La exclusión de Honduras, por decimoquinto año consecutivo, de los fondos de la Corporación de Desafío del Milenio ha generado una serie de reacciones entre funcionarios del gobierno, diputados y organizaciones de la sociedad civil.
Este revés, que deja al país sin una donación de 200 millones de dólares para proyectos sociales, ha puesto en el centro del debate la lucha contra la corrupción y los compromisos incumplidos del actual gobierno.
El diputado oficialista Jari Dixon expresó su desconcierto por la decisión: «Me sorprende que el país haya quedado excluido nuevamente de la también denominada ‘Cuenta del Milenio’, porque hasta ahora no ha sido denunciado ningún caso de corrupción en el Gobierno de Xiomara Castro», afirmó.
Desde el gobierno, algunos funcionarios atribuyeron la descalificación a informes “falsos” generados por instituciones hondureñas como la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
En contraste, la ASJ emitió un contundente comunicado en el que señaló: «Por decimoquinto año consecutivo, Honduras ha quedado fuera de elegibilidad para acceder a los fondos de la Cuenta del Milenio. Es momento de asumir responsabilidades y priorizar acciones concretas que nos permitan revertir este rumbo». Además, advirtió que «la corrupción en Honduras es un problema sistémico que involucra a los tres poderes del Estado», lo que afecta gravemente la imagen del país y perpetúa la pobreza y la desigualdad.
Por su parte, la directora del CNA, Gabriela Castellanos, señaló que «el índice de corrupción sigue a la altura de los pactos de impunidad» y subrayó que este flagelo es una de las principales causas de que más del 60 % de los hondureños vivan en condiciones de pobreza. Además, recordó que el CNA ha documentado varios actos de presunta corrupción durante el actual gobierno, incluyendo irregularidades en el Parlamento y el Ejecutivo.
La decisión de la Corporación de Desafío del Milenio se basó en el bajo desempeño de Honduras en 12 de las 20 variables evaluadas. El país obtuvo calificaciones críticas en indicadores como Control de corrupción (15 %), Estado de derecho (15 %) y Eficacia del gobierno (22 %).
A pesar de que la presidenta Xiomara Castro prometió en campaña instalar una Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICCIH) en los primeros 100 días de su mandato, este compromiso sigue sin cumplirse. A casi tres años de gobierno, el acuerdo con la ONU para implementar la comisión continúa sin concretarse, aunque el Ejecutivo asegura que se logrará.
