La depuración en instituciones operadoras de justicia es un problema aún por resolver, por lo que no se deben poner obstáculos, señaló la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Lisa Kubiske.
Resaltó que, si se quiere ver a una nación basada en ley, hay que tener respeto para los operadores de justicia. “Eso implica dos cosas: hay que depurar porque se ha habido problemas aquí en eso, pero después es una cuestión bastante seria cuando hay asesinato de cualquier policía o de cualquier fiscal”.
En cuanto a las reformas legales que se están haciendo para combatir la criminalidad, dijo que es obvia la importancia de que avancen. “Es importante también que se avance en una forma completamente constitucional y con todo respeto a los derechos humanos”.
“No poner obstáculos innecesarios a las reformas y la depuración que hay que hacer”, agregó la diplomática.
Kubiske aseguró que Estados Unidos está “apoyando el trabajo del Gobierno y de la sociedad hondureña en sí y así vamos a continuar”.
La embajadora expuso lo anterior debido al reciente asesinato del fiscal Orlan Chávez, quien fungió como jefe de la Unidad de Lavado de Activos.
“Quiero expresar por parte de la embajada y del Gobierno de Estados Unidos nuestras condolencias por el crimen”.
En un comunicado, la embajada de EUA condenó enérgicamente el asesinato del fiscal Chávez. “En cualquier país, el asesinato de un funcionario de una institución de los sectores de seguridad y justicia tiene un impacto dañino en los esfuerzos para afrontar la impunidad y fortalecer el Estado de derecho”, cita el comunicado.
El Gobierno estadounidense destacó los esfuerzos del fiscal Chávez para combatir la delincuencia y la inseguridad en Honduras.
Incidencia
En relación con la depuración, la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) remitió a Seguridad 230 expedientes con resolución de despedir a agentes y oficiales de policía.
Sin embargo, las autoridades de Seguridad solo notificaron siete destituciones. Se maneja en investigación un centenar de casos por enriquecimiento ilícito aún por resolver.