Los empleados del Poder Judicial se tomaron ayer durante varias horas las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia y los edificios de los juzgados en varios lugares del país, como medida de presión para exigir un aumento salarial.
Portando pancartas, los escribientes, secretarias y profesionales del Derecho, entre otros, rompieron la rutina diaria para pedirle públicamente a los magistrados de la CSJ que consideren incrementar sus sueldos.
Los trabajadores del Poder Judicial indicaron que con el estipendio que reciben no pueden vivir, ya que no les alcanza para cubrir sus necesidades.
Esto es parte de las acciones progresivas que anunció la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial.
Las autoridades de la Corte Suprema ofrecieron un bono compensatorio de 5,000 lempiras, pero fue rechazado porque no satisface la demanda de los trabajadores.
Los manifestantes reclaman un aumento del 20 por ciento para jueces y magistrados y 30 por ciento para personal administrativo.
Jueces impugnan despidos
La decisión de destituir a cuatro jueces fue impugnada ayer. La acción la interpusieron Ramón Barrios, Luis Chévez, Adán López Lone y su esposa, Tirza Flores, una vez notificados de la resolución de despido. El escrito de impugnación se presentó ante el Consejo de la Carrera Judicial de la CSJ. “Estamos haciendo las consideraciones de hecho y de derecho en nuestros escritos respectivos, esperamos que efectivamente el Consejo reconsidere la posición de nuestra destitución”, dijo Barrios.
Los jueces anunciaron que simultáneamente interpondrán un reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Es por el irrespeto y la violación de derechos fundamentales, sobre todo el de libertad de expresión que nos ha sido conculcado por parte de la Corte Suprema”, indicó.
En su caso, Barrios relató que fue destituido porque dictó una conferencia en la Unah, donde es catedrático, enseñando a alumnos y maestros que lo acontecido “el 28 de junio fue un golpe de Estado”.