Propuesta del Gobierno para indemnizar a socios de Koriun desata rechazo

Para el gobierno es una propuesta basada en la "sensibilidad", mientras que otros sectores la rechazan.

  • 17 de mayo de 2025 a las 07:42 -
Propuesta del Gobierno para indemnizar a socios de Koriun desata rechazo
Tegucigalpa, Honduras.

La intención del Poder Ejecutivo de enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley para resarcir económicamente a los miles de afectados por la empresa Koriun Inversiones ha generado una fuerte ola de críticas por parte de la oposición política y distintos sectores de la sociedad civil.

El presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Marcio Sierra, confirmó que el Ejecutivo trabaja en la elaboración de la iniciativa, que busca utilizar fondos del Estado para atender a más de 35,000 personas que invirtieron en Koriun, una empresa que, según la misma CNBS, operaba al margen del sistema financiero y sin autorización para captar dinero del público.

“El gobierno está actuando con sensibilidad ante las injusticias”, expresó Sierra en declaraciones a LA PRENSA. No obstante, reconoció que el proyecto aún no ha sido finalizado, ni se ha definido el monto ni el procedimiento que contemplará la propuesta de ley.

Oposición y cuestionamientos

Desde el Congreso, diputados del Partido Nacional, del Partido Liberal y otros sectores han mostrado un rechazo frontal al proyecto, argumentando que el Estado no tiene responsabilidad en una estafa cometida por una empresa privada, y que el uso de recursos públicos para indemnizar a los afectados sería ilegal y hasta inconstitucional.

“¿Por qué nuestro dinero tiene que servir para pagar a los que salieron estafados, mientras el gobierno encubre a los verdaderos responsables?”, cuestionó el exprecandidato presidencial liberal Jorge Cálix.

Por su parte, el diputado nacionalista Marlon Lara advirtió que “si se aprueba, estaríamos legalizando una ilegalidad”. La congresista María Antonieta Mejía fue más allá al afirmar que usar fondos públicos para saldar una deuda privada sería cometer un delito.

Otras voces, como la de la diputada Johanna Bermúdez, señalaron que la propuesta tiene tintes políticos, ya que el partido de gobierno, Libertad y Refundación (Libre), “no tiene posibilidades en Cortés y quieren ganar votos con esta ley”.

Riesgo jurídico y presión social

La auditoría de la CNBS reveló que existe un vacío financiero superior a los 268 millones de lempiras sin que hasta ahora se sepa el destino de esos fondos. La falta de claridad ha despertado aún más sospechas y ha motivado llamados para que se investigue a fondo lo ocurrido con los recursos captados por Koriun.

Figuras del sector empresarial y jurídico también han reaccionado. El expresidente de la CCIC, Eduardo Facussé, pidió la renuncia de Marcio Sierra y rechazó lo que calificó como “arreglos fuera de la ley”. Mientras tanto, el abogado penalista Kenneth Madrid advirtió que el Congreso no puede “revestir de legalidad una propuesta que es, en el fondo, totalmente incorrecta”.

Hugo Maldonado, presidente del Codeh, alertó que los diputados que aprueben la ley podrían enfrentar consecuencias legales en el futuro, por respaldar una normativa que estaría orientada a pagar fondos involucrados en actividades presuntamente ilícitas.

Desesperación en occidente

Mientras tanto, la incertidumbre reina entre los más de 5,000 afectados de la zona occidental del país, especialmente en Copán y Santa Bárbara. Muchos de ellos, comerciantes, caficultores y familias que vendieron propiedades o usaron remesas para invertir en Koriun, exigen respuestas urgentes y han comenzado a organizar protestas.

“Nos cerraron las oficinas en La Entrada sin explicación. Nadie nos da la cara”, denunció uno de los voceros durante una manifestación que incluyó el bloqueo de la carretera CA-4.

En Santa Bárbara, más de 2,000 personas están en la misma situación. Aunque se les ha pedido documentación para gestionar posibles reembolsos, la información es poco clara y no hay certeza de que recibirán su dinero.

“Solo metí 20,000 lempiras. Me devolvieron unos 2,000. Aquí venía gente de todos lados”, contó una mujer que invirtió por recomendación de una hermana.

Por ahora, los afectados no tienen más que promesas. Muchos se están organizando para viajar a Tegucigalpa y presentar sus denuncias ante el Ministerio Público, en busca de asesoría legal y acciones concretas.

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José Quezada
José Quezada
jose.quezada@elheraldo.hn

Coeditor en LA PRENSA Verifica y El Heraldo Verifica. Principalmente hace fact-checking político, pero también desmiente bulos, trata y visualiza datos. Licenciado en Periodismo por la UNAH.

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