Tegucigalpa, Honduras
Más de 60 organizaciones de sociedad civil enviaron una carta pública a la presidenta Iris Xiomara Castro Sarmiento para solicitar la suspensión del estado de excepción antes y después de las elecciones generales previstas para noviembre, con el fin de evitar dudas sobre la legitimidad del proceso electoral.
La petición fue suscrita por la Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de Sentencias y Resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Mesa de Seguimiento) y la Coalición contra la Impunidad (CCI), que agrupan a organizaciones defensoras de derechos humanos y de la transparencia democrática.
La solicitud se basa en el principio señalado por la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho (Comisión de Venecia), que sostiene que “todo proceso electoral necesita un clima político pacífico y el pleno ejercicio y respeto de los derechos y libertades fundamentales, así como la garantía del orden y la seguridad pública”.
“Consideramos necesario reflexionar sobre los impactos que puede tener la suspensión de derechos en determinados territorios, particularmente en relación con la capacidad de los partidos políticos y de otros sectores sociales para organizarse, hacer campaña política y movilizar a su militancia y sus votantes”, señalaron las organizaciones en el documento.
Preocupaciones por derechos y garantías
En la misiva se advierte que realizar elecciones bajo un estado de excepción podría generar dudas sobre el carácter libre, justo e igualitario del proceso, debido a la restricción de derechos fundamentales y la falta de condiciones reales de participación política.
También se denuncia que, en el marco del estado de excepción, tanto la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos como el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos han documentado violaciones como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y allanamientos sin control judicial, atribuidos a cuerpos de seguridad y defensa.
Además, se señala que la militarización del espacio público genera temor e intimidación, especialmente en contextos electorales. Las organizaciones recordaron que la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que las labores de seguridad ciudadana deben recaer en cuerpos civiles y que la intervención de fuerzas armadas en estas tareas debe ser excepcional, temporal y debidamente justificada.
Obstáculo para observación electoralLa carta también advierte que el estado de excepción podría dificultar la labor de las misiones nacionales e internacionales de observación electoral, al restringir su movilidad en algunos territorios y horarios, lo cual pondría en riesgo la transparencia del proceso.
Finalmente, los firmantes exhortaron al gobierno a suspender de inmediato la medida, afirmando que una acción de este tipo enviaría un mensaje claro a la ciudadanía y a la comunidad internacional sobre el compromiso del Ejecutivo con la democracia y la transparencia.
