La legalización de los predios que están en poder de los campesinos y la expropiación de tierras ociosas, como parte de la mora agraria, podrían darse si avanza un proyecto de decreto que dictaminará una comisión SAG (Secretaría de Agricultura y Ganadería) con el argumento de que eran para producir la tierra.
La comisión especial del Congreso espera un dictamen de la SAG sobre este particular.
Otra causa de afectación será “cuando las tierras se encuentren ociosas o incultas, salvo aquellos casos por razones no imputables a los propietarios o poseedores, como razones de falta de financiamiento, sequía, inundaciones u otras razones de fuerza mayor, lo que se calificará por dictamen de la Comisión Agraria Nacional”.
Cuando los predios se encuentren indirectamente explotados también serán quitados a sus legítimos propietarios.
“Serán igualmente afectables las tierras ocupadas por campesinos organizados o no, que no acrediten ante el INA años de ocupación, se incluye en la afectación aldeas, trabajadores que no se deriven de una relación contractual”, indica un borrador del dictamen. No serán expropiados los predios que funcionen bajo modalidades de coinversión, participación u otras, proyectos que por acuerdo ejecutivo en Consejo de Ministros sean aprobados para desarrollar proyectos de naturaleza agrícola, comercial o industrial.
Tampoco las tierras de empresas asociativas campesinas, cooperativas y otras modalidades societarias del sector reformado reconocidas por la ley.
Debe consensuarse
Expertos advierten que la medida debe ser consensuada para evitar un conflicto agrario, especialmente con los propietarios de tierras que alegarán una nueva violación de los principios de la propiedad privada, que debe ser respetada en todo Estado de derecho.
Orle Solís, presidente de la comisión especial del Legislativo, dijo que elaboran un dictamen orientado a la expropiación de tierras ociosas en manos de particulares.
“Se propone recuperar tierras del Estado en manos de particulares y existe una partida de 700 millones de lempiras para el pago del justiprecio”, añadió.
El estudio del pago lo hará un técnico especializado en este campo. La Comisión del Congreso le pidió a la Fenagh que se pronuncie sobre este dictamen la próxima semana.
La adjudicación masiva de tierras, que conlleva un componente político a seis meses de las elecciones primarias, procura evitar que los campesinos vendan las tierras entregadas por el Estado.
La idea es que no resurja el fantasma de las décadas de los años 1980 y 1990, cuando los dirigentes campesinos vendieron las propiedades y dieron al traste con el proceso de reforma agraria impulsado en la década de los 70.
“Buscamos la solución”
César Ham, ministro del INA, explicó que no se habla de confiscar bienes, sino de una necesidad, porque hay pobreza extrema arriba del 40% en el área rural. “El modelo actual ha demostrado que es un fracaso y que no resuelve el problema de los campesinos. Por eso proponemos un sistema ordenado, justo y pacífico para que los campesinos puedan acceder a las tierras”, aseguró Ham.
Agregó que, en vez de estar invadiendo ilegalmente, debe reformarse la Ley de Modernización Agrícola para expropiar y adjudicar las tierras incultas a campesinos con el fin de que produzcan y estará prohibido alquilarlas.
“Medida es de carácter político”
Para Raf Flores, vicepresidente del Fosdeh, esta medida de expropiación de tierras tiene más una connotación de carácter político y populista.
“Esto genera mayor desaliento en la inversión e inseguridad jurídica”.
Flores resaltó que la cartera de créditos para el sector agrícola alcanza el 6% de préstamos que maneja el sector financiero.
“Esta medida indica que no hay interés en financiar este tipo de actividad si se emiten bonos”.
Para el ejecutivo del Fosdeh, si se revisa la cartera de financiamiento, esta va dirigida a actividades agrícolas orientadas a la exportación y que tienen mercados seguros porque trabajan con un proceso tecnológico que permite cumplir los requisitos de acceso a un mercado, exigen ciertas normas de salud y fitosanitarias.
Guillermo Matamoros, presidente del CEH (Colegio de Economistas de Honduras), expresó: “¿Cómo el Gobierno podrá pagar justiprecios a esos predios si con los bonos no hubo resultados?”.
Agregó que si se hace esa reforma, los efectos serán negativos porque no se impulsará la inversión en el campo en Honduras.
“Me parece peligroso que hable el ministro del INA con un lenguaje utilizado en los 70 y que fue abandonado”, resaltó el economista.
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