Tegucigalpa, Honduras.
Algunos oficiales de la Policía Nacional han sido beneficiados con certificaciones médicas para gozar de reposo hasta por cuatro años y en algunos casos de forma indefinida.
Lo lamentable es que los miembros de la institución cobran sus salarios y se han desempeñado en actividades o negocios personales, lo que les genera otros ingresos.
Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial de Depuración de la Policía, considera que “existe una cultura perversa, una práctica reprochable, en utilizar el reposo o la incapacidad por algún tipo de problemas de salud como un mecanismo para no trabajar en la Policía”.
“Es una práctica bochornosa utilizada por muchos oficiales y de escala básica, que lamentablemente ha sido avalada por autoridades del sistema sanitario nacional que se prestan a ese tipo de actos que colinda no solo con el fraude, sino con la más vil ilegalidad, porque es el pueblo hondureño el que paga los salarios de alguien que está en perfecto estado de salud”, enfatizó.
Rivera considera que estos actos son consecuencia de “la manipulación de esas certificaciones de salud, no por un período pequeño, sino por un período prolongado que se extiende por años, de forma casi indefinida, lo que les permite a estos oficiales a dedicarse a cosas particulares, ganando un salario”.
Al menos 50 subcomisionados serán separados de la Policía Nacional de los 108 que han sido investigados.
Algunos oficiales de la Policía Nacional han sido beneficiados con certificaciones médicas para gozar de reposo hasta por cuatro años y en algunos casos de forma indefinida.
Lo lamentable es que los miembros de la institución cobran sus salarios y se han desempeñado en actividades o negocios personales, lo que les genera otros ingresos.
Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial de Depuración de la Policía, considera que “existe una cultura perversa, una práctica reprochable, en utilizar el reposo o la incapacidad por algún tipo de problemas de salud como un mecanismo para no trabajar en la Policía”.
“Es una práctica bochornosa utilizada por muchos oficiales y de escala básica, que lamentablemente ha sido avalada por autoridades del sistema sanitario nacional que se prestan a ese tipo de actos que colinda no solo con el fraude, sino con la más vil ilegalidad, porque es el pueblo hondureño el que paga los salarios de alguien que está en perfecto estado de salud”, enfatizó.
Rivera considera que estos actos son consecuencia de “la manipulación de esas certificaciones de salud, no por un período pequeño, sino por un período prolongado que se extiende por años, de forma casi indefinida, lo que les permite a estos oficiales a dedicarse a cosas particulares, ganando un salario”.
Al menos 50 subcomisionados serán separados de la Policía Nacional de los 108 que han sido investigados.
