El empresario Miguel Facussé anunció ayer que el próximo 1 de junio pedirá el desalojo inmediato de unas 3,500 familias que desde hace dos años ocupan siete de sus fincas ubicadas en el Bajo Aguán.
El representante del inversionista, Roger Pineda, informó que el empresario está cansado de esperar que le paguen los 550 millones de lempiras por la venta forzada de un poco más de cuatro mil hectáreas cultivadas de palma africana.
El plazo que ha dado al gobierno de Lobo Sosa y a los dirigentes del Muca (Movimiento Unificado Campesino del Aguán) para que le paguen sus tierras, vence el 31 de mayo.
“Si no hemos sido pagados el 31 de mayo, el primero de junio vamos a tener que presentar las órdenes de desalojo porque estamos viviendo en un país de leyes”, dijo el asesor jurídico de Corporación Dinant, propiedad de Facussé.
“Nosotros hemos colaborado, no es que estamos en una posición de no colaborar. Estamos a dos años y medio de que comenzó este problema”, añadió el ejecutivo.
“Entendemos la complejidad que existe, pero este plan de negocios lo venimos escuchando desde el mes de enero. Si nos buscan a nosotros en dos o tres días les podemos tener esos planes de negocios y darles el soporte necesario y las guías, si es que no conocen cómo poderlas elaborar adecuadamente”, expresó Pineda.
Pineda se refería a las dificultades que ha tenido el INA (Instituto Nacional Agrario) para concertar con la margen derecha del Muca el plan de negocios que le permitirá a los campesinos pagar las tierras y generar rentabilidad para su subsistencia.
Problema resuelto
La amenaza de desalojo por parte de Facussé fue rechazada de inmediato por los dirigentes campesinos. El empresario sabe que “solo muertos nos va a sacar de aquí”, dijo un dirigente.
El director del INA, César Ham, dijo que el problema de pago de las tierras al empresario agrícola quedará resuelto a finales de mes. “Lo que le puedo garantizar a don Miguel Facussé es que antes de que termine este mes, nosotros vamos a culminar con el proceso”, dijo el funcionario.
“El caso aquí es una compraventa entre particulares, los campesinos del Muca que le van a comprar a don Miguel Facussé”.
“El Estado lo que hará es servir de aval solidario y vamos a poner bonos del Tesoro de la República para respaldar esa operación. En todo caso, la operación es entre particulares. No es el Estado el que está comprando tierras. Los que pagarán las tierras son los campesinos”, recordó Ham.
Ham expuso que los planes de negocios son los que han atrasado el proceso de compraventa de las tierras ocupadas por los campesinos. En este plan el Muca exige que las tierras generen rentabilidad para pagar el préstamo millonario y den para el sustento de las familias.
La elaboración de estos planes “no es una labor fácil, aquí hay que hablarle con la verdad al pueblo hondureño. No es una tarea fácil, es muy difícil”, dijo Ham. “Necesitamos una actitud de parte de don Miguel que contribuya a resolver el conflicto, no a agravarlo”, dijo.
Con la amenaza de Facussé de desalojar a los campesinos “más pareciera que no se quiere contribuir a la solución definitiva de un conflicto que nosotros desde el Gobierno hemos estado profundamente interesados en resolver”.
“Hemos tratado de ser lo más diligentes posible: Hemos tratado de avanzar en la responsabilidad que nos corresponde a nosotros”, añadió Ham.
El gobierno de Lobo Sosa no ha cumplido con el 100% del compromiso asumido con los campesinos y, por otro, no le ha pagado las tierras ni a Facussé ni a René Morales. A este último le ocuparon unas 600 hectáreas que el Marca (Movimiento Auténtico Renovador Campesino del Aguán), debe pagar.
El acuerdo suscrito con los campesinos en abril de 2010 comprometía al Gobierno a entregar once mil hectáreas en el término de dos años. Sin embargo, solo fueron entregadas 4,700 hectáreas, de las cuales 4,100 (de Miguel Facussé) están en poder del Muca y otras 600 (de Morales) están en posesión del Marca.
El grupo del Muca, que está ubicado en la margen izquierda del río, que lo conforman unas 1,600 familias, ya aceptó el préstamo ofrecido por el Gobierno para pagar sus casi dos mil hectáreas que posee.
Por conflicto en el Bajo Aguán merman créditos al agro
Ante la incertidumbre en el agro y el derramamiento de sangre, el Gobierno debe finiquitar de una vez por todas la crisis que existe en el Bajo Aguán.
La opinión fue brindada por el directivo del Cohep (Consejo Hondureño de la Empresa Privada) Benjamín Bográn, ante el ultimátum emitido al Instituto Nacional Agrario por el empresario Miguel Facussé para que le paguen unos 550 millones de lempiras por la venta de sus fincas.
Bográn lamentó que debido a este clima de incertidumbre, ha mermado la emisión de créditos nacionales e internacionales al agro, así como se alejó la inversión privada a este sector.
“No nos podemos, también, dar el lujo de perder más vidas de hondureños por conflictos derivados de la tenencia de la tierra. Debido al conflicto del Aguán ya se ha derramado demasiada sangre”, dijo.
Fue del parecer, por otro lado, que este tema propicia un clima negativo para atraer al país más inversión extranjera directa que genere empleo y riqueza en el agro.
Lamentó que además de los grandes propietarios de las tierras del Bajo Aguán, están siendo afectados los dueños de pequeñas plantaciones.
“Tenemos conocimiento de que esta zona se ha vuelto una tierra sin dueño, en donde impera el robo de fruta y de ganado entre otros delitos”, expresó el dirigente empresarial.
