20/12/2025
11:05 PM

Malestar por estancamiento de reformas a la seguridad pública

Hay una intención deliberada y aparentemente política de atrasar las reformas a los órganos de seguridad y justicia, señala Matías Funes.

La frustración embarga a la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública (CRSP) ante la dimensión sin precedentes que ha cobrado la violencia en Honduras en los últimos días y la tardanza e ineptitud del Poder Ejecutivo en someter a discusión y aprobación el paquete de reformas a los organismos de seguridad y los operadores de justicia entregado hace cinco meses al Gobierno.

El pasado 26 de octubre, la CRSP entregó al presidente Porfirio Lobo Sosa siete iniciativas de ley, entre estas, el anteproyecto de la carrera del servidor del Ministerio Público, la nueva Ley de la Policía Nacional, la Ley de la Carrera Policial y
la Ley de Reforma a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

También la Ley de Reforma al Ministerio Público, la reforma a la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial y el anteproyecto de reforma constitucional para la selección de los miembros del Ministerio Público, el Poder Judicial y el Tribunal Superior de Cuentas.

Casi cinco meses han pasado desde que estas iniciativas fueron turnadas a la Presidencia de la República para su análisis y su posterior envío al Congreso Nacional a efecto de someterlas a su inmediata discusión y aprobación; sin embargo, las mismas “duermen el sueño de los justos”.

Las fuentes consultadas confirmaron que estas leyes son vitales para la depuración del estamento policial hondureño vinculado en los últimos años a graves violaciones a los derechos humanos y actividades ilícitas en alianza con el crimen organizado, así como el adecentamiento del Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia.

Se disparan los índices

En diálogo con LA PRENSA, el miembro de la CRSP, Matías Funes, expresó su frustración porque este paquete de leyes es de vital importancia para mejorar el accionar de los operadores de justicia y de la Policía Nacional para combatir la inseguridad y reducir los altos niveles de violencia que imperan en la sociedad hondureña.

De acuerdo al Observatorio para la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), el país registró el año pasado un índice de 85.5 homicidios por cada 100
mil habitantes, lo que coloca a Honduras y particularmente la ciudad de San Pedro Sula como la nación y la ciudad más violentas del mundo.

Frente a la dimensión que ha cobrado la inseguridad y la violencia en el país, el Gobierno ha actuado con lentitud en remitir el paquete de leyes a consideración de los diputados, manifestó Funes, quien estimó que aparentemente hay intereses políticos de atrasar la aprobación de las reformas por suimpacto que tendrá en el Ministerio Público, la Corte y la Policía.

Atraso intencional

Según Funes, hasta ahora, la Presidencia de la República no ha explicado las razones del porqué los proyectos de reforma turnados por la CRSP siguen sin ser enviados al Congreso Nacional para su aprobación, mientras la violencia sigue cobrando más vidas en el país y la inoperancia de la Policía y el Ministerio Público salta a la vista.

“Los proyectos de ley que nosotros presentamos desde el 26 de octubre prácticamente están dormidos, el Ejecutivo se quedó con ellos, no los ha canalizado al Legislativo y eso nos preocupa, dado que no vemos una respuesta inmediata y fluida al problema de la inseguridad”, lamentó el miembro de la CRSP.Recordó que en esa oportunidad el Presidente de la República dijo que estaba comprometido en un 300% con la reforma a la seguridad, sin embargo, lamentó que ha existido una “tremenda lentitud” del Ejecutivo.

Señaló que todavía en diciembre hubo una reunión con el Presidente de la República y en esa fecha él aún no los había cursado al Congreso Nacional.
“Nosotros hemos dicho que el Presidente de la República no está de acuerdo con estos proyectos, bueno que plantee sus observaciones, pero que no los estanque, que es lo que ha ocurrido”, señaló.

Funes se mostró extrañado que el paquete de reformas se encuentre estancado y sin avances, dado el nivel de inseguridad que impera en la sociedad hondureña, “de modo que no es la Comisión que ha actuado con lentitud, al contrario es el Ejecutivo que ha actuado con lentitud, porque públicamente se conoce que desde el 26 de octubre se presentaron”.

Aclaró que no debe verse que estas reformas solventarán el problema de la inseguridad de la noche a la mañana, porque el fenómeno es de tal magnitud en el país, que los cambios se irán viendo en forma paulatina y serán el punto de despegue para ir atacando los altos niveles de delincuencia.

Funes dijo que la tardanza puede obedecer al hecho que estas leyes tocan intereses, porque hay sectores políticos que están de acuerdo en mantener el status quo en cuanto al nombramiento del fiscal general, fiscal general adjunto y magistrados de la Corte Suprema de Justicia y que siga la repartición de esos puestos por los partidos políticos. También hay sectores que están interesados en que la Policía siga siendo un ente militarizado y que no pase a convertirse en una policía comunitaria, “eso no les conviene”.

“Muy respetuosamente exhortamos al Presidente de la República a que actué con más agilidad y más diligencia y que en el término más corto posible, estas leyes sean pasadas al Congreso Nacional y si él tiene observaciones que las plantee aparte, pero que no sea obstáculo para que sean aprobadas”, finalizó.

Va lenta la depuración policial


Tegucigalpa. Matías Funes manifestó que los cambios y reformas en la seguridad pública pasan por una verdadera depuración del estamento policial hondureño, y dentro de eso se requiere la certificación de las pruebas de confianza que aplica la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), lo que hasta ahora no se ha hecho.

“Nosotros solo certificamos o no el trabajo que desarrolla la DIECP y somos críticos en relación a ese trabajo porque nos parece que las pruebas de confianza y la depuración deberían de comenzar desde la cúpula, no desde abajo. Por ejemplo hay quejas de los sobornos que cobran los agentes de Tránsito, pero la gran corrupción está en las cúpulas”, observó.

Por otro lado, criticó que existe incoherencia en la información que ofrece la DIECP, porque un día proporciona algunos datos y otro día otros.