Vilma Morales y Rigoberto Cuéllar se mencionan como candidatos fuertes a ocupar la Fiscalía General y la Fiscalía Adjunta, de acuerdo con los cabildeos entre nacionalistas y liberales en torno a la elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público.
Vilma Morales, que fue presidenta de la Corte Suprema de Justicia, es una profesional del derecho ligada a los grupos de poder del partido Nacional. En la actualidad se desempeña como presidenta de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.
Morales declinó a ser parte de la Junta Interventora del Ministerio Público.
La profesional del Derecho deberá figurar en la lista de nominados por la Junta Proponente que, de acuerdo a la nueva Ley del Ministerio Público, actualmente en construcción, será ampliada en cuanto al número de representantes.
En el caso de Rigoberto Cuéllar, fue fiscal jefe de Capacitación. Cuéllar es funcionario del actual gobierno del presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa.
Es miembro del Partido Liberal y participa en el Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional como secretario de Recursos Naturales y Ambiente (Serna).
En el Congreso actualmente se han constituido mesas de trabajo para construir antes del 31 de este mes una nueva Ley del Ministerio Público, de donde saldrán las nuevas bases para elegir al Fiscal General y al Fiscal Adjunto que sustituirán a Luis Rubí y Roy Urtecho.
Varias organizaciones afines al presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández, avalan estas mesas de trabajo, en tanto otras organizaciones de la sociedad civil no están de acuerdo con que se apruebe una ley apresurada han denunciado las maniobras políticas de nacionalistas y liberales para nombrar en el MP a sus incondicionales.
Marvin Ponce, diputado vicepresidente del Congreso, adelantó que hay pláticas encaminadas a ratificar la escogencia de Vilma Morales y de Cuéllar para que ocupen las vacantes dejadas por Rubí y Urtecho.
Hay cuestionamientos
En relación a estos probables nombramientos, Virgilio Padilla, miembro del Partido Anticorrupción y de la barra de abogados contra la Corrupción, señaló que “sería un error gravísimo nombrar a Vilma Morales como Fiscal”. No obstante, comentó que hay que entender que se va a tomar una decisión política respondiendo a ciertos intereses, por lo que recomendó que en este proceso de reformas es importante democratizar la acción penal pública, porque el Fiscal General que elija el Congreso siempre va a responder a los grupos políticos que lo nombraron.
Esto significa quitarle el monopolio al Ministerio Público de ejercer la acción penal, sobre todo en aquellos casos en que están involucrados los políticos, o los grupos de poder.
Estando en suspenso la Junta Proponente, el Congreso Nacional bien puede nombrar a los nuevos fiscales saltando cualquier procedimiento “por esta única vez”.
