Tegucigalpa, Honduras
Diferentes organizaciones gremiales se manifestaron públicamente este martes para expresar su rechazo al nuevo Código Penal aprobado por el Congreso Nacional y cuya entrada en vigencia está prevista para noviembre próximo.
El grupo, que incluye entre otros a la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), pero sobre todo al Consejo Nacional Antocorrupción (CNA), dieron lectura a un comunicado en el que consignan sus motivos para rechazar la normativa, así como una petición para que esta sea derogada.
Exposición de motivos
Durante la comparecencia en conferencia de prensa, Pedro Barquero, director ejecutivo de la CCIC, señaló que la corrupción es la raíz de numerosos problemas que plagan a la sociedad hondureña, por lo que se debe mantener una lucha constante contra ella.
A este respecto, declararon su respaldo a la continuidad de las investigaciones que conduce la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih).
Barquero señaló que el Código debe ser derogado porque entre otras cosas restringe la libertad de expresión y suaviza las penas por delitos considerados lo suficientemente graves como para mantener las penas en su dimensión actual.
Por estas razones, argumentan, se hace necesario socializar un nuevo Código que elimine las deficiencias percibidas en el documento aprobado por el Legislativo.
Favorece la corrupción
Gabriela Castellanos, directora del CNA, refirió por otra parte el Código aprobado y publicado ya en el Diario Oficial La Gaceta, es esencialmente diferente del que fue socializado con los diversos sectores, en un proceso que inició en años previos.
A manera de ejemplo, Castellanos citó el Artículo 28 del nuevo Código, que considera restrictivo de la libertad de expresión, en especial con respecto a la forma en que maneja los delitos contra el honor, que resulta contraria a las convenciones internacionales.
La funcionaria argumenta que la reducción de las penas de algunos delitos así como el aceleramiento de la prescripción en otros, favorece sobre todo a quienes cometen delitos relacionados con actos de corrupción y que con la normativa aprobada, podrían quedar, potencialmente, libres de castigo por sus acciones.
Castellanos cuestionó los fines que persiguen los cambios hechos al Código Penal, pues los diputados que los aprobaron parecen haber creado un documento que fomenta la impunidad a los delitos de cuello blanco, entre otros.
