Los miembros del Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño afirmaron este día estar 'extremadamente preocupados por el elevado número de desapariciones y asesinatos extrajudiciales de niños, incluso a manos de miembros de las fuerzas policiales' en Honduras.
En su informe final, difundido al término de su primera sesión anual en Ginebra, ese órgano también expresa su inquietud debido a que las autoridades y la opinión pública de ese país 'no respondieron con una fuerte condena o una adecuada acción' a esos crímenes.
Asimismo, señala que, pese a que en 2001 se creó una comisión investigadora para esos hechos, muchos de ellos permanecen impunes, por lo que instó al Gobierno a adoptar medidas concretas, como reunir la información de todos los casos ocurridos, destinar recursos para su investigación y brindar ayuda a las familias de las víctimas.
En ese mismo sentido, pide a las autoridades que limiten la disponibilidad de armas, que garanticen que sólo pueden venderse bajo control oficial, y que sensibilicen a la población contra el uso de la violencia para enfrentar el fenómeno de las 'maras', como se denomina a las bandas juveniles en Centroamérica.
Sobre esas pandillas, el informe menciona que las informaciones indican que su número va en aumento en Honduras, razón por la que se pide a las autoridades que presten atención a las causas sociales de ese fenómeno y den prioridad a las medidas preventivas por encima de las punitivas.
Para ello, recomienda 'invertir recursos financieros y humanos' en actividades de prevención, rehabilitación y reintegración de los pandilleros en la sociedad.
Por otra parte, el Comité de la ONU también muestra su 'profunda inquietud' por las denuncias que indican que 'son comunes las palizas durante y después de la detención de menores de 18 años', mientras que otras refieren 'que algunos niños víctimas de ejecuciones extrajudiciales parecen haber sido torturados antes de ser asesinados'.
Ante esas informaciones, insta al Gobierno hondureño a que adopte todas las medidas necesarias para evitar que esas situaciones ocurran y que los responsables serán sancionados.
En el capítulo dedicado a la explotación sexual y al tráfico infantil, el informe apunta que se trata de problemas 'comunes' en Honduras, que no sólo se explican por la pobreza en la que vive gran parte de la población, sino también 'por factores como la violencia y la criminalidad'.
A ese respecto, recomienda al Gobierno que 'aumente sus esfuerzos para combatir la prostitución infantil y el turismo sexual', que cree programas de asistencia para los menores que han sido sus víctimas y que refuerce su cooperación internacional para capturar y sancionar a los que dirigen esas industrias delictivas.
Los expertos de la ONU también evalúan en su informe la administración de justicia juvenil y piden a las autoridades que no se detenga de manera arbitraria a los menores de 18 años, en particular en situaciones en las que se aplican medidas contra las 'maras'.
La labor del Comité es supervisar el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño, para lo que examina los informes que periódicamente le presentan los Estados que han ratificado ese instrumento internacional.
