Tras finalizar su visita a Honduras, Frank La Rue, relator de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre libertad de expresión, dio sus puntos de vista sobre las reformas a la Ley Marco de Telecomunicaciones, conocida como “ley mordaza”, en la que considera que el tema de los contenidos es una cosa muy distinta al del manejo de las frecuencias.
Antes expertos hondureños dijeron en varias ocasiones que las reformas que pretenden llevar a cabo el presidente Porfirio Lobo Sosa y la secretaria de Justicia y Derechos Humanos, Ana Pineda, son una clara violación a la libertad de expresión, prensa y pensamiento.
“En esto hay realmente dos temas distintos que se están tratando en una misma ley. Un tema es el de la modernización y actualización de la legislación relativa al manejo de las frecuencias y el otro es el del contenido de las telecomunicaciones.
Recomiendo al presidente de la República, al Congreso Nacional, a los medios y a todos los sectores, que los dos temas son importantes, pero es importante separarlos. Un tema no va relacionado con el otro. El contenido es a veces más complicado porque, si bien es cierto la libertad de expresión tiene limitaciones, también es un instrumento importante”, manifestó La Rue.
Apertura y amplitud
Dejando el hermetismo a un lado, La Rue habló una hora con los representantes de los medios de comunicación en una conferencia que brindó antes de abandonar el país.
Para el también periodista es necesario tener claro que las limitaciones a la libertad de expresión deben ser siempre para proteger los derechos humanos de otros.
“La norma general que prevalece es la apertura, la amplitud, es la libertad con la que uno se expresa. Las limitaciones son la excepción, la excepción a la norma y no deben generalizarse demasiado porque es ahí donde entramos en censura”, afirmó La Rue.
Existiendo limitaciones legítimas a la libertad de expresión como las que hay dentro de la Convención de los Derechos del Niño, La Rue explicó que lo que nunca se debe hacer es discutir los contenidos en función de opiniones.
“Nunca puede ser de que yo quiera imponer mi ideología, mi opinión a otro. Eso no. Se puede hacer solo en forma excepcional y solo para proteger derechos humanos de otros”, aclaró el relator.
Otro punto de interés que La Rue explicó es que cuando se habla se prohibir el discurso del odio u odio racial por ejemplo que incita a la violencia o a la discriminación, debe ser materia de una ley, pero que no tiene que ver con las reformas a la Ley Marco de Telecomunicaciones, que es lo que lo trajo a Honduras.
Limitaciones
La Rue llegó al extremo de dar cátedra de derechos humanos en el foro, aclarando que es necesario explicar los principios en los que existen las limitaciones a la libertad de expresión.
La Rue afirmó que las limitaciones, si existen, “deben estar basadas en ley, en normas y principios de derechos humanos que son otra materia y que no debería de tratarse con esta ley, porque que haya mecanismos de verificación de contenidos sí se puede volver problemático si no está claro de qué contenidos hablamos y de qué es lo que se va a limitar”, pronunció La Rue.
Otro de los análisis compartidos por el relator de la ONU es que en el tema de la regulación de frecuencias todos los países, y no solo Honduras, tienen retrasada la legislación, en algunos países de los años 50, 60 y 70.
Frecuencias
La Rue manifestó que el manejo de frecuencias, en específico del espectro electromagnético, es distinto porque el manejo de estas es de bien público.
“Las frecuencias que existen en el medio ambiente son propiedad pública, son de todos y a veces decimos son propiedad del Estado. Es correcto porque este maneja los bienes públicos, pero en general son de todos, nos pertenecen a todos”, aseguró el relator.
Agregó que el tema de las frecuencias es fundamental y es el Estado el encargado de poner orden, por lo que recomendó hacer una legislación en materia de manejo de frecuencias y de telecomunicaciones. “Yo no tocaría un solo tema que tenga que ver con contenido en esa ley, pero no es por el contenido, sino porque se constituye en una regulación de horarios y este tema, además, es el tema más incuestionable que todos los países del mundo tienen y es la protección de la protección de la niñez”.
Algo importante en las recomendaciones de La Rue es que se cree una comisión multisectorial para regular los contenidos de violencia y pornografía a horarios adultos, sin embargo dejó claro que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) no debe formar parte de este grupo, ya que su misión es la regulación de frecuencias.
Contenidos
El relator de la ONU fue claro: no tocar el tema de los contenidos en las reformas que mandó el Ejecutivo al Congreso porque es de mucho cuidado. “Mi recomendación es que no se toquen contenidos en esta ley, se debe manejar con mucho cuidado porque existe en cualquier país del mundo, no solo en Honduras, la tentación a la hora de legislar y las diferentes opiniones que cada quien quiere imponer al momento de opinar”.
De nuevo insistió que las limitaciones solo son aceptables en las normas de derechos humanos para protegerlos. “No son aceptables las limitaciones que se deriven de opiniones políticas, de críticas de denuncias a la corrupción o de búsqueda de la transparencia ni mucho menos a las competencias políticas de cualquier tipo”, especificó La Rue sobre algunos artículos que el Gobierno quiere imponer como “ley mordaza”.
Eliminan ‘ley mordaza’ en Costa Rica
San José. En segunda y última votación se aprobaron las reformas a una polémica ley criticada por la prensa que establecía penas de cárcel por la publicación de “informaciones políticas secretas”.
Las modificaciones a la Ley de Delitos Informáticos bautizada por algunos como “ley mordaza”, fueron ratificadas en una votación de 42 diputados a favor y dos en contra, con 44 legisladores presentes de los 57 que integran la Asamblea Legislativa de Costa Rica.
La ley fue aprobada en la Asamblea Legislativa el año pasado y la principal molestia del gremio periodístico era el castigo con cárcel a la publicación de “informaciones políticas secretas”.
La reforma aprobada elimina ese término, que se encontraba desde hace décadas en el código penal sin que generara polémica alguna, y lo sustituye por “secretos de Estado”, como se estipula en la Constitución. Para que la reforma sea definitiva, el texto deberá ser firmado por la presidenta Laura Chinchilla.
En Argentina gana la prensa
Buenos Aires. Un tribunal de Argentina declaró inconstitucionales dos de los artículos de la Ley de Medios Audiovisuales, cuestionada por el grupo Clarín, fallo que será apelado por el Gobierno ante la Corte Suprema, informaron fuentes judiciales y gubernamentales.
La Cámara Civil y Comercial Federal determinó que es inconstitucional el artículo 45 de la norma, referido al límite máximo de licencias que puede tener una empresa, y el 48, que legisla sobre los derechos adquiridos de las compañías previo a la aprobación de la ley.
En el mismo fallo, el tribunal declaró constitucionales otros artículos de la ley cuestionados por Clarín, como el que establece el plazo de un año para adecuarse a la norma y el que estipula el proceso de transferencia de las licencias de medios que excedan los máximos permitidos.
“Es un fallo tramposo, que intenta confundir. No pudieron declarar la inconstitucionalidad de la ley porque es obvio que la ley es constitucional”, dijo Martín Sabbatella, titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca).
Recomendaciones de la Rue
Prevenir que niños y adolescentes observen en vivo escenas drásticas de violencia directa como un asesinato o un acto de tortura.
Prevenir escenas de actos sexuales y pornografía, uso malintencionado de la sexualidad que afecte a los niños.
Proteger el discurso político y el discurso público.
Dar frecuencias a grandes sectores en comunidades rurales más distantes y darlas a todos los grupos étnicos del país.
Frecuencias deben otorgarse a sectores grandes y no a personas.
Crear la telecomunicación pública, pero no comunicación del Gobierno ni de alcaldías.
La comunicación pública es del Estado con recursos del Estado, pero es para servicios públicos, no controlado por quienes detentan el poder político, sino más bien por una junta directiva independiente.
