Tras el fallo de inconstitucionalidad de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) y el marco normativo que las regulaba, surge la pregunta sobre qué pasará con ellas luego de esta sentencia.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió una sentencia con efecto nulatorio de origen por violar artículos pétreos de la Constitución de la República. Esto significa que el fallo afecta la creación de las ZEDE desde su inicio en 2013, durante la primera administración de Juan Orlando Hernández.
Desde Próspera, en Roatán, Islas de la Bahía, expresaron que “la Corte Suprema no puede dar efecto retroactivo a las sentencias de inconstitucionalidad. La Constitución, en su artículo 316, y la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 94, protegen los derechos adquiridos de nuestros residentes, trabajadores e inversionistas”, declaró Jorge Colindres, secretario técnico de Próspera.
Colindres agregó que “la inversión se hizo bajo la normativa ZEDE, la cual estaba diseñada para durar 50 años, pero con el cambio, el modelo de negocio ya no funciona. Son más de 8,000 empleos directos e indirectos y una inversión de más de 300 millones de dólares”.
No obstante, la CSJ y el gobierno aseguran que las tres ZEDE que operan en Honduras pueden seguir funcionando, pero deberán adaptarse al régimen y adherirse a toda la normativa nacional. Además, se ha aclarado que no se confiscará ni expropiará ningún bien.
“Durante la discusión, se abordó el tema de la inversión, la cual fue realizada bajo el amparo de la ley que recientemente se declaró inconstitucional. Cuando presentemos la sentencia, quedará completamente establecido que la inversión estará debidamente protegida por la legislación hondureña, ya que hay normativas previas a las ZEDE a las que pueden acogerse”, señaló el magistrado Mario Díaz.
El comisionado presidencial contra las ZEDE, Fernando García, añadió: “No vengan a decir que les estamos confiscando o expropiando; no hay absolutamente nada de eso. Pueden acogerse perfectamente a los regímenes nacionales, y si sus esquemas empresariales se basan en una normativa jurídica inconstitucional, es problema de ellos”.
García también mencionó: “Desde el 9 de marzo de 2022, les advertimos a los empresarios que debían acogerse a los regímenes nacionales, pero no quisieron. Sin embargo, aún pueden hacerlo”.
Por su parte, el abogado y catedrático universitario Waldo Rivera señaló que “es un principio universal que la nulidad no afecta los derechos adquiridos de buena fe. Las inversiones en las ZEDE conservan sus derechos por este principio, salvo en lo relativo a la soberanía territorial, política y jurisdiccional, que, por esta sentencia, Honduras recupera”.
Por unanimidad, el pleno de magistrados de la CSJ resolvió que los decretos 236-2012 y 120-2013, que reforman los artículos 294, 303 y 329 de la Constitución y contienen la Ley Orgánica de las ZEDE, vulneran la Carta Magna.
Además, los magistrados aprobaron por mayoría (ocho votos a favor y siete en contra) que el fallo tenga efecto anulatorio desde el origen de las ZEDE.
Actualmente, operan tres ZEDE en Honduras: Próspera, en Roatán (constituida en 2017), Ciudad Morazán, en Choloma, Cortés (2018), y Orquídea, en San Marcos de Colón, Choluteca (2021).
