El Consejo Nacional Anticorrupción, CNA, reprobó ayer el informe que le presentó el Ministerio Público sobre la investigación de la defraudación fiscal por el contrabando de combustible.
El fiscal general Leónidas Rosa Bautista presentó ayer al CNA un informe sobre la investigación de este escándalo.
“Hemos podido aclarar el caso adecuadamente. Las investigaciones han sido objetivas, el caso no está estancado y continuaremos con la investigación, con las consecuencias que tenga, de manera puntual y efectiva”, expresó el fiscal luego de rendir cuentas ante el CNA.
Pipas fantasma
Según la Fiscalía, de las 519 cisternas de combustible que reportó la Dirección Ejecutiva de Ingresos, DEI, que entraron de forma ilegal, sólo de 11 se probó que efectivamente ingresaron al país al margen de la ley.
Las otras 508 retornaron a Guatemala.
Aunque no lo dijo, se deja entrever que fueron los medios y los políticos quienes sobredimensionaron el escándalo.
En el informe se establece que con estas 11 pipas se defraudó al fisco en unos dos millones de lempira y no en 67, que correspondían al ingreso irregular de las 519 cisternas.
“Un grupo de estas rastras nunca ingresó al país, sino que eran devueltas a Guatemala, formando parte de esa red que operaba en ese país”, dijo.
A juicio de Rosa Bautista, la red de defraudación fiscal también estaba instalada en Guatemala.
Escándalo
Durante meses y meses, la Fiscalía estuvo detrás de este caso, incluso se dijo que el combustible venía de México y pasaba por Guatemala a Honduras, El Salvador y Nicaragua.
El informe presentado por la Fiscalía contradice todas las declaraciones de la ex fiscal del Crimen Organizado, Doris Aguilar, quien aseguró que políticos y empresarios de la costa norte y la capital estaban involucrados en el gasolinazo.
Incluso, el ex procurador de la República, Sergio Zavala Leiva, aseguró que se intervendrían unas 15 gasolineras que habrían comprado combustible que entró de manera ilegal.
Los fiscales demandaron en ese momento al ex presidente Ricardo Maduro por la falta de fondos para resolver el caso, pues se viajó varias veces a Nicaragua y Guatemala.
Además, durante las investigaciones, el cónsul de Honduras en El Salvador, Arnulfo Acosta, fue investigado por el Ministerio Público, por suponer que recurrió a influencias, valiéndose de su cargo, para permitir el trasiego de combustible.
Acusados
Sobre este caso, en el mes de diciembre de 2004, la Fiscalía interpuso una acusación criminal en el juzgado de Ocotepeque en contra de Mario Ronquillo, ex funcionario de la aduana Agua Caliente, y Rafael Merlo, ex administrador de la aduana Las Manos, ambos liberados de responsabilidad.
Además fue acusado Óscar Pinto, ex administrador de Agua Caliente, quien se encuentra con arresto domiciliario y quien negoció con la Fiscalía después de estar prófugo por más de un año. Finalmente se acusó al transportista Félix Guillén, quien aún es prófugo de la justicia.
Todos fueron encausados por diversos delitos, entre ellos defraudación fiscal, abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos.
Reprobados
“La investigación es muy deficiente. Se le daría una calificación de aplazado porque la gente siente que no hay una respuesta contundente. No estamos satisfechos, nos interesa conocer la verdad”, manifestó Juan Ferrera, del CNA.
“Se le ponen muchos recursos a los organismos del Estado para hacer su trabajo y la respuesta es muy pobre”, dijo.
El analista Juan Ramón Martínez, quien también participó en la reunión, dijo que son muy escasos los resultados sobre esta investigación y se preguntaba si fueron un invento político las 519 cisternas, para hacer daño a alguien.
Según Rosa Bautista, resulta injusto que se cuestionen las largas horas de trabajo de los sus fiscales.
Cronología
10 de julio de 2003
Ex funcionario de la DEI informa de irregularidades en El Amatillo.
12 de agosto de 2003
La Ahdippe envía una nota denunciando el irregular tránsito.
29 de diciembre de 2003
Personal de la DEI es enviado a La Ceiba y no halla nada.
Enero de 2004
Denuncian a cuatro empresas en el contrabando de combustible.
30 de marzo de 2004
Guatemala y El Salvador remiten documentos sobre la importación.
9 de septiembre de 2004
La DEI recibe el informe que confirma el ingreso de 519 cisternas.
Supuestos involucrados
Aidé Guillén de Pinto, propietaria de una gasolinera en Ocotepeque, está casada con el ex administrador de la aduana de Agua Caliente, Óscar Pinto, ahora preso en su domicilio.
Félix Roberto Guillén y Freddy Guillén son hermanos de Aidé.
Freddy era oficial de aduanas en Agua Caliente y Félix era propietario de Transportes Guillén e Inversiones Marxiomel.
Según la Policía, estas empresas introdujeron el combustible al país.
César Pinto, sobrino de Óscar Pinto, era diputado del Partido Nacional por Ocotepeque.
Sandra Marlén Pinto y Denia Carolina Pinto son hijas de Aidé Guillén y Óscar Pinto.
Sandra era la directora de Defomin, dependencia de la Serna, y Denia está casada con Armando Chinchilla, profesional del derecho y encargado de desvanecer los reparos de las empresas.
Erasmo Portillo era el ministro director del INA y quien hizo la constitución de la empresa Inversiones Marxiomel y Transportes Lilian.
Está casado con Sandra Pinto.
Denia Carolina Pinto era la asistente de Ricardo Álvarez cuando era secretario privado del presidente Ricardo Maduro.
Erasmo Portillo era el coordinador de la campaña de Ricardo Álvarez y Armando Chinchilla era el secretario privado de Ricardo Álvarez.
Datos
El gasolinazo se descubrió en la administración de Ricardo Maduro, en las aduanas Agua Caliente, Las Manos y El Amatillo.
En campaña electoral, los mismos nacionalistas culparon a correligionarios con cargos en el Gobierno del escandaloso fraude.
Los liberales, en campaña, aseguraron que el “gasolinazo” sería uno de los primeros temas a desvelar cuando ganaran.
En tres meses de gobierno liberal, los nacionalistas no han hecho oposición, al contrario, han apoyado las decisiones liberales.
