Mayor planificación, transparencia y competitividad en los procesos de compras públicas son algunas de las demandas de los empresarios hondureños respecto a la nueva Ley de Contratación del Estado, cuyo borrador será debatido en los próximos días en el Congreso Nacional.
En el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) consideran que la actual Ley de Contratación presenta “parámetros ambiguos que retrasan los procesos de compra y transparencia”.
Por ello, se hace necesaria una reforma que fortalezca la normativa y optimice su aplicación. “Se tienen que simplificar algunos procesos, pero siempre incluyendo la transparencia y que se garantice la participación de la mayoría de empresas para que puedan participar y ser proveedores del Estado”, manifestó Olvin Mondragón, analista legal del Cohep.
Silvio Larios, gerente de la Cámara Hondureña de Construcción (Chico), declaró que falta de planificación y coordinación en la asignación de recursos ha sido un problema recurrente en los procesos de compra.
“De nada va a servir que tengamos una ley actualizada si no cambiamos la actitud tradicional de nuestras instituciones, hay que trabajar dentro de lo que corresponde a planificación técnica y financiera”, afirmó.
Silvio subrayó que la nueva ley debe permitir una planificación anticipada y efectiva de los proyectos, eliminando los largos plazos que actualmente retrasan el inicio de las obras y los pagos a proveedores.
Según Larios, esperan mayor transparencia y agilidad, especialmente en los procesos de licitación, para que puedan ejecutarse los proyectos como se tienen previstos.
“-Las licitaciones- se tienen que empezar a hacer el 1 de enero a manera que puedan estar otorgando proyectos en los primeros dos meses, ¿qué es lo que pasa? Que empiezan hacer llamados de licitación hasta después de febrero y los proyectos los venimos iniciando a inicios de junio”, expresó. “Al final estos cambios deben ser para mejorar, no para complicar las cosas”, agregó.
Cambios
Entre las modificaciones destacadas en la nueva Ley de Contratación se incluye una reducción en los tiempos de licitación y adjudicación.
Actualmente, el Gobierno utiliza dos principales entidades para la contratación: la Secretaría de Finanzas y la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (Oncae).
Este último expandirá su catálogo de productos bajo la nueva normativa. Otro cambio significativo es la inclusión de pequeñas y medianas empresas (Mipymes) en el proceso de contratación, lo que permitirá una mayor participación como proveedores del Estado.
La ley también introduce un capítulo tecnológico que implementará una plataforma electrónica para mejorar el acceso de los contratistas y facilitar el seguimiento de los procesos.
Además, se establecerá una reducción en los plazos de pago por parte del Estado a las empresas, con el objetivo de asegurar que los proyectos se ejecuten de manera oportuna.
Asimismo, se modificarán los techos económicos asignados a las municipalidades.
Hasta ahora, las autoridades han detallado estos como los únicos cambios en la nueva ley. Sin embargo, preocupa que otras modificaciones que podrían comprometer la transparencia.
Hugo Noé Pino, vicepresidente del Congreso, explicó que la ley está siendo socializada a nivel ejecutivo con diversas entidades gubernamentales. Posteriormente, abrirán un espacio de consulta con el sector privado para garantizar que la normativa responda a sus necesidades.
