El asesor legal de la Fiscalía General, Rigoberto Espinal Irías, denunció que se pretende destruir al Ministerio Público.
“Lo que yo he visto en los últimos días es la búsqueda de ponerle fin a la única institución que ha sido creada para mantener el orden jurídico constitucional en Honduras y perseguir los delitos complejos, la criminalidad organizada y los delitos en que pudieran incurrir los altos funcionarios”, afirmó.
Para el caso recordó que no se ha querido dotar al Ministerio Público de su cuerpo de investigación. Paradójicamente, a inicios de este Gobierno y cuando asumió el cargo Luis Rubí, el Congreso Nacional derogó el decreto que le daba vida a una agencia de investigación adscrita al Ministerio Público.
Ahora, el mismo Poder Legislativo le exige cuentas a Rubí y lo cuestiona por pobres resultados en la investigación criminal.
Espinal reafirmó que el decreto 59-2013 claramente violenta la Constitución de la República. En tal sentido dijo que la institución debe interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el referido decreto.
“La verdadera democracia es el Gobierno de las leyes, donde el derecho termina comienza la tiranía, pongámosle ojo porque hay dictadores, hay tiranos, que siempre se han proclamado como salvadores de una nación y que están cumpliendo un misión divina y que para ellos el derecho no existe”, dijo Espinal Irías. Pidió al Congreso hacer las cosas con base en la ley y tomar en cuenta las recomendaciones de organismos internacionales como las Naciones Unidas y la CIDH.
Crisis judicial
La crisis judicial que desató el Congreso Nacional va más allá de una simple intervención a la Fiscalía General de la República. Según la ley, solo existe un Giscal que es el General, el único que puede delegar funciones en los 620 fiscales diseminados a lo largo y ancho del país.
“A mí lo que me preocupa es que desde el momento en que se suspendió al Fiscal General quedan en suspenso todas las actuaciones de los fiscales, de los miembros que trabajan en Medicina Forense, todos los funcionarios que actúan por delegación expresa del Fiscal General”, aseguró Espinal Irías.
La crisis judicial se ha extendido hasta los tribunales de justicia, adonde varios abogados defensores suspendieron las audiencias en vista de que los fiscales no estarían teniendo ninguna representación legal mientras el Fiscal General esté suspendido.
Reuniones
Ayer en la Fiscalía se esperaba que los miembros de la comisión interventora llegaran a presentarse a la sede que por 60 días será su centro de trabajo. Para hoy está programa la reunión con el Fiscal General y el Adjunto.
María Antonia Navarro, coordinadora de la interventora, dijo que mediante llamada telefónica se comunicaron con Luis Rubí, “hemos encontrado un Fiscal anuente a recibirnos, una persona que quiere iniciar con apertura y colaborar con lo que la ley establece”, dijo Navarro.
Hoy también es el espacio para que la Asociación de Fiscales se reúna con la comisión interventora y analicen los pasos en los dos meses de duración de la intervención. Hasta su último comunicado, esta asociación rechazó la creación de la comisión por vulnerar sus derechos laborales.
La mayoría de fiscales habían acordado hasta vestirse de blanco ayer mientras llegaban a cumplir sus funciones. Ante la preocupación, su presidente -Fabricio Erazo- pidió diálogo a la comisión.
Miriam Guzmán, también miembro de la comisión interventora, insistió en que los fiscales deben ver la intervención como la oportunidad de potenciarse como profesionales.
“No es ajeno para nadie que la institución no ha venido cumpliendo el rol para el que fue creado; e insisto, no debe haber temor ante nuestra llegada”, agregó Guzmán.
Cobardía
El abogado Fredín Fúnez, de la Asociación de Juristas por el Estado de Derecho, afirmó que es inconstitucional el decreto 59-2013, que crea una Comisión Interventora al Ministerio Público.
“Toda la pasarela fue un show, un completo engaño, que terminó con la suspensión del Fiscal General y el nombramiento de una comisión que no era lo mejor que esperaba el pueblo hondureño”, expresó.
“Nosotros calificamos de inconstitucional esta medida, puesto que el artículo 233 de la Constitución es claro y dice a quien le corresponde la representación del MP es al Fiscal General”, agregó.
Sin embargo, dijo que la Asociación que representa no interpondrá ningún recurso a favor del MP, por la falta de valentía de las autoridades de esta institución.
“No interpondremos un recurso de inconstitucionalidad para defender al Fiscal General, no lo vamos a hacer porque él (Rubí) no se ha querido defender solo, porque ha sido cobarde en interponer las acciones, hay suficientes méritos y pruebas para dirigir un requerimiento fiscal en contra del presidente del CN (Juan Orlando Hernández) y los demás diputados que aprobaron el proyecto de Ciudades Modelos, que aprobaron y destituyeron a los magistrados de la Corte Constitucional”, señaló Fúnez, quien lamento que ahora el CN tiene sometida la institucionalidad jurídica del país.
“Con apego a la ley y al derecho, el Fiscal General pudo interponer las acciones; pero por esa cobardía es que hoy le están dando de palos, está sufriendo las consecuencias”, cuestionó.
Preocupación en Asociación de Fiscales
El presidente de la Asociación de Fiscales, Fabricio Erazo, aseguró que están muy preocupados porque dentro de la Fiscalía trabajan seres humanos, personas dignas comprometidas con la sociedad y su trabajo.
“Creemos que el Congreso al emitir un decreto que crea una comisión interventora,existe inconstitucionalidad, ya en la Ley del Ministerio Público están establecidas las atribuciones que debe tener el Fiscal General. Es importante que se analice
profundamente si esta ley tiene algún vicio de inconstitucionalidad, si es así, en un dado caso, la Asociación de Fiscales presentará los recursos oportunos ante los tribunales de la Nación”, manifestó Erazo.
El fiscal agregó que desde diciembre se está violentado el Estado de derecho cuando se violentó el principio fundamental de la independencia de los Poderes del Estado al sustituir a cuatro magistrados de la Sala Constitucional.
“En el Congreso hay profesionales del derecho y muchos de ellos fueron maestros nuestros en la Universidad que nos enseñaron el respeto que se le debe de tener a la Constitución de la República; ahora pareciera que lo que nos enseñaron ya se les olvidó o su conocimiento se acomoda
a la persona que los tiene contratados”, concluyó Erazo.
