El incremento a la Tasa Vial Municipal aprobado por la Corporación Municipal de El Progreso ha generado una fuerte reacción del sector empresarial y de organizaciones de la sociedad civil, que advierten impactos negativos en la economía local.
La Cámara de Comercio e Industrias de El Progreso expresó su “profunda preocupación” por el ajuste que entró en vigencia el 1 de julio de 2026, en un contexto marcado —según señalan— por desaceleración económica, cierre de negocios, desempleo y alza en los costos operativos.
La organización empresarial reconoce la necesidad de inversión en infraestructura municipal, pero insiste en que cualquier incremento tributario debe estar respaldado por estudios técnicos, financieros y legales, además de un proceso amplio de socialización con los sectores afectados.
También cuestiona la falta de diálogo previo a la aprobación del incremento. Señala que decisiones de este tipo deben construirse con transparencia y participación ciudadana, para evitar la pérdida de confianza entre autoridades y contribuyentes.
En ese sentido, la Cámara solicitó a la Corporación Municipal revisar el ajuste aprobado y hacer públicos los estudios que lo sustentan, así como detallar el destino de los fondos adicionales que se esperan recaudar.
Asimismo, exhortó a instalar una mesa de diálogo con sectores productivos, sociedad civil y otras organizaciones del municipio, con el fin de buscar un equilibrio entre la sostenibilidad financiera de la alcaldía y la protección del empleo y la inversión.
El presidente de la Cámara de Comercio de El Progreso, Raúl Cárcamo, manifestó su rechazo al incremento y cuestionó las prioridades de la municipalidad en materia de obra pública.
“Yo una recomendación que le hago a la corporación es que hagan obras primero, pavimenten barrios, colonias, den rutas de alivio, mejoren accesos y salidas de la ciudad, para que la gente vea resultados”, expresó.
Cárcamo agregó que el ajuste es desproporcionado y que no responde a la realidad del municipio. Además, señaló que el impacto es generalizado sin distinción política.
“Aquí todos van a pagar por igual la matrícula. No me interesa el color político. Lo que interesa es el desarrollo de la ciudad”, afirmó, al tiempo que pidió rendición de cuentas a la corporación municipal.
El dirigente empresarial también llamó a la ciudadanía a pronunciarse sobre la medida y aseguró que el desarrollo de El Progreso debe ser la prioridad por encima de intereses políticos.
Por su parte, la Asociación de Ciudadanos Pro-defensa de los Intereses del Pueblo Progreseño (ASOCIPPRO) también rechazó el incremento, al que calificó como “exagerado, injusto y abusivo”.
La organización afirmó que el municipio enfrenta una crisis económica marcada por desempleo, cierre de negocios y migración, lo que agrava el impacto del ajuste tributario.
ASOCIPPRO cuestionó además la falta de consenso y socialización de la medida con la ciudadanía y sectores organizados, señalando que la decisión no fue suficientemente discutida ni difundida.
También advirtió que el incremento podría alcanzar hasta un 300%, lo que consideran una carga excesiva para los contribuyentes del municipio.
Finalmente, la asociación exigió la derogación del acuerdo municipal que aprobó la tasa, argumentando que no fue concertado, ni consensuado, ni publicado adecuadamente, y que además no detalla con claridad los valores en el plan de arbitrios 2026.
Mientras tanto, la Corporación Municipal no ha emitido una respuesta ampliada sobre las críticas de los sectores productivos y sociales, en medio de un debate que continúa generando tensión en el municipio.
