La Secretaría de Derechos Humanos en Honduras realizó un monitoreo de las acciones que culminaron con la captura del expresidente Juan Orlando Hernández, señalado por el Gobierno de Estados Unidos de delitos vinculados con el narcotráfico.
La Secretaría informó que durante el seguimiento no se observaron ni se tiene conocimiento de que se haya recurrido al uso de la fuerza al momento de su aprehensión y custodia, o que el sospechoso haya resultado con lesiones por parte de los agentes al momento de arrestarlo, trasladarlo y presentarlo ante los medios de comunicación.
En cuanto al uso de la fuerza, Derechos Humanos aclaró que “no debe confundirse con el despliegue de efectivos, la estrategia utilizada por la Secretaría de Seguridad para la captura de Hernández Alvarado es menester de esta entidad a nivel de diseño e implementación. Por ende, señalamos que es deber de la Secretaría de Seguridad dar cumplimiento a los principios rectores del uso de la fuerza y de las armas de fuego en atención a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad”.
La Secretaría de Derechos Humanos detalló que trabajarán en forma conjunta con la Secretaría de Seguridad con el fin de que se cumpla con las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, que también son conocidas como reglas de Nelson Mandela, particularmente en la regla 47 que se establece la prohibicion del empleo de cadenas, grilletes y otros instrumentos de coerción física que por su naturaleza sean degradantes o causen dolor.
Con esto se pretende incidir para comenzar a superar la práctica instaurada por el régimen precedente, donde prevaleció la política de persecución penal carecente de un enfoque basado en derechos humanos, en la que las personas sospechosas de un delito eran expuestas públicamente.
El expresidente Juan Orlando Hernández está sometido a un proceso de extradición a Estados Unidos por acusaciones de narcotráfico, para cuyo inicio las autoridades de ese país tardaron tres semanas desde que el 27 de enero concluyó sus dos mandatos en el poder (2014-2022).
Desde el martes, cuando fue capturado en su domicilio, en Tegucigalpa, Hernández permanece detenido en una unidad especial de la Policía Nacional, a la que fue remitido por el juez natural designado para atender la solicitud de extradición de Estados Unidos, que lo acusa de tres cargos asociados a narcotráfico y armas.
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La captura de Hernández era esperada por muchos sectores, pero no que fuera tan inmediata tras el fin de sus ocho años de gobierno, a los que se suman cuatro (2010-2014) como presidente del Congreso.
Luego del arresto provisional que el juez le dictó el miércoles, su esposa Ana García escribió en Twitter: “¡Dios es nuestra principal fortaleza y en Él confiamos que hará justicia! Como familia estamos viviendo momentos difíciles que no se los deseamos a nadie”.
Además, agradeció a nombre del expresidente y su familia el respaldo que han recibido de amistades, las bases del Partido Nacional y de miles de hondureños, que han sido “un soplo de aliento” que los ayuda a sostenerse “en medio de la tempestad”, que los “reconforta y anima”.
Apelación por arresto provisional
El miércoles, en la primera audiencia judicial, Hernández conoció sus derechos, los tres cargos que le imputa Estados Unidos y su petición de que fuera capturado, hecha el lunes a través de la Cancillería.
Su defensa solicitó que se le dictara arresto domiciliario, a lo que no accedió el juez, que además le fijó para el 16 de marzo la segunda audiencia para la presentación de pruebas y los argumentos de sus defensores.
Los abogados de Hernández tienen hasta el lunes para apelar la decisión del juez de dictarle “formal arresto provisional”.
El 16 de marzo, si no hay imprevistos, como una eventual petición del exgobernante de entregarse de manera voluntaria a autoridades de Estados Unidos, se estaría conociendo del juez si dictará o no la extradición, coinciden abogados analistas que siguen el caso y han conocido de 32 hondureños extraditados desde 2014 al país del norte.
Otros analistas coinciden en que todo apunta a que Hernández sería deportado, por el peso que suponen las denuncias y acusaciones de Estados Unidos, que al parecer le venía investigando desde 2004.
Además, aducen que hasta ahora las pruebas que presentó Estados Unidos contra los hondureños que ha solicitado en extradición, por narcotráfico, han sido tan contundentes que ninguna fue rechazada.
El expresidente Manuel Zelaya, esposo de la nueva presidenta de Honduras, Xiomara Castro, quien el 27 de enero pasado sucedió en el poder a Hernández, dijo a los periodistas que al menos la nueva administración no ha recibido más peticiones de extradición por parte de los Estados Unidos.
Agregó que lamenta “lo que le pasa a Juan Orlando Hernández y su familia” y que el canciller, Eduardo Enrique Reina, ha dicho que si llegaran nuevas solicitudes les dará el trámite correspondiente.
Dijo además que la presidenta ha reiterado su posición de “no al narcotráfico, no al crimen organizado, no a la corrupción” y que “el Gobierno tiene que luchar en ese sentido hasta lograrlo”.
