Tegucigalpa, Honduras.
El TSC determinó que las atribuciones fueron tomadas indebidamente por el secretario de Copeco y la Dirección Administrativa y Financiera de dicha entidad, sin contar
con la opinión de la Secretaría de Salud, contraviniendo la Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) remitió ayer otro informe al Ministerio Público con indicios de responsabilidad penal en compras realizadas por la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) para atender la emergencia sanitaria por covid-19.
Las inconsistencias encontradas se derivan de compras y almacenamiento de ventiladores mecánicos ejecutadas por Copeco. Del análisis de las pruebas recabadas, el TSC encontró méritos suficientes para remitir un nuevo informe al MP, por ser el ente facultado constitucionalmente para ejercer la acción penal pública ante los tribunales de justicia respectivos, tipificando los delitos que correspondan.
A dicho informe lo acompañó un oficio dirigido al fiscal general Óscar Fernando Chinchilla, mediante el cual se oficializa la formal entrega para los efectos legales correspondientes.
El presente informe, según el TSC, contiene elementos para acreditar la existencia de responsabilidad penal que servirá de soporte al Ministerio Público.
Hallazgos
La investigación especial a las compras y su almacenamiento para afrontar la emergencia nacional por el Covid-19, comprendió la revisión de las operaciones, registros y la documentación de respaldo presentada por Copeco, con énfasis en la compra de 90 equipos de asistencia para la tos, 90 baterías, 90 ventiladores: incluye tubo, mascarilla y batería; así como la adquisición de 40 ventiladores, 90 equipos de asistencia para la tos y 90 baterías.El informe del TSC también detalla que sobre la compra del equipo, el proveedor presentó ante Copeco facturas por el valor de $2,280,410.00 (unos 56.3 millones de lempiras al cambio en la fecha en que se realizaron las transferencias), incumpliendo las leyes, reglamentos, disposiciones de control interno y procedimientos administrativos establecidos, identificando, de acuerdo con lo demostrado, perjuicios a la salud y la economía del país, ya que estas erogaciones lejos de contrarrestar la crisis sanitaria por el covid-19, afectó para que esta no fuera atacada de manera adecuada.
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En el transcurso de la investigación, la Comisión Especial de Auditoría asignada por el TSC a Copeco, encontró una serie de inconsistencias que constituyen conductas con indicios de responsabilidad penal en el proceso de compra y recepción de ventiladores mecánicos, baterías y equipo de asistencia para la tos.
El TSC asegura que Copeco realizó la compra de equipo de asistencia médica respiratoria,a la empresa denominada “International Equipment, Inc”, la cual, según el expediente documental, cuenta con su sede de operaciones en la ciudad de New York, Estados Unidos.
La primera factura No.14742, de fecha 9 de marzo de 2020, corresponde a la compra de 90 equipos de asistencia para la tos y 90 baterías, por un monto de 377,910 dólares.
La segunda con No.14745, del 12 de marzo de 2020, refiere a la adquisición de 90 ventiladores, incluyendo tubo, mascarilla y batería, por un valor de 904,590 dólares.
La tercera factura No.14748, del 16 de marzo 2020, corresponde a la compra de 40 ventiladores, 90 equipos de asistencia para la tos y 90 baterías, por la suma de 997,910 dólares.
Luego de revisar la documentación soporte de la compra antes descrita, se detectaron supuestas inconsistencias en el proceso de adquisición y recepción, entre ellas que no existe solicitud de parte de la Secretaría de Salud que exprese la necesidad de realizar la compra de estos equipos médicos.
 La auditoría a Copeco sobre las compras en el marco de la emergencia sanitaria continúa y los informes se notificarán en la medida del avance de las acciones de fiscalización.
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con la opinión de la Secretaría de Salud, contraviniendo la Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).
Asimismo, no se cumplió con algunos requisitos legales, técnicos y administrativos previos y posteriores a la realización del proceso de compra, para el caso no se verificó que la empresa era o no apta para contratar con el Estado de Honduras, no se solicitó la declaración jurada autenticada de la empresa extranjera de no tener inhabilidades ni se constató que tuviera solvencia económica y capacidad financiera, ya sea para fabricar o suministrar los equipos médicos adquiridos.
No se elaboró, firmó ni aprobó un contrato de adquisición de los bienes, tampoco se elaboró una orden de compra con el fin de dejar establecido y asegurar plenamente los derechos del Estado frente al contratista. Esta situación generó que no se regularan o garantizaran los requerimientos técnicos y legales necesarios en las adquisiciones como son lugar y plazos de entrega, precios, penalizaciones por incumplimiento, eventos de fuerza mayor y caso fortuito, resolución de conflictos, etcétera.
Se verificó que previo a la recepción de los bienes no se elaboró un acta de recepción provisional o definitiva de los equipos médicos en virtud que la compra nunca ingresó a Copeco, se hizo la entrega a representantes de Salud y se distribuyó desde la Fuerza Aérea de Honduras a las unidades médicas.
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E; informe también señala que no se realizaron cotizaciones con otras empresas sobre las compras realizadas, no se establecieron garantías de mantenimiento de oferta, de cumplimiento de contrato y de calidad, en vista que no se elaboró contrato ni una orden de pago para el trámite administrativo.
La contratación directa no fue aprobada mediante acuerdo ejecutivo de Copeco, tampoco se notificó al TSC tal como lo manda la Ley, ni se verificó por parte de Copeco que la empresa era idónea para la contratación, por lo tanto, no se aseguró que los insumos o bienes que esta entregaría cumplían con todos los requisitos de calidad y especificaciones técnicas requeridas.
La investigación del TSC constató que se compraron ventiladores mecánicos a pesar de las alertas emitidas y circuladas por la Administración de Alimentos y Bebidas de los Estados Unidos de América (FDA). Asimismo, en el transcurso de la auditoría se observó presunta negligencia en la compra de ventiladores mecánicos por estar incompletos, ya que de acuerdo con informes técnicos de varios hospitales, carecían de ciertos accesorios e insumos indispensables, lo cual originó problemas para que funcionaran de manera inmediata en la pandemia.
Esta aparente irregularidad en la compra por la emergencia dio como resultado que el Estado erogara recursos adicionales por la cantidad de L.4,602,075.00, en la adquisición de los accesorios faltantes. Esta compra se le delegó a Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H).
En el transcurso de la auditoría se verificó, de acuerdo con los reportes presentados por la Secretaría de Salud y los directores de hospitales de las diferentes regiones del país, que algunos ventiladores nunca entraron en funcionamiento y otros se encuentran embodegados en los hospitales por no cumplir con las expectativas para el manejo del covid-19 y otros por la falta de accesorios e insumos.
Se comprobó que los ventiladores y succionadores para la tos no cumplen con las especificaciones técnicas para la atención de pacientes covid-19 y personal médico recomendó su no uso. Se verificó que facturas soporte de la transacción no son originales y presentan algunas inconsistencias, ya que no cuentan con sellos y firmas de la empresa emisora, tampoco no se encontró la dirección de página web www.partnersmedicalsupplies.com ni existe el correo electrónico “info@partnersmedicalsupplies.com”, descritas en la factura.
En el expediente del pago se encontró que en las facturas soporte de la transacción aparecen a nombre de la empresa Partners Medical Supplies, Inc, dba: City Stair Lift y la transferencia de pago fue realizada a la empresa International Medical Equipment, LLC.
Finalmente, se verificó un faltante en la cantidad de 104 equipos de asistencia para la tos y 84 baterías, lo que representa un perjuicio de $358,696.00.
El informe del TSC textualiza que los hechos encontrados incumplen entre otras normativas: la Constitución de la República, la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, las disposiciones generales del presupuesto general de ingresos y egresos de la República del año 2020, la Ley Orgánica de Presupuesto, el decreto ejecutivo número PCM 005-2020, la Ley de Procedimiento Administrativo y la Ley de Sinager.
