Hace unas semanas, el Gobierno aseguraba que a Honduras no le urgía un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, al contrario de los demás países de Latinoamérica. Se negaba que la crisis financiera mundial estuviese impactando en las finanzas nacionales, no había urgencia de aprobar el Presupuesto General de la República ni se concretó el plan anticrisis. Ayer, el panorama cambió radicalmente. Hay crisis y las cifras son desalentadoras.
Tras el anuncio del Congreso Nacional del pago del decimoquinto mes de salario a los trabajadores hondureños, la ministra Rebeca Santos mostró las cifras.
Las finanzas del Gobierno tienden hacia la iliquidez.
Santos espera que las proyecciones de captación del Impuesto sobre la Renta no se desplomen.
Las declaraciones de la funcionaria contrastan con un discurso de funcionario del primer mundo del presidente del Banco Central de Honduras, Edwin Araque, quien sostiene que es innecesario firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, FMI, porque la economía hondureña está protegida de los efectos de una crisis financiera internacional. La realidad es otra, según las declaraciones de la ministra.
'Viviendo al día'
La ministra reveló que se está 'viviendo al día y se tiene una situación financiera muy apretada'. Según la funcionaria y para alejar señalamientos de que se trabaja para un gobierno despilfarrador, dijo que el gasto total registrado de enero a marzo de 2009 fue de 11,067 millones de lempiras, que representan el 18.4 por ciento de ejecución del presupuesto ampliado; en cambio, este indicador de gasto fue de 18.5 por ciento el año anterior.
El Poder Ejecutivo aún no presentó al Congreso Nacional la asignación presupuestaria para el presente año, por lo cual se trabaja con la del año anterior. Es bueno mencionar que el Gobierno presupuestó en 2008 más de 2,000 millones de lempiras por concepto de un subsidio al alto precio de los carburantes. Estos recursos están disponibles para que el Gobierno los utilice como mejor le parezca porque la cotización del petróleo cayó a los precios de hace cuatro años. Todo esto y los gastos estatales en publicidad y viajes de funcionarios son criticados por varios sectores y analistas hondureños.
Desaceleración
Las cifras del Gobierno comienzan a matizarse de rojo, 'aunque aún no se toca fondo'.
El Impuesto sobre Ventas, que es el tributo representativo del consumo interno del país, bajó en su recaudación. 'El ISV es sensible a una caída y a la desaceleración en la captación de las remesas familiares', advirtió la funcionaria. La desaceleración del comercio de Honduras también se refleja en una dramática caída en el impuesto a la importación. Las importaciones fechadas en enero del presente año, de materias primas, productos intermedios, materiales e insumos de construcción, y los bienes de capital reportan una caída respecto al mismo período de 2008.
Espera que este año se mantengan las proyecciones del Impuesto sobre la Renta, un tributo que representa casi 10,000 millones de lempiras. El flujo de las remesas familiares, según la funcionaria, tiende a desacelerarse respecto a la captación del año anterior.
'Todos los indicadores macroeconómicos del país registrados durante el primer trimestre del año se están desacelerando', confirmó.
Los desafíos
Santos indicó que es necesario suscribir un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, FMI, debido a la presencia de los primeros efectos de la desaceleración del crecimiento económico del país y no porque Honduras esté sumida ante una profunda crisis económica.
'La mayoría de los países centroamericanos tienen suscritos acuerdos precautorios con el FMI', expresó.
Para la funcionaria, el monto de las reservas internacionales es suficiente para garantizar tres meses de importaciones. Además, durante este año se redujo considerablemente el precio del petróleo, las materias primas y los alimentos. 'Es necesario tener un programa precautorio con el Fondo Monetario para tener un adecuado nivel de reservas internacionales. Creo que éste no será el problema de la economía hondureña en el presente y durante el próximo año', comentó.
Por la tarde, en la conferencia, Santos agregó: 'Vemos con enorme preocupación que el impacto fiscal de esta decisión unilateral... puede significar aproximadamente 4,000 millones de lempiras'.
No detalló qué porcentaje de esta cantidad se dejaría de captar por pago del ISR y cuánto por la cancelación directa del Gobierno a sus empleados por esa nueva obligación, en el caso de que se apruebe.
Ramón Velásquez Nazar
'El estado gasta como si no hubiera crisis'
De acuerdo al vicepresidente del Congreso Nacional, Ramón Velásquez Názar, el decimoquinto salario será para poner un freno a los excesos del Gobierno y para que el trabajador pueda disponer de mayores recursos económicos.
Está claro que esa medida será un impacto al disminuir los ingresos fiscales; sin embargo, al lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, FMI, habrá disponibilidad de mayores recursos que harán que sean mínimas las diferencias que el Estado dejará de captar vía Impuesto sobre la Renta, dijo.
Aseguró, además, que es apenas una parte de las medidas anticrisis que aprobará el Congreso para generar empleo público masivo 'porque vienen megaproyectos como la unión de Amapala con tierra firme, en Valle, y la posterior construcción de una vía para ferrocarril entre la misma Amapala y Puerto Castilla, en Trujillo'.
También se sumarán proyectos hidroeléctricos y de generación eólica, que empezarán a construirse y generarán empleos que harán más dinámica la economía en este período crítico.
El presidente del Congreso, Roberto Micheletti, sometió a consideración del pleno un proyecto de ley orientado a pagar el decimoquinto salario a los trabajadores en Honduras, el cual las empresas pagarán mediante la deducción de la renta neta gravable del Impuesto sobre la Renta que deben declarar ante la Dirección Ejecutiva de Ingresos.
Plan anticrisis
'Creo que el problema con el proyecto es que alguna gente no lo ha leído o no lo ha entendido: el fundamento teórico es que Honduras ha estado creciendo en los últimos años; sin embargo, al mismo tiempo ha estado creciendo la pobreza, lo que confirma que es un problema no sólo de producción, sino de distribución', dijo.
Agregó: 'El proyecto es parte de un plan más global anticrisis que busca devolver esos recursos al trabajador a través del decimoquinto salario y contribuir a la reactivación de la economía pues la población tendrá recursos para pagar. Lógicamente, alguien tendrá que pagar los costos de la decisión y lo hará el Ejecutivo a través del Impuesto sobre la Renta, no en la misma proporción, porque el decreto plantea que la planilla del decimoquinto mes se reduzca del ingreso neto sobre el monto del cual se calcula el ISR. Eso significa que no será el empresario el que pagará, sino el Estado a través de los impuestos'.
Añadió que esa disminución de impuestos que pagará el Estado es menor de lo que podría significar si no existiera el decreto. 'El otro argumento es que si le devolvemos el dinero a la población, tenemos la certeza de que la gente lo gastará. Hay que orientar ese gasto, obviamente, pero si lo dejamos como impuesto en el Ejecutivo, no sabemos qué pasará con ese dinero'.
Despilfarro
'Hemos estado reclamando un plan de austeridad porque los gastos del Estado se hacen como si no hubiera crisis. Gastan en viajes, viáticos y en publicidad, en un montón de cosas improductivas que cargan más la crisis actual. Ésa es la diferencia con el Ejecutivo, que plantea que ese salario debe pagarlo la empresa y no el Estado a través del impuesto. Pero, para nosotros, si lo que estamos devolviendo es el recurso a la población, vamos a obligarlos a hacer eficiente al sector público. Tendrá los gastos estrictamente necesarios para operar y no como ha estado sucediendo hasta ahora, que ha habido demasiado gastos suntuarios'.
Para ser más explícito, señaló: 'Esto se ve en dos vías: por un lado, el incentivo al trabajador y por otro, ponerle freno al Gobierno porque hemos estado pidiendo que nos mande el Presupuesto y, mientras, se gasta todo lo que les llega a las arcas. En segundo lugar, insistimos en que en un período de crisis debe haber austeridad en el gasto, algo que tampoco ha estado haciendo el Gobierno.
El Ejecutivo ha reconocido que faltan recursos para la inversión pública y para el gasto corriente y que hace falta llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional'.
Velásquez dejó claro que las decisiones son políticas y que ésta no es la excepción, y en ese sentido será aprobada por el CN, sólo falta el dictamen para saber quiénes pagarán, qué empresas estarán exentas, pero lo más seguro es que la mediana y la gran empresa lo tendrán que pagar.
