El diputado del Partido Nacional por el departamento de Atlántida, Remberto Zavala, presentó un anteproyecto de ley orientado a que el Estado asuma el pago de la vigilancia en los centros educativos públicos del país.
El legislador explicó que actualmente este servicio es financiado en muchos casos por los padres de familia, quienes contratan vigilantes para resguardar las instalaciones educativas y brindar seguridad a los estudiantes durante las jornadas diurna y nocturna.
Zavala señaló que la iniciativa busca que el Gobierno de la República cubra los costos de este personal de seguridad, con el objetivo de garantizar la protección tanto de los alumnos como del personal docente, además de evitar robos o daños en los centros educativos.
De acuerdo con el congresista, la aprobación de esta ley permitiría que la vigilancia en los centros educativos sea permanente y no represente una carga económica para los padres de familia, especialmente para aquellos que tienen más de un hijo en el sistema educativo.
El anteproyecto establece que se deberá asegurar la asignación permanente de personal de vigilancia en todos los centros educativos del territorio nacional, tomando en cuenta las necesidades específicas y condiciones de cada zona geográfica.
Asimismo, la propuesta contempla la contratación formal de personal de seguridad mediante certificación institucional, con el fin de garantizar la cobertura del servicio en los centros educativos públicos.
La iniciativa también plantea prohibir que los costos de la vigilancia sean trasladados a los padres de familia, asociaciones de padres, patronatos o cualquier organización comunitaria vinculada a los centros educativos.
