04/12/2025
03:00 PM

Ramírez del Cid: 'Juro que mi patrimonio fue obtenido honestamente”

Investigación de la DIECP se basó en información de la Comisión de Bancos, el TSC y el IP, asegura Eduardo Villanueva.

EJavier Leopoldo Flores Milla, Allan Nájera Martínez, José Alberto Barralaga Hernández, Manuel de Jesús Escobar Murillo, José Danilo Orellana y René Maradiaga Panchamé, y el titular de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), Eduardo Villanueva, se enfrascaron ayer en acalorado debate, tras salir a la luz pública el listado de los ocho miembros de la carrera policial a quienes se les supone poseer una fortuna de al menos 75 millones de lempiras.

Los pasados días 6 y 13 de junio, la DIECP remitió al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) los expedientes investigativos con su respectivo informe financiero de ocho oficiales de alta graduación de la policía hondureña, cuyos patrimonios personales presentaron incongruencias por un monto de 74.5 millones de lempiras, de acuerdo a documentos.

Hasta el martes anterior los expedientes se mantenían en el más estricto secreto; sin embargo, LA PRENSA tuvo acceso a los nombres de los oficiales investigados a través de una fuente oficial.

Según la información proporcionada, la lista es encabezada por los exdirectores generales Ricardo Ramírez del Cid y José Luis Muñoz Licona, así como por los comisionados Javier Leopoldo Flores Milla, Allan Nájera Martínez, José Alberto Barralaga Hernández, Manuel de Jesús Escobar Murillo, José Danilo Orellana y René Maradiaga Panchamé.

En su defensa varios de los señalados reaccionaron indignados en diferentes medios radiales arguyendo que no son millonarios y que sus bienes fueron adquiridos como parte del esfuerzo personal y no por otras vías irregulares, al tiempo que cuestionaron al ente depurador por no haberles comunicado que eran objeto de investigaciones patrimoniales.

A los señalamientos de los jerarcas policiales, las autoridades de la DIECP desmintieron que sean responsables de filtrar la información y ratificaron que las investigaciones hechas a los miembros de la carrera policial se fundamenta en información proporcionada por diferentes instituciones del Estado, entre ellas la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), el Tribunal Superior de Cuentas y el Instituto de la Propiedad.

Reacciona exdirector

Un día después de salir a luz la información, el exdirector general de la Policía Ricardo Ramírez del Cid, en una entrevista en HRN juró que su patrimonio fue obtenido honestamente y que tiene documentos de ello.

Notablemente molesto, Ramírez del Cid acusó a las autoridades de la DIECP de denigrar a las personas y de haber divulgado irresponsablemente la información para mantenerse en sus cargos. Como se recordará, recientemente el Congreso Nacional descalificó la labor de los titulares de la DIECP, Eduardo Villanueva y Mario Chinchilla por los pobres avances en el proceso de depuración de la policía y exigieron sus renuncias. “Por mantenerse en un puesto andan denigrando las personas, ahí se han equivocado y eso trae consecuencias”, amenazó el ex jefe de la Policía.

Agregó que en ningún momento se le llamó para hacerle una consulta o un procedimiento de descargo, “entonces lo veo como una irresponsabilidad por mantenerse en una chamba y aquí nadie puede tirar piedra a otro porque hay que ver cuántos dedos lo señalan a uno para atrás”.

En ese sentido, Ramírez del Cid dijo que desconoce cuál es el problema que tiene con su persona el actual director adjunto de la DIECP, Mario Chinchilla, porque en el año 2000 hizo lo mismo cuando se desempeñó como fiscal especial contra el crimen organizado, aunque obvió dar detalles.

“No sé en realidad cuál es el problema con mi persona porque en el pasado hizo lo mismo en el año 2000, yo lo puedo decir con seriedad y hay que ver porque él salió de la Fiscalía, porque fue miembro de la Fiscalía, que yo lo sé porque salió (pero) no lo vamos a manifestar públicamente porque tampoco vamos a dañar imágenes”, apuntó sin ahondar en el señalamiento. El exjerarca policial continuó diciendo que le molesta profundamente esta situación y pidió al secretario de Seguridad a adoptar medidas porque ellos también pertenecen a esa institución pública. “Hay que ver la ley, porque esta prohíbe divulgar investigaciones y si bien es cierto si se hace alguna investigación, pero tendrán que llamarlo a uno en la parte administrativa para que descargue, no hacerlo público”, aseveró.

Ramírez del Cid no negó que estuviese siendo investigado por las autoridades de la DIECP, pero dijo que hubo una mala intención de hacer público el listado de los oficiales investigados. “¿Por qué hacerlo público y por qué no llamarlo a uno descargar?, si uno tiene movimiento de dinero en algunas cuentas, uno no va hacer alguna estupidez de no hacer las cosas legales, porque uno tiene que trabajar por la familia, uno tiene hijos mayores, hijos adolescentes y amigos y de esa manera dañan la imagen de las personas”. Agregó que la ley prohíbe que tales informaciones sean divulgadas mientras está en curso una investigación y también establece que deben vencerlo en juicio para declararlo culpable, pero ellos (los directores de la DIECP) lo están declarando culpable de antemano, diciendo que se enriqueció ilícitamente.

Agregó que esta situación lo ha dañado como padre de familia y miembro de la sociedad y aseguró que lo único que ha hecho es servir al país desde muy joven cuando ingresó a la Academia de la Policía en 1980. “Hemos servido a la institución hasta llegar a la dirección general”, recordó.

Refirió que escuchó decir a Villanueva que los responsables de hacer pública la información fueron los medios, pero en ese caso alguien filtró la información a la prensa, por lo que demandó hacer las investigaciones.

No obstante, insistió en responsabilizar a los directores de la DIECP por la publicación del listado de los oficiales investigados y reiteró que “a mí en ningún momento se me ha llamado para hacerme consultas respecto al tema, se han disparado y han hecho público esto y eso le trae daños a la imagen de uno”.

Por otro lado, el oficial aseveró que todos sus bienes han sido declarados en el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en el momento que los obtuvo porque nadie va a declarar nada que es ilícito.
Dijo que ya conocía que las autoridades de la DIECP habían solicitado información suya en el TSC, pero no han hecho la investigación de forma correcta.

Apreciaciones infundadas

En respuesta a las afirmaciones del exmando policial, el titular de la DIECP volvió a reiterar que no tuvo nada que ver en la divulgación de la información porque respeta el estado de inocencia de los investigados, por lo que reclamó a Ramírez del Cid que sus apreciaciones eran infundadas.


“Nosotros en la DIECP somos cuidadosos con el derecho del honor, a la imagen y al estado de inocencia de los miembros de la carrera policial a quienes investigamos en cumplimiento de las funciones legales que nos corresponde”, refutó.

Agregó que han sido cuidadosos a tal grado que en ningún momento han divulgado nombres o detalles que permitan realizar las identificaciones de las personas y de los informes, incluso todas las comunicaciones oficiales con los órganos públicos se han hecho bajo números y folios.

Deploró que en este momento la información haya trascendido en los medios de comunicación porque el estado de inocencia es una garantía constitucional, porque es redundante en perjuicio de las personas que aparecen en la publicación, en tanto que el estado de inocencia es una garantía constitucional que solo se destruye cuando es una resolución jurisdiccional y firme.

“Estoy haciendo nada más lo que considero mi deber y lo que la ley me faculta para realizar las investigaciones, y en el momento que aparecen incongruencias derivadas de esas investigaciones, ponerlo en el TSC, que es la instancia a donde deberán ahora hacer uso de sus derechos las personas que sientan que se ha lesionado su interés”, apuntó.

Pese al malestar de los oficiales investigados, Villanueva no desmintió la información proporcionada a LA PRENSA el miércoles anterior y ratificó que los expedientes remitidos al TSC establecen incongruencias entre los ingresos regulares y el patrimonio de algunos oficiales
indagados, los que están científicamente sustentados.