México acusó a Estados Unidos este jueves de no cumplir con sus obligaciones internacionales y de ignorar el fallo de la Corte Internacional de Justicia, CIJ, de La Haya de revisar las sentencias de muerte de 51 mexicanos, uno de los cuales será ejecutado en agosto.
'Nos enfrentamos a actos que ponen de manifiesto que Estados Unidos no cumple con sus obligaciones internacionales', dijo ante el tribunal con sede en La Haya Juan Manuel Gómez-Robledo, subsecretario de asuntos multilaterales del ministerio mexicano de Relaciones Exteriores.
En marzo de 2004, la más alta instancia de justicia de la ONU ordenó que se revisaran los procesos de 51 mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos con el argumento de que no fueron informados a tiempo y en su debida forma de su derecho a tener asistencia consular.
Según señaló este jueves la parte mexicana, cinco de los sentenciados están en 'inminente peligro' de ser ejecutados en el estado estadounidense de Texas si no se lleva a cabo la revisión pedida por el CIJ.
Uno de los reos mexicanos, José Medellín, de 33 años y condenado por haber violado y matado a dos adolescentes en Texas en 1993, tiene ya fecha de ejecución: el 5 de agosto.
Por lo menos otros cuatro están 'en peligro inminente' de que la fecha de su ejecución sea fijada por el Estado de Texas, con períodos de notificación de tres a nueve meses, según México.
Gómez-Robledo dijo a los 12 jueces de la CIJ que México intentó varias veces obligar a su poderoso vecino del norte a acatar la sentencia de la Corte de La Haya.
El subsecretario mexicano precisó que, contrariamente a lo que sostiene el gobierno estadounidense, ese país puede poner en marcha una serie de medidas para satisfacer la sentencia de la CIJ.
'Cinco mexicanos pueden ser ejecutados sin que sus sentencias y casos hayan sido revisados, como es su derecho', recordó.
México ha solicitado que las ejecuciones de los 51 condenados sean temporalmente suspendidas hasta que la CIJ pronuncie su veredicto final.
Sandra Babcock, directora de la Oficina para Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Northwestern de Chicago, defendió la posición mexicana alegando que Texas ha ejecutado a 407 personas desde 1982 y tiene intenciones de ejecutar a otras 14 este año.
El aplazamiento de una sentencia es otorgado en sólo uno de cada 200 casos, una 'diminuta esperanza', agregó.
'Hay menos de 1% de probabilidades de que la Junta de Clemencia de Texas conmute sus sentencias de muerte', afirmó Babcock, refiriéndose a los condenados mexicanos.
El abogado Donald Donovan, quien también defendió a los condenados mexicanos, afirmó que Estados Unidos ha reconocido su obligación de obedecer el fallo de 2004, y 'sin embargo Medellín se encuentra peligrosamente cerca de la ejecución, sin haber logrado que ésta sea revisada y reconsiderada'
Si decidiera ordenar a Estados Unidos de que debe utilizar todos los medios que están a su alcance para efectuar estas revisiones, el tribunal estaría 'reivindicando la legislación internacional, las relaciones entre los países y el compromiso de Estados Unidos con el estado de derecho', sostuvo Donovan.
