión Interventora presentará al Poder Legislativo un informe final de los hallazgos y medidas que se tomarán en el Ministerio Público en los primeros 60 días de su gestión, que para algunos diputados será clave en la virtual destitución de Rubí y de Urtecho.
Renuncia o juicio político
El presidente de la Comisión Legislativa de Asuntos Judiciales, Rolando Dubón Bueso, reveló ayer que se les propondrá al fiscal Luis Rubí y al fiscal adjunto Roy Urtecho que negocien su salida; en caso contrario serán destituidos por la vía del juicio político.
“Lo que ha recomendado la (Comisión) Interventora y lo que pretende recomendar la Comisión de Seguridad es que negocien su salida. En caso contrario, el Congreso tendrá que usar sus facultades a través del juicio político”, advirtió el legislador.
Declaró que la separación de ambos funcionarios se decidirá cuando retornen los diputados del receso de medio año, aunque dijo que es posible que se convoque a una sesión extraordinaria para tratar ese tema.
Dubón Buseo reiteró que el destino del titular del Ministerio Público está sujeto a cualquier determinación que adopten a título personal o, en su defecto, lo que determine el Congreso Nacional en los próximos días.
Expresó que la Comisión Interventora recomendó la separación de ambos funcionarios porque con dos cabezas el Ministerio Público no puede funcionar y su presencia obstaculiza su labor.
“Destitución de fiscales es peligrosa”: Ramos Soto
Oswaldo Ramos Soto, diputado del Partido Nacional y abogado constitucionalista, expresó su desacuerdo con la destitución del fiscal general Luis Rubí y el fiscal adjunto Roy David Urtecho y advirtió que es una medida “peligrosa” que puede ser repetida en las futuras autoridades de esa institución.
Dijo que si los miembros de su bancada se prestan para separar a ambos funcionarios, en el futuro ninguno de los diputados nacionalistas tendrá la autoridad moral para oponerse a la destitución de un nuevo fiscal con razón o sin ella.
Recordó que en el gobierno del presidente Manuel Zelaya Rosales se quiso destituir al entonces fiscal general Leonidas Rosa Bautista, de filiación nacionalista, pero afortunadamente el Congreso no permitió que se violentara el ordenamiento jurídico nacional.
Admitió que los fiscales son cargos políticos y así ha sido en toda la historia, desde el primer fiscal, Edmundo Orellana, siguiendo con Roy Edmundo Medina, Ovidio Navarro, Leonidas Rosa Bautista y el fiscal general actual, Luis Alberto Rubí, electo en el gobierno anterior.
Ramos Soto expresó su desacuerdo con el nombramiento de comisiones para sustituir al titular de una institución del Estado porque es muy poco lo que pueden hacer en dos, tres o cuatro meses. “Este Gobierno va a ser calificado como el Gobierno de las comisiones”, dijo.
El parlamentario aseveró que el problema del Ministerio Público es endémico y lo han enfrentado todos los fiscales que han llegado a la institución, porque todo se reduce a que el Congreso despojó a la Fiscalía de la investigación criminal y de ahí los pobres resultados en la lucha contra el crimen porque los fiscales desconocen esa área.
“Estoy de acuerdo con que la Policía tenga su investigación, pero la investigación científica responsable que va a sustentar la acción jurisdiccional del Ministerio Público debe ser científica”, dijo.
Agregó que tiene su propio criterio sobre la destitución de los fiscales y no “conozco realmente si hay un fundamento”.
Rubí: “Situación del MP no permite despilfarros”
El fiscal general Luis Rubí emitió un comunicado en el que pretende aclarar el informe rendido por la Comisión Interventora ante el Congreso Nacional.
“El referido informe administrativo no ha sido hecho del conocimiento oficial del Fiscal General para el ejercicio de réplica o defensa, por lo cual se ve obligado a usar este medio a fin de evitar que la formación tergiversada e incompleta deteriore la imagen institucional o personal de funcionarios de esta institución”, cita Rubí.
Según la Interventora, es indebido el contrato de arrendamiento de un edificio donde funcionan la Fiscalía contra el Crimen Organizado, la DLCN y otras dependencias.
Al respecto aclaró que el contrato se efectuó con dos licitaciones, auditado por el Consejo Nacional Anticorrupción y el Tribunal Superior de Cuentas, “quienes emitieron su opinión favorable como consta en los archivos de esta Fiscalía General, a disposición de cualquier persona con interés legítimo”.
En cuanto al alquiler de vehículos, explicó que resulta más barato que la compra de vehículos blindados por su costo y mantenimiento.
Sobre el uso irracional de viáticos aclaró que en cuatro años de gestión solo viajó tres veces al exterior: a Canadá, Estados Unidos y Colombia y que los gastos de representación y médicos existen desde 1994.
Agregó que la situación económica del Ministerio Público, tradicionalmente deficitaria, no permite que indebidamente se califiquen ‘excesos o despilfarros’.
“Si la Comisión Interventora hubiese llamado oportunamente al Fiscal General, se habrían efectuado las explicaciones y aclaraciones del caso que hoy damos ante la opinión pública y que se encuentran respaldadas por la documentación correspondiente”, subrayó.
Rubí consideró que “es el desconocimiento de la institución, de su funcionamiento y su naturaleza propia lo que ha motivado un informe alejado de la realidad”.
Dijo que es inadmisible pensar que la Comisión Interventora esté respondiendo a consignas de sectores empeñados en impedir que complete su período.
Vigencia Un total de 105 días comprenderá la intervención en el MP. En el decreto 59-2013 se concede a la comisión una vigencia de 60 días calendario, que ayer fue prorrogada con 45 días más.
Plazo El diputado proyectista Javier Menocal argumentó que la comisión necesita un plazo mayor para completar la misión encomendada a la Comisión Interventora del Ministerio Público.
Cabezas Marvin Ponce manifestó que preocupa que el Ministerio Público tenga dos cabezas. Por un lado, la Junta Interventora y, por otro, el Fiscal General y su adjunto, que, si bien no tienen funciones, siguen en la institución e intimidan a los fiscales.
