San Pedro Sula, Honduras.
Después de una cadena de demoledores golpes asestados por el Gobierno a todo el andamiaje del crimen, la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi) tiene bajo su custodia más de mil millones de lempiras en bienes y dinero.
Hasta junio anterior, contó en su poder 2,585 bienes (muebles e inmuebles), de los cuales 80 inmuebles tienen un valor de L587,440,131.75, y registró L248,772,493.13 en cuentas del sistema financiero.
En otras palabras, la Oabi administra un patrimonio superior a los L830 millones (de acuerdo con cifras oficiales) que en manos de criminales representa un recurso valioso para ostentar un poder que ahora está resquebrajado.
Para convertirse en una institución con aires de una corporación, capaz de manejar desde un zoológico hasta varias empresas, la Oabi ha tenido que sortear obstáculos y replantearse en la medida que ha detectado limitaciones.
En 2002, el Congreso Nacional aprobó la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos por medio de la cual creó a la Oabi “como una dependencia del Ministerio Público”.
Pero en 2014, el Gobierno de Juan Orlando Hernández reformó esa ley para que la Oabi se convirtiera en un órgano adscrito a la Secretaría de Estado de la Presidencia, desde donde es dirigida la ofensiva contra los carteles de la droga y otras bandas delictivas, como las maras.
Esta entidad, que opera con un presupuesto anual de unos L9,000,000 (para pagar 41 empleados), administra 1,899 bienes muebles y 686 inmuebles, sin considerar los incautados en julio, que se encuentran en situaciones legales diferentes.
Francisco Zavala, director de Oabi, destaca que esa entidad es “la única oficina que se acerca a la autosostenibilidad en Latinoamérica cumpliendo con las buenas prácticas internacionales que se encuentran en el manual de la Cicad/OEA y es la única en el mundo que administra un zoológico”.
El dinero
Según estados financieros (hasta junio), la Oabi tiene $4,714,077.27 en cinco cuentas bancarias y en certificados de depósito. Al mismo tiempo, posee L140,348,661.92, en siete cuentas bancarias y en inversiones de certificados de depósito.
Cuando Oabi devuelve dinero, por orden de un juez, debe entregar la cantidad incautada más los rendimientos calculados con base en una tasa de interés ponderada del Banco Central de Honduras (BCH), que es inferior a la pagada por la banca privada.
El diferencial entre la tasa ponderada del BCH y la pagada por el banco privado le sirve a la Oabi para sufragar sus gastos operativos y lograr su autosostenibilidad.
En 2014, llegó a contabilizar en los bancos alrededor de L385 millones, unos L137 millones más que la registrada actualmente. Esa suma bajó porque tuvo que devolver una parte de dinero y otra cantidad la distribuyó entre instituciones del Gobierno.
Zavala le explicó a LA PRENSA que “primero el dinero está en administración (en los bancos) esperando una sentencia de un juez para luego entregárselo al dueño o dejarlo en comiso”.
La Oabi tiene en los bancos fondos en administración por un monto de L148,483,489 y L36,569,449 en fondos en comiso.
“Cuando el dinero está en comiso, el artículo 78 establece que el 45% va para el sector prevención, un 45% va para el sector seguridad y justicia y un 10% para la Oabi”, dijo.
De 2012 a 2016 ha entregado (del dinero en comiso) alrededor de L700 millones a organizaciones estatales y proyectos de prevención.
Gestión
Con el objeto de evitar gastos por alquiler, Oabi utiliza bienes incautados para que sus oficinas y bodegas operen. La misma estrategia utiliza con los automóviles.
A la vez, de unos 680 bienes, entre viviendas, edificios y terrenos, la Oabi les alquila a otras personas 137 por una mensualidad que, en muchos casos, es inferior hasta en 25% al precio del mercado, debido a que no son tan apetecidos.
Antes de que 2016 concluya tiene previsto vender 12 avionetas, materiales de construcción y un lote de repuestos para carros.
El Gobierno de Estados Unidos apoya a la Oabi con dos especialistas permanentes que asesoran la unidad de ventas.
Después de una cadena de demoledores golpes asestados por el Gobierno a todo el andamiaje del crimen, la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi) tiene bajo su custodia más de mil millones de lempiras en bienes y dinero.
Hasta junio anterior, contó en su poder 2,585 bienes (muebles e inmuebles), de los cuales 80 inmuebles tienen un valor de L587,440,131.75, y registró L248,772,493.13 en cuentas del sistema financiero.
En otras palabras, la Oabi administra un patrimonio superior a los L830 millones (de acuerdo con cifras oficiales) que en manos de criminales representa un recurso valioso para ostentar un poder que ahora está resquebrajado.
Para convertirse en una institución con aires de una corporación, capaz de manejar desde un zoológico hasta varias empresas, la Oabi ha tenido que sortear obstáculos y replantearse en la medida que ha detectado limitaciones.
En 2002, el Congreso Nacional aprobó la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos por medio de la cual creó a la Oabi “como una dependencia del Ministerio Público”.
Pero en 2014, el Gobierno de Juan Orlando Hernández reformó esa ley para que la Oabi se convirtiera en un órgano adscrito a la Secretaría de Estado de la Presidencia, desde donde es dirigida la ofensiva contra los carteles de la droga y otras bandas delictivas, como las maras.
 Dado a que las naves y carros se deterioran, los subasta. Cuando un juez ordena la devolución del bien, la Oabi entrega el dinero al propietario.
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Francisco Zavala, director de Oabi, destaca que esa entidad es “la única oficina que se acerca a la autosostenibilidad en Latinoamérica cumpliendo con las buenas prácticas internacionales que se encuentran en el manual de la Cicad/OEA y es la única en el mundo que administra un zoológico”.
El dinero
Según estados financieros (hasta junio), la Oabi tiene $4,714,077.27 en cinco cuentas bancarias y en certificados de depósito. Al mismo tiempo, posee L140,348,661.92, en siete cuentas bancarias y en inversiones de certificados de depósito.
Cuando Oabi devuelve dinero, por orden de un juez, debe entregar la cantidad incautada más los rendimientos calculados con base en una tasa de interés ponderada del Banco Central de Honduras (BCH), que es inferior a la pagada por la banca privada.
El diferencial entre la tasa ponderada del BCH y la pagada por el banco privado le sirve a la Oabi para sufragar sus gastos operativos y lograr su autosostenibilidad.
 La Oabi tiene como base legal la Ley Sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, Ley Contra el Delito de Lavado de Activos y Ley Contra el Financiamiento del Terrorismo.
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Zavala le explicó a LA PRENSA que “primero el dinero está en administración (en los bancos) esperando una sentencia de un juez para luego entregárselo al dueño o dejarlo en comiso”.
La Oabi tiene en los bancos fondos en administración por un monto de L148,483,489 y L36,569,449 en fondos en comiso.
“Cuando el dinero está en comiso, el artículo 78 establece que el 45% va para el sector prevención, un 45% va para el sector seguridad y justicia y un 10% para la Oabi”, dijo.
De 2012 a 2016 ha entregado (del dinero en comiso) alrededor de L700 millones a organizaciones estatales y proyectos de prevención.
Gestión
Con el objeto de evitar gastos por alquiler, Oabi utiliza bienes incautados para que sus oficinas y bodegas operen. La misma estrategia utiliza con los automóviles.
A la vez, de unos 680 bienes, entre viviendas, edificios y terrenos, la Oabi les alquila a otras personas 137 por una mensualidad que, en muchos casos, es inferior hasta en 25% al precio del mercado, debido a que no son tan apetecidos.
Antes de que 2016 concluya tiene previsto vender 12 avionetas, materiales de construcción y un lote de repuestos para carros.
El Gobierno de Estados Unidos apoya a la Oabi con dos especialistas permanentes que asesoran la unidad de ventas.
