El Congreso Nacional reanudó ayer las sesiones en las cuales se conocieron varios proyectos de ley, como una reforma a la Estrategia para la Reducción de la Pobreza, ERP, con el fin de legalizar las transferencias para pagar sueldos y salarios.
Además, se contempló otra iniciativa para que las corporaciones municipales elaboren, aprueben y ejecuten los presupuestos municipales mediante cabildos públicos.
Se presentó otra propuesta de ley para que toda empresa que brinde internet lo haga de forma gratuita a las escuelas y colegios públicos del país.
Los legisladores también conocieron la propuesta que elaboró la diputada por el departamento de Cortés, Norma Calderón, orientada a solventar el problema que hay en varias colonias de San Pedro Sula y Choloma, cuyos pobladores tenían sus créditos hipotecarios con bancos que desaparecieron y ahora les están rematando sus viviendas.
El artículo uno de la propuesta pide autorizar al Ejecutivo a recibir del liquidador los bienes inmuebles, particularmente viviendas, lotes aptos para el desarrollo de proyectos habitacionales y proyectos de administración como abono a la deuda que se tiene con el Estado.
El artículo cinco pide condonar totalmente los intereses moratorios de las personas que hayan adquirido viviendas en las colonias San Carlos, Cerro Verde, Las Cascadas, Lomas de La Cascada, todas en Choloma y la colonia Villa Olímpica, San Juan y Santa Martha, en San Pedro Sula.
Esta acción será para quienes se hayan atrasado en sus pagos debido a la quiebra del Banco Corporativo y el Banco Hondureño de Créditos y Servicios, Banhcreser.
Presupuesto
El diputado Ángel Edmundo Orellana propuso el presupuesto participativo para instituir en Honduras mecanismos de participación reales en los cuales el ciudadano estará involucrado en la elaboración, aprobación y ejecución del presupuesto municipal.
“El problema actual es que el ciudadano no tiene ninguna participación en ninguna de las etapas del presupuesto, es decir, si a un alcalde se le antoja hacer un proyecto lo hace sin consultar al pueblo”, aseveró.
Agregó que hay ediles que se proponen hacer una calle, pero talvez el pueblo necesita una escuela o un alcantarillado.
“Eso no lo consultan las corporaciones, entonces queremos que haya consulta y los castigaremos con la nulidad del pleno derecho en caso de que no se haga”, añadió Orellana.
Más que una consulta, el presupuesto debe aprobarse en esas instancias de cabildos abiertos, consejos de ciudad y en la ejecución se pretende crear mecanismos para supervisar que esos proyectos se cumplan, así la gente de cada colonia o aldea sabrá cuánto cuesta la obra y qué se hará.
“Lo que las municipalidades presenten como programa de inversiones para reducir la pobreza será más legítimo porque estará fundamentado en la voluntad popular del vecino del municipio y ni el Gobierno podrá pararlo, pues el pueblo lo pide”, dijo.
Reformas
La vicepresidenta del Congreso, Lizzy Flores, presentó la iniciativa para reformar la Ley de Estrategia para la Reducción de la Pobreza en el artículo cuatro, orientada a legalizar las transferencias para pagar sueldos.
Según Flores, la ley sólo enunciará lo que en la práctica se está haciendo: pagar los salarios de maestros de las escuelas rurales, de las enfermeras y los dos mil nuevos policías a contratar con esos fondos de la pobreza, situación que aseguran se hace desde el gobierno anterior.
Manifestó que usar esos fondos para pagar salarios no significa fomentar la democracia, es imposible de considerar, especialmente en un país donde se necesita ser más efectivo.
“Esto no es para aumentar sueldos ni para emplear nuevamente gente en el Gobierno, es para atender áreas rurales con enfermeras, maestros y policías a fin de combatir la pobreza y la delincuencia”, añadió.
Flores dijo que los cooperantes internacionales que condonaron la deuda apoyan esta reforma porque entienden que esas acciones son también para reducir la pobreza.
“Si las reformas se aplican hasta el próximo año no necesariamente se ha violentado la Ley de la ERP con las transferencias anteriores, porque fueron hechas con el visto bueno de los cooperantes y además iban en la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos”, señaló.
En este sentido, el Comité Central del Partido Nacional denunció que este Gobierno sigue haciendo politiquería con los fondos de los pobres.
Así lo dicen
“Esta reforma será para normalizar lo que se ha estado haciendo, además se hizo en el gobierno pasado y no hubo problemas”.
Lizzy Flores
Vicepresidenta del Congreso Nacional
'El Partido Nacional está en desacuerdo con el uso de los fondos de la pobreza, pero la última palabra la darán con el presupuesto'.
Antonio Rivera
Diputado Nacionalista
En enero clausuran Congreso
Tras volver a sesiones ayer el Congreso Nacional, su presidente Roberto Micheletti confirmó que las asambleas que se clausurarían este jueves 21 de diciembre se ampliaron hasta enero de 2007, para dar oportunidad a aprobar más leyes.
Según Micheletti, está pendiente la ley del consumidor, la ley para importar vehículos con más antigüedad, la ley marco de telecomunicaciones y la del Presupuesto General de la República, entre otras.
La agenda legislativa contempla a partir de hoy la discusión del presupuesto de la nación para el año fiscal 2007, que contempla 47 mil millones para el gobierno central y 44 mil para las instituciones descentralizadas.
En su agenda el Congreso tiene pendientes la ley forestal y la ley de protección al Lago de Yojoa.
Los nacionalistas proponen que los 2,700 millones de lempiras producto de la condonación sean utilizados en programas para madres y niños sin hogar, jóvenes e infantes en la escuela y trabajos para la juventud y microempresarios.
