Un informe de seguimiento al proceso de reforma del sector de seguridad y la depuración policial en
Honduras
llegó a conclusiones muy pesimistas sobre sus logros y la voluntad política de impulsarlos al tiempo que el ministro de Seguridad reconoció que la situación es de emergencia.
El estudio, realizado por El Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH) y la Fundación Friedrich Ebert y divulgado el jueves a un año de la reforma concluyó que 'existe una falta decidida de voluntad política', que 'las recomendaciones de la Comisión de Reforma del Sistema de Seguridad Pública de
Honduras
carecen de fuerza, vinculación y obligatoriedad', que 'se ha mostrado un alto grado de irrespeto por parte de organismos nacionales e internacionales al proceso de reforma' y que el gobierno muestra 'incapacidad, miedo o colusión con el crimen y la violencia'.
A su vez, remarcó que 'se pierde la esperanza y la credibilidad de los procesos impulsados por el gobierno'.
Jennifer Erazo, Coordinadora de la Fundación Ebert en
Honduras
dijo que 'los avances en el proceso de reforma del sector seguridad son mínimos' y que se han solicitado planes de monitoreo del proceso para verificar su cumplimiento pero que 'no se ha implementado ninguna verificación'.
El proceso de reforma de la seguridad pública de
Honduras, el país con el mayor número de homicidios per cápita del planeta -91 por cada 100.000 habitantes- comenzó en marzo de 2012 cuando el gobierno, acorralado por la presión ciudadana y los medios de comunicación, tomó la decisión de corregir las prácticas indebidas de la policía, considerada una de las más corruptas del mundo.
Para cumplir ese objetivo se creó la Comisión de Reforma del Sector Seguridad con un período de vida de tres años cuyo objetivo era establecer las recomendaciones necesarias hacia el sector de seguridad y la Dirección de Evaluación de la Carrera Policial para liderar el proceso de depuración de la policía.
Según Fabricio Herrera, consultor de CIPRODEH y la Fundación Ebert, 'un año después, la Comisión hace recomendaciones a las instituciones de seguridad para que se reformen a sí mismas, algo que evidentemente no funciona'.
Herrera señaló que 'cuando se cumple el 33% del período de aplicación de la reforma, esta no da resultados' y puso como ejemplo que tras casi un año en el que 'se han realizado alrededor de 700 pruebas de confianza toxicológicas, socioeconómicas y de polígrafo sobre un total de unos 14.000 agentes de policía con el apoyo de las embajadas de Estados Unidos y Colombia es imposible conocer el número de policías que han sido separados de la institución en función de los resultados de las mismas'.
Para Herrera, 'no va a haber depuración policial sin depuración de los tomadores de decisiones políticas'.
Arabeska Sánchez, consultora de las instituciones responsables del informe explicó que 'la Organización de los Estados Americanos, los gobiernos de Chile y Colombia y una consultoría encargada por la embajada de los estados Unidos y al menos ocho fundaciones nacionales e internacionales realizaron diagnósticos sobre la seguridad que no han tenido ninguna correspondencia en la toma de decisiones'.
El propio presidente de la Comisión de Reforma, Víctor Meza, reconoció recientemente que 'la policía de
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es una institución irreformable'.
El Ministro de Seguridad de
Honduras, Pompeyo Bonilla, presente en el acto, dijo a The Associated Press que 'la lentitud depende de la falta de fondos, de complejos procesos burocráticos y de que nos encontramos en un año político muy complejo para cierto tipo de toma de decisiones'.
Bonilla, que dice no disponer de la cifra de policías dados de baja tras un año de depuración policial, afirmó que 'no hemos podido cumplimentar las medidas de bajas de policías en el cuerpo por excusas burocráticas como trabas en el proceso de notificación. Un ejemplo es que se ponen de baja médica para no venir a recogerlas. Hay que luchar contra estas trabas burocráticas, medidas garantistas que deberían ser expeditas en función de la situación de emergencia en seguridad en la que nos encontramos'.
El ministro reconoció que hay impaciencia en la sociedad, que debe 'elevar su voz y exigirle a las instituciones que se haga lo que se tiene que hacer'.
