Un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto 107-2021 que permite el pago de prestaciones a altos funcionarios del actual Gobierno presentaron en la Corte Suprema de Justicia los diputados electos de Libre, Jari Dixon y Mario Sorto.
Esto viene a raíz de que altos funcionarios del mandato saliente recibirían pago de prestaciones laborales, y que algunos de estos beneficios ya fueron aprobados.
400 a 500
funcionarios están bajo la modalidad de servicio excluido en el actual Gobierno, estiman analistas del Consejo Hondureño de la Empresa Privada.
El impacto a las arcas del Estado sería de entre 300 a 500 millones de lempiras a funcionarios de alto rango que están dentro de la categoría de servicio excluido en la Ley de Servicio Civil, proyección hecha por analistas del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).
“No podemos pagar prestaciones a personas que estuvieron 12 años gozando del poder, que sabían perfectamente que no tenían derechos a prestaciones laborales y ahora saliendo del Gobierno quieren cobrar prestaciones cuando a miles de hondureños no se les pagan porque ellos mismos aprobaron el trabajo por hora violentando los derechos laborales de las personas”, explicó Dixon.
El Gobierno saliente, a través de Roxana Rodríguez, quien funge como viceministra de Finanzas, aclaró que esta no fue una medida aprobada en la administración de Juan Orlando Hernández y data de varios años atrás.
“Este artículo tiene más de 10 años y se puede ver en el decreto legislativo del año 2012 del artículo 127, no se creó en el Gobierno del presidente Hernández. En cuanto a la ejecución presupuestaria, pues ya depende de cada una de las instituciones, y lo que sí podría decir es que los instrumentos legales están”, dijo a HRN.
German Leitzelar, abogado laboralista, ha dicho que se está violentando la jerarquía normativa y advirtió que quien realice o acepte el pago incurrirá en responsabilidad de tipo civil, administrativo o penal.
