Tegucigalpa, Honduras
El sexto exmiembro del desaparecido Consejo de la Judicatura fue enviado ayer al Primer Batallón de Infantería, luego que se dictara auto de formal procesamiento con prisión preventiva.
Se trata del abogado penalista Julio Barahona, quien era el único libre, ya que se había excusado de comparecer ante la jueza por problemas personales. Él está acusado de 67 delitos de malversación de caudales públicos, por los que se enfrentará a una pena mínima de 402 años y la máxima de 804 años.
| Adefesio jurídico
Afirmó que su defensa presentó un amparo ante la Sala de lo Constitucional y espera que corrijan “este adefesio jurídico”.
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Durante la audiencia de información, que se llevó a cabo en los Juzgados en materia de Corrupción, la Corte de Apelaciones determinó el cambio de medidas.
El exconsejero acudió puntual a su cita para comparecer en el caso que se les sigue por la comisión de 600 delitos de corrupción.
Barahona fue vinculado al caso junto con Jorge Rivera Avilés, Teodoro Bonilla, Liliam Maldonado, Celino Aguilera y José Francisco Quiroz que ya se encuentran en prisión preventiva.
A ellos se les presume responsables de desviar 13.5 millones de lempiras del presupuesto del Poder Judicial en viáticos y otras irregularidades.
| Su hija rompió en llanto.
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Consternados
Al salir de la audiencia, un poco acongojado por la noticia, afirmó: “El Estado me va a pagar cada lágrima que he derramado. Yo no tengo pánico y les voy a demostrar que soy inocente”.
Barahona señaló que “la Corte actúo por ignorancia o por instrucción, pero no llevaron bien el proceso. Recuerden que yo soy abogado penalista. Era ilógico el cambio de medidas porque estamos cumpliendo”.
La hija de Barahona, quien se encontraba en el tribunal, rompió en llanto y dijo: “Mi papá tiene todas las de perder, él aparentemente está fuerte, pero sabemos que no es así”, dijo una de las hijas del exconsejero.
El Ministerio Público busca probar que los exconsejeros desviaron alrededor de 13.5 millones de lempiras por concepto de giras nacionales y al extranjero.
Los exconsejeros efectuaron el pago de una fianza valorada en más de un millón de lempiras, hipotecaria y algunos en efectivo, para defenderse en libertad condicional; no obstante, las medidas les fueron cambiadas.
En conjunto, están acusados de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y falsificación de documentos privados.
