La celeridad en la presentación y aprobación del Presupuesto 2010, sin que finalice la misión del Fondo Monetario Intenacional, FMI, que se encuentra en el país, ha abierto la controversia en diversos grupos políticos, empresariales y obreros sobre la conveniencia de aprobar el documento sin conocer los señalamientos del organismo internacional y además con un “paquetazo” fiscal anunciado.
Si bien la aprobación del Presupuesto 2010 debió hacerse desde el año pasado, según los parámetros legales, varios sectores piden analizar con más calma el proyecto actual y no hacerlo “a matacaballo”.
El Gobierno plantea que la aprobación del documento permitiría a todas las secretarías de Estado empezar su normal funcionamiento luego del asueto de Semana Santa; pero ello se ve con escepticismo porque el Presupuesto cubre sólo algunas necesidades.
Ayer, por ejemplo, varios funcionarios de Estado dejaron entrever ante el Congreso que los requerimientos extrapresupuestarios ascenderán a mil millones de lempiras en áreas tan determinantes como salud, educación, seguridad, agricultura y obras publicas. La cifra podría aumentar debido a que hoy se recibirá en el Legislativo a otros representantes. Se espera que mañana se entregue un dictamen al respecto.
El presidente del CN, Juan Orlando Hernández, declaró que “hemos escuchado las exposiciones de los ministros defendiendo su presupuesto y haciendo el Congreso preguntas sobre cosas que no están claras. Es un tema importante para nosotros en la medida que se vuelve transparente”.
El “paquetazo”
También se suma la discordia que ha generado el “paquetazo”, que aún no se conoce, pero que se plantea para sostener las alicaídas finanzas gubernamentales.
El presidente de la Central General de Trabajadores, CGT, Daniel Durón, se manifestó preocupado por la posible aprobación legislativa de un “paquetazo” antes de Semana Santa.
“Esperamos que se dejen atrás las prácticas del pasado de aprobar los paquetazos por la madrugada, durante los feriados de Navidad y Semana Santa o en una celebración especial”, expresó Durón.
El sindicalista confió en la promesa del presidente Porfirio Lobo de no elevar los impuestos y concertar con los sectores la aplicación de medidas que puedan afectar a la población y los derechos de los trabajadores.
“Creemos que con la aprobación presupuestaria y de un paquetazo se crearían las condiciones para una desestabilización social en el país debido a las condiciones de desempleo”, explicó Durón.
El fiscal de la Confederación Unitaria del Trabajo de Honduras, Cuth, José Luis Baquedano, lamentó que el Gobierno aún no determine el salario mínimo y sí plantee aprobar medidas económicas contra la población. “La aprobación de un paquetazo sería un duro golpe para el pueblo hondureño saturado de tanto impuesto y cargas impositivas, mientras los salarios se mantienen estáticos”, indicó.
Empresarios
El director del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Cohep, Benjamín Bográn, expresó que aún desconocen el Presupuesto y las nuevas medidas que “deben enfocarse en mejorar la calidad de vida de los más de cuatro millones de personas que viven en la pobreza en el país y de los sectores vulnerables del sector productivo”.
El dirigente empresarial exigió transparencia al exponer con claridad las medidas que se aplicarán y cómo afectarán a los sectores de la sociedad. “Nos mostramos contra la aplicación de más impuestos y apoyamos la ampliación de la base tributaria, pero les comunicamos que los empresarios estamos anuentes a respaldar al Gobierno en su esfuerzo de superar la difícil situación económica en el país”, expresó Bográn.
Fosdeh pide incentivar el aparato productivo
El subcoordinador del Fosdeh, Ralp Flores, reconoció que el Gobierno tiene pocas opciones de maniobrar y obtener nuevos recursos para cubrir un déficit de más de nueve mil millones de lempiras para el presente año “y por esta razón se debe conocer el plan base y los criterios para incrementar las partidas presupuestarias para las secretarías de Seguridad y Defensa y cuáles criterios obraron al disminuir las asignaciones para incentivar el aparato productivo del país”.
Lamentó también que el Gobierno aún no presente un plan anticrisis y otro para la reactivación macroeconómica del país. Opinó que los efectos de la recesión económica y los eventos políticos que afectaron al país en 2009 se reflejarán en el presente año con una merma de la recaudación del Impuesto sobre la Renta, ISR, y sobre Ventas, ISV.
“Las autoridades deben ser realistas y no sobredimencionar las proyecciones de ingresos tributarios”, indicó. El Cohep señala que más de 180 mil personas han perdido su empleo en el país.
