Tegucigalpa, Honduras.
El presidente Juan Orlando Hernández vetó las polémicas reformas a la Ley de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito aprobadas por el Congreso Nacional el 20 de marzo pasado y determinó que la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal resuelva si la ley amerita nuevas enmiendas para ajustarla a tratados internacionales en la materia.
El ministro de la Presidencia Ebal Díaz envió anoche a la secretaría del Poder Legislativo el veto presidencial y los argumentos que lo motivan.
Las enmiendas a la referida legislación han sido blanco de fuertes críticas de diversos sectores y organismos de la sociedad hondureña, así como de la embajada de Estados Unidos porque consideran que las mismas son un retroceso en la lucha contra la corrupción.
Una importante fuente oficial informó que el Gobernante integró un equipo de juristas y expertos para analizar los alcances del decreto legislativo y luego del estudio determinó hacer uso del veto presidencial y trasladar el tema a la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal para que sea esta instancia la que sugiera si la ley amerita cambios.
Además, el jefe de Gobierno se reunió ayer por la tarde con un grupo de diputados de la bancada nacionalista con el fin de exponerles las razones que motivaron el veto. Asimismo, se conoció que los diputados no invocarán lo establecido en el artículo 216 constitucional que les otorga la atribución de ratificar el decreto y enviarlo a publicación en La Gaceta.
“No vamos a proceder a hacer la ratificación conforme a lo dispuesto en el artículo 216 de la Constitución de la República y esperaremos que la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal proponga los cambios que ameriten hacerse”, dijo una fuente de la junta directiva.
Más temprano, el ministro de la Presidencia informó que el decreto legislativo que reforma la Ley de Privación de Dominio y Bienes de Origen Ilícito “se nos entregó el pasado jueves en la noche y estaba en tiempo para poder vetarlo o sancionarlo.
“Ayer (lunes) tuvimos una reunión con el Presidente para analizar este tema; obviamente él estuvo reunido el mismo viernes escuchando expertos en materia de privación de dominio, viendo estadísticas, notas para ver el impacto que ha tenido esa norma y cómo ha servido para reducir la criminalidad, el combate al crimen organizado y la corrupción”, dijo.
Díaz adelantó que el Poder Ejecutivo está preparando un informe detallado con datos, estadísticas y con posiciones del Presidente para darlo a conocer.
David Chávez Madison, diputado nacionalista, estimó que es una facultad del Poder Ejecutivo vetar o sancionar la ley y que por lo pronto esperarán a conocer el fondo del veto presidencial para tomar una decisión de bancada.
Explicó que constitucionalmente los diputados tienen la facultad de someter el decreto a una nueva ratificación con el voto de la mayoría calificada de la cámara legislativa para que entre en vigor, pero eso dependerá del análisis que realicen.
Chávez aclaró que el veto presidencial no significa una ruptura de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo y tampoco significa una división dentro del Partido Nacional.
El parlamentario indicó que en una democracia es comprensible este tipo de situaciones en la que hay diversidad de criterios.
El presidente Juan Orlando Hernández vetó las polémicas reformas a la Ley de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito aprobadas por el Congreso Nacional el 20 de marzo pasado y determinó que la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal resuelva si la ley amerita nuevas enmiendas para ajustarla a tratados internacionales en la materia.
El ministro de la Presidencia Ebal Díaz envió anoche a la secretaría del Poder Legislativo el veto presidencial y los argumentos que lo motivan.
Las enmiendas a la referida legislación han sido blanco de fuertes críticas de diversos sectores y organismos de la sociedad hondureña, así como de la embajada de Estados Unidos porque consideran que las mismas son un retroceso en la lucha contra la corrupción.
Una importante fuente oficial informó que el Gobernante integró un equipo de juristas y expertos para analizar los alcances del decreto legislativo y luego del estudio determinó hacer uso del veto presidencial y trasladar el tema a la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal para que sea esta instancia la que sugiera si la ley amerita cambios.
Además, el jefe de Gobierno se reunió ayer por la tarde con un grupo de diputados de la bancada nacionalista con el fin de exponerles las razones que motivaron el veto. Asimismo, se conoció que los diputados no invocarán lo establecido en el artículo 216 constitucional que les otorga la atribución de ratificar el decreto y enviarlo a publicación en La Gaceta.
“No vamos a proceder a hacer la ratificación conforme a lo dispuesto en el artículo 216 de la Constitución de la República y esperaremos que la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal proponga los cambios que ameriten hacerse”, dijo una fuente de la junta directiva.
Más temprano, el ministro de la Presidencia informó que el decreto legislativo que reforma la Ley de Privación de Dominio y Bienes de Origen Ilícito “se nos entregó el pasado jueves en la noche y estaba en tiempo para poder vetarlo o sancionarlo.
“Ayer (lunes) tuvimos una reunión con el Presidente para analizar este tema; obviamente él estuvo reunido el mismo viernes escuchando expertos en materia de privación de dominio, viendo estadísticas, notas para ver el impacto que ha tenido esa norma y cómo ha servido para reducir la criminalidad, el combate al crimen organizado y la corrupción”, dijo.
Díaz adelantó que el Poder Ejecutivo está preparando un informe detallado con datos, estadísticas y con posiciones del Presidente para darlo a conocer.
David Chávez Madison, diputado nacionalista, estimó que es una facultad del Poder Ejecutivo vetar o sancionar la ley y que por lo pronto esperarán a conocer el fondo del veto presidencial para tomar una decisión de bancada.
Explicó que constitucionalmente los diputados tienen la facultad de someter el decreto a una nueva ratificación con el voto de la mayoría calificada de la cámara legislativa para que entre en vigor, pero eso dependerá del análisis que realicen.
Chávez aclaró que el veto presidencial no significa una ruptura de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo y tampoco significa una división dentro del Partido Nacional.
El parlamentario indicó que en una democracia es comprensible este tipo de situaciones en la que hay diversidad de criterios.
