Con una inversión de 26 millones de dólares administrados mediante fideicomiso empezó hace un año la construcción de la granja penal en este municipio del departamento de Santa Bárbara.
Pese a que las obras avanzan, ayer hubo una protesta porque los trabajadores aseguran que ya no soportan el atraso en el pago, ya que les deben más de cuatro quincenas y no tienen para cubrir sus gastos.
Como medida de presión, los obreros decidieron quemar llantas y tomarse las entradas de la granja penal que está en construcción. Exigen que el Gobierno le pague a la constructora para que luego les cancelen a ellos.
Según los trabajadores y miembros de la constructora, el Gobierno no ha dado los fondos del fidecomiso desde hace unos 10 meses, y la compañía constructora Inmsa-Argo estaría deteniendo los trabajos. La obra gris del recinto penitenciario está terminada en un 80%.
Reacción
El ministro de Gobernación, Leonel Ayala, mediante una escueta comunicación telefónica aseguró que el dinero casi está disponible para ser depositado a la empresa.
El nuevo penal contará con tres áreas definidas: visitas, oficinas y los módulos de celdas, los que se van a dividir en mínima, media y máxima seguridad. Este será un centro de rehabilitación de reos porque contará con áreas de cultivos y talleres bien equipados para que aprendan diferentes oficios. Además, las celdas tendrán diseños como las de Estados Unidos, con letrinas de aluminio, y solo podrán estar dos privados de libertad en cada celda.
La granja está a 35 kilómetros de la cabecera de Santa Bárbara y se construye en 20 manzanas de tierra. Tendrá capacidad para 1,510 presos.
Los fondos del nuevo recinto provienen de un préstamo que el Gobierno pagará con bonos al Banco Atlántida durante 10 años; pero el Gobierno no ha cumplido con la parte que corresponde.