La historia no muy lejana señala la serie de irregularidades desatadas en el consulado de Honduras en Houston, Texas y sobre todo, los atropellos contra los hondureños que acuden a esa sede diplomática en busca de ayuda.
Sin embargo, se creía que en la nueva administración de Porfirio Lobo Sosa a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la historia del consulado de Houston cambiaría pero más de 1,000 compatriotas aglutinados en la organización “Hondureños Unidos de Texas”, enviaron una representante al país para que denunciara las irregularidades ante el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas, TSC.
Según la documentación presentada por la organización de hondureños, se prueban los cobros extras de 35 dólares por cada pasaporte que se emite a través de los Consulados Móviles que efectúa esporádicamente el consulado hondureño en las ciudades de Dallas, Austin, San Antonio y Arkansas.
Por si esto fuera poco, LA PRENSA tuvo acceso a la copia a varias transacciones de miles de dólares que supuestamente estarían a nombre del Consulado de Honduras en Houston, por lo que la organización “Hondureños Unidos de Texas”, exige a las autoridades que se investigue la cuenta con terminación 0403 del Banco Chase en Estados Unidos.
Además, en los anexos del documento que registra las copias de recibos de pagos y constancias de coacción para cobrar el exceso de precio en los consulados móviles, se adjunta una copia de cheque emitido por el consulado de Houston a favor del Partido Liberal de Honduras por la cantidad de 350 dólares (más de 6,000 lempiras) y el que fue firmado por el entonces cónsul, Vincenzo Barletta, según la denuncia.
Según los depósitos en la supuesta cuenta secreta que denuncia la organización de hondureños en Texas, el primero se realizó el 8 de septiembre de 2010 por 6,045 dólares (más de 100,000 lempiras) y el segundo el 8 de noviembre de 2010 por 1,457.41 dólares (más de 19,000 lempiras). La organización de hondureños en Texas ha solicitado tanto al Ministerio Público como al Tribunal de Cuentas, que investiguen a nombre de quién está la cuenta o en el caso de haber sido cancelada, a nombre de quién estaba.
Reacción de la Cancillería
Mediante comunicado la Cancillería de la República emitió escuetas declaraciones sobre la labor que desempeña el cónsul de Honduras en Houston, David Hernández, a quien la organización de Hondureños Unidos de Texas le atribuyen las irregularidades en los cobros excesivos que se desarrollan en los Consulados Móviles. “El licenciado David Hernández, cónsul general de Honduras en Houston, es un funcionario con una larga e impecable trayectoria en el servicio exterior hondureño por más de 12 años; la realización de Consulados Móviles está amparada en el artículo 12 de la Ley del Arancel Consular vigente consignando la aplicación de gastos administrativos para la realización de los mismos”, explica la Cancillería.
También señalan en el comunicado en el caso particular del consulado en Houston, los pagos recibidos han sido depositados en la cuenta bancaria del Consulado y los gastos han sido debidamente documentados. “La Cancillería procederá a la inmediata comunicación con la Fiscalía y el Tribunal Superior de Cuentas, acreditando el último informe preparado por la Unidad de Auditoría Consular y los documentos de soporte que resulten necesarios para profundizar en la revisión de estos casos, poniéndose a su completa disposición para el acompañamiento de éste y otros procesos vinculados con la administración de los consulados de Honduras en el exterior”, concluyó la Cancillería.
La denuncia que interpuso la organización de hondureños en Texas ante la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas, la cual fue aceptada, consta de 19 páginas que albergan las copias de recibos de pagos a nombre de los hondureños que supuestamente han utilizado los servicios del Consulado Móvil cuando llega a sus ciudades.
En la mayoría de casos los hondureños pagaron al Consulado de Houston una cantidad estipulada por la emisión del pasaporte, pero al mismo tiempo se les extendió otro recibo por gastos administrativos por 35 dólares. A esto es que se le conoce como cobros excesivos, los que son legales pero que la administración de Lobo Sosa los prohibió.
