Los centros penales del país se han convertido en una bomba de tiempo debido a la sobrepoblación que existe desde hace muchos años.
Las 25 cárceles en Honduras registraron hasta el 30 de marzo a 19,450 privados de libertad, según datos del Instituto Nacional Penitenciario; no obstante, la capacidad es de 13,051. Es decir, que hay una sobrepoblación de más de 6,000 reos, lo que representa un 49% más de la capacidad, por lo que expertos consideran que es necesario hacer un plan de descongestionamiento.
Para reducir ese hacinamiento, el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNP-Conaprev), junto con el Centro de Prevención, Tratamiento y rehabilitación de víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT) y otras organizaciones trabajan en dos propuestas de ley, se trata del proyecto de ley de Gracias Constitucionales y el de Redención Judicial de Pena de Prisión.
¿Qué es el indulto?
Es la atribución que la Constitución de la República da al presidente del Poder Ejecutivo para extinguir la o las penas aún no cumplidas, dispuestas mediante sentencia condenatoria firme. Es otorgado en consideración de circunstancias particulares de la persona condenada.
Ambos proyectos lo que buscan es beneficiar a unos 9,000 privados de libertad que ya tienen condena, a través de figuras como el indulto, la conmuta y la amnistía, así como la reducción de la pena por formación profesional y trabajo. Las propuestas están siendo trabajadas con apoyo de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso Nacional.
¿En qué consisten?
El proyecto de Gracias Constitucionales establece beneficiar a los privados de libertad, ya sea con el indulto y la conmuta de la pena, figuras que son otorgadas por el titular del Poder Ejecutivo, así como con la amnistía penal.
Aunque en el país existe la Ley de Indulto, la propuesta busca ampliar los beneficios a más privados de libertad. Establece que las personas que podrían beneficiarse una vez y se apruebe serían las que estando en la ejecución de la pena hayan sido declaradas por una autoridad judicial como inimputable, es decir, que no está en capacidad de entender la naturaleza de su acto o de determinar su conducta, a causa de trastorno mental o inmadurez psicológica, los que padezcan una enfermedad crónica y permanente que no pueda ser tratada por las condiciones de internamiento; los condenados que les sobrevenga una enfermedad incapacitante permanente; los que hayan cumplido con la mitad de la pena impuesta, los que se desempeñaron como soldado en un conflicto armado ente Honduras y otro país y las mujeres jefas de hogar que previo al internamiento hubiesen tenido la custodia de hijos menores de edad o mayores con incapacidad mental o motriz que les impida valerse por sí mismo y que carezcan de apoyo familiar.
Para ser beneficiados los condenados deben cumplir con algunos requisitos, como no tener procesos penales pendientes, no ser reincidente de un delito doloso, no haber sido objeto de sanciones disciplinarias en los últimos seis meses anteriores, entre otros.
La propuesta de Redención de Penas consiste en descontar tiempo de prisión a una persona condenada, a través del trabajo y la educación como formas para la resocialización.
Por trabajo penitenciario las penas se reducirían un día por cada dos de trabajo, por estudios la redención de la pena será de tres meses por cada año de educación primaria o media que el reo curse y apruebe; en el caso de la universidad la redención sería de un día por cada unidad valorativa asignada a la clase y que la apruebe.
Sandra Rodríguez, comisionada nacional de MNP-Conaprev, opina “ambos proyectos vienen a ser otras figuras que pueden acelerar los procesos de puesta en libertad”, dijo. Sin embargo, considera que para lograr reducir la sobrepoblación que hay en los centros penales, también se requiere trabajar en la reducción de la mora judicial, pues está provocando que los beneficios no se entreguen a tiempo, además se necesita un plan de descongestionamiento coordinado.
A mediados de abril, el Conaprev sostendrá reuniones con representantes de la comisión del Congreso, para afinar detalles de las propuestas; se prevé que en el primer semestre de 2023 sean presentadas, discutidas y aprobadas por los diputados.
Datos
- 52% de los privados de libertad que se registraron en las 25 cárceles del país hasta el 30 de marzo son condenados, la cifra representa más de 9,600 reos.
- 1,490 presos actualmente gozan del beneficio de la preliberación, de acuerdo con los datos que maneja el Instituto Nacional Penitenciario.
Rodríguez recordó que el último plan para descongestionar las cárceles se desarrolló en 2020; “tuvo muy buenos resultados, ese año se pusieron en libertad alrededor de 2,200 reclusos; algunos quedaron con beneficios judiciales”.
Respecto a los indultos, los últimos se realizaron durante el Gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), cuando se presentaron 451 solicitudes, pero solamente se otorgó el beneficio a 74 reos.
En marzo del 2022, la presidenta Xiomara Castro anunció medidas para reducir el hacinamiento en el sistema carcelario hondureño, entre ellas el indulto y la separación de los reos condenados y los procesados.
Pedro Joaquín Amador, asistente de la Presidencia en Atención a Presos Políticos y Sectores Sociales, informó que la presidenta los ha enviado a los centros penales del país para solicitar informes de cómo está la situación en cada uno.
