El nuevo Código Penal de Honduras, que debe entrar en vigor el 10 de noviembre, supone un retroceso en materia de justicia, en opinión de varios sectores del país, entre los que hay quienes consideran que tal como fue aprobado en mayo por el Parlamento, pareciera estar hecho a la medida de los corruptos.
En opinión de la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, con el nuevo Código Penal, que estaría entrando en vigor el 10 de noviembre, 'es más fuerte la pena que un hondureño se robe un celular, que un funcionario público se robe el presupuesto' de la institución a su cargo.
El ejemplo de Castellanos se fundamenta en que en el nuevo Código Penal 'se sanciona con una pena de cuatro a ocho años de cárcel, mientras que la malversación -de caudales públicos- se castiga con penas de cuatro a seis años'.
Sobre el rechazo al Código Penal, el analista Omar García dijo a EFE que además del rechazo de diversos sectores, también disienten el Parlamento y la Corte Suprema de Justicia, mientras que la empresa privada ha pedido una extensión de la puesta en vigencia.
García considera que el nuevo Código Penal 'no ha sido discutido por todos, tal vez por algunos grupos', y que fue creado 'para satisfacer a algunos sectores', además de afectar a segundos y terceros, de los que algunos 'no comprenden realmente qué es lo que está pasando referente a ese Código Penal'.
A manera de ejemplo, citó aspectos que tienen que ver con la corrupción, los manejos de dinero del sector público y la vinculación de la corruptela del sector privado con el público.
'Lo que uno mira es una relajación de las penas en función de que, si devuelve el dinero robado, según lo que presentó el Consejo Nacional Anticorrupción, pues está diciendo que si lo devuelvo, no procede la penalización', expresó García.
La corrupción es un flagelo que, según diversos sectores, es uno de los que más daños le ha causado al país a lo largo de su historia, incluso causante en gran medida de la pobreza que afecta a más del 60 por ciento de los 9,3 millones de hondureños.
'Creo que no estamos viendo toda la situación como corresponde, seguimos teniendo una sociedad que no entiende lo caro que es pagar con un sistema que convive, que gestiona, que tolera y hasta protege la corrupción', enfatizó García.
El nuevo Código Penal, según García, debería de estar hecho a la medida para la prevención, la represión del delito y también para que una vez que las personas paguen una pena, se vuelvan a reinsertar a la sociedad.
'No creo yo que todas las personas son de la misma cosa, la gente hierra, la gente comete errores y no solo por eso debe quedar hundida. Creo que la reinserción en la parte social deberíamos de estarlo considerando, pero ese Código Penal tiene que pasar también, a mi modo de ver, por la depuración en la Corte Suprema de Justicia, en todos los que llamamos actores judiciales que tienen que ver, que participan en eso', acotó.
 El nuevo Código Penal de Honduras está previsto que entre en vigor en noviembre de 2019.
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Añadió que alrededor de 70 a 75 artículos, de más de 600 que tiene el nuevo Código Penal, 'deberían ser revisados'.
'La Sala de lo Penal emitió una opinión, que aunque no es vinculante, es ilustrativa, y en función de eso, el legislador debe tomar en cuenta esas opiniones que aporta el poder judicial para no entrar en estos errores que se cometieron con este Código', subrayó.
Añadió que el nuevo Código Penal debe ser 'un instrumento para bajar los altos índices de criminalidad' y que tal como está redactado hay algunas figuras que 'vienen a perjudicar a algunos sectores, como en el caso del delito contra el honor'.
Hay otros delitos, como el del narcotráfico, que son favorecidos porque les bajaron las penas, a los de corrupción también les redujeron las penas, pero a otros los perjudica. Eso afecta la política criminal que se debe establecer en el país, enfatizó.
Velásquez también expresó que con el nuevo Código Penal, bajo el principio de retroactividad, puede favorecer a muchas de las personas que están presas. EFE
