El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh) reclamó este miércoles al Gobierno “a tener una mayor divulgación y que el pueblo conozca más sobre el proceso o modalidad de contratación” que se realizará para la construcción de una cárcel en Islas del Cisne, en el Caribe.
En un comunicado, el Conadeh indicó que el proceso para la construcción de la cárcel, de máxima seguridad, para unos 2.000 privados de libertad de alta peligrosidad, “genera más dudas que respuestas”.
Además, expresó una serie de preocupaciones, “especialmente las vinculadas con la accesibilidad de los familiares para efectuar las visitas a los privados de libertad, así como, de los jueces ejecutores y, en general, el impedimento para el ejercicio de los derechos vinculados al debido proceso”.
Según la misma fuente, el Instituto Nacional Penitenciario o la Junta Interventora deben identificar e informar qué medios o mecanismos se utilizarán para garantizar el acceso al defensor privado y de las instituciones fiscalizadoras para verificar las condiciones en las que estarán los presos en las Islas del Cisne, que están situadas a 250 kilómetros de tierra firme.
El Conadeh también pidió que, conforme a la ley, se garantice que las actuaciones a realizar en el proceso de licitación, adjudicación y contratación para la construcción del establecimiento penitenciario, sean transparentes.
El Gobierno de Honduras anunció en 2023 la construcción de la cárcel de máxima seguridad en Islas del Cisne, mientras que en junio pasado hizo lo mismo con otra, en tierra firme, para 20.000 personas, en una región remota entre los departamentos de Olancho y Gracias a Dios, al este, limítrofes con Nicaragua.
Según las autoridades, las dos nuevas cárceles contribuirán a reducir la violencia generada por el crimen organizado y pandillas que controlan territorios en varias ciudades del país.
Riesgos de violaciones de derechos
El anuncio de la construcción de la cárcel en Islas del Cisne ha provocado el rechazo de ambientalistas, defensores de derechos humanos y otros sectores que consideran que se causará un grave daño ambiental al parque marino, lo que no aceptan varios funcionarios del Gobierno que preside Xiomara Castro, entre ellos el secretario de Recursos Naturales y Ambiente, Lucky Medina.
Según Medina, la cárcel en Islas del Cisne es “una medida de seguridad para la población hondureña para recluir personas vinculadas al crimen organizado”, recordó al Conadeh.
Sobre las dos nuevas cárceles, la representante de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (Oacnudh), Isabel Albaladejo, dijo hoy que “podrían agravar los problemas de gobernabilidad y los riesgos de violaciones de derechos humanos en el sistema penitenciario”.
Señaló además que con las dos cárceles se privaría a los reclusos de “derechos al contacto con el exterior, salud, garantías judiciales y protección de la vida e integridad personal”.
La Oacnudh también recordó que el sistema penitenciario nacional “ha enfrentado desde los años 90 una serie de problemas estructurales como el autogobierno, la corrupción, la ausencia de una carrera penitenciaria, el hacinamiento, la infraestructura inadecuada y la falta de acceso a servicios de salud y a la justicia por parte de las personas privadas de libertad”. EFE
