Tegucigalpa, Honduras.
El expresidente y actual diputado por Libre Manuel Zelaya Rosales dijo estar en contra de las extradiciones.
Zelaya declaró a los periodistas que presentará una contrarreforma constitucional en el Congreso Nacional para volver a prohibir la extradición de hondureños.
Aseguró que con la reforma que permite la extradición se abrió una puerta muy grande que ahora afecta a todos porque Estados Unidos está decidiendo el futuro de muchos hondureños.
Consideró que esa reforma constitucional significa una injerencia de un país en otro.
Sin embargo, Zelaya es uno de los mayores impulsores de la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad, o Cici, donde serían jueces y fiscales internacionales los que se encargarían de aplicar la justicia en el país.
Sobre el tema, el diputado nacionalista Oswaldo Ramos Soto expresó que en los países con más potencial económico, con mejor estructuración jurídica, se permite la extradición. Ramos Soto indicó que el artículo 102 reformado, que permite la extradición de nacionales, debe mantenerse, en Honduras y en cualquier país subdesarrollado “muchas veces influencian los gobiernos a los órganos jurisdiccionales y eso no es correcto”.
El diputado de Libre, Bartolo Fuentes, opinó que para el artículo 102 constitucional debe haber una ley que lo regule. Fuentes acotó que con las extradiciones no se acabará la impunidad en Honduras, ya que a Estados Unidos no le interesa perseguir el delito que se comete en Honduras y que afecta a los hondureños, sino que está persiguiendo a las personas que cometen delito y que les afecta a ellos, enfatizó.
El expresidente y actual diputado por Libre Manuel Zelaya Rosales dijo estar en contra de las extradiciones.
Zelaya declaró a los periodistas que presentará una contrarreforma constitucional en el Congreso Nacional para volver a prohibir la extradición de hondureños.
Aseguró que con la reforma que permite la extradición se abrió una puerta muy grande que ahora afecta a todos porque Estados Unidos está decidiendo el futuro de muchos hondureños.
Consideró que esa reforma constitucional significa una injerencia de un país en otro.
Sin embargo, Zelaya es uno de los mayores impulsores de la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad, o Cici, donde serían jueces y fiscales internacionales los que se encargarían de aplicar la justicia en el país.
Sobre el tema, el diputado nacionalista Oswaldo Ramos Soto expresó que en los países con más potencial económico, con mejor estructuración jurídica, se permite la extradición. Ramos Soto indicó que el artículo 102 reformado, que permite la extradición de nacionales, debe mantenerse, en Honduras y en cualquier país subdesarrollado “muchas veces influencian los gobiernos a los órganos jurisdiccionales y eso no es correcto”.
El diputado de Libre, Bartolo Fuentes, opinó que para el artículo 102 constitucional debe haber una ley que lo regule. Fuentes acotó que con las extradiciones no se acabará la impunidad en Honduras, ya que a Estados Unidos no le interesa perseguir el delito que se comete en Honduras y que afecta a los hondureños, sino que está persiguiendo a las personas que cometen delito y que les afecta a ellos, enfatizó.
