'Lamentamos este hecho”: Juan Carlos Sikaffy, presidente del Cohep

Manuel Zelaya Rosales, coordinador general del Partido Libertad y Refundación (Libre), lamentó el hecho y dijo que el accionar de este cuerpo demostró que “el titular del crimen organizado es el propio Estado”.

También recordó que la Maccih fue una exigencia del pueblo hondureño en las calles. Para el ex-Presidente, esta acción es muestra de los altos niveles de corrupción que existen desde el Estado de Honduras. “El titular del crimen organizado en Honduras es el propio Estado, lo mismo que nos están diciendo los fiscales de Nueva York, esa certeza queda clara para el pueblo hondureño”, expresó. Dijo que hay una convocatoria para una protesta el lunes 27 de enero para pedir la renovación del convenio. “La oposición firma hoy para que se prorrogue el convenio e incluso firmamos por eso en el Congreso Nacional, pero el Gobierno es el que no la quiere”, concluyó.

Omar Rivera, de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), dijo que el combate a la corrupción no debe detenerse.

Añadió que al margen de este fracaso en las negociaciones entre la OEA y el Gobierno de Honduras, ahora se debe construir, con la participación de todos los sectores de la sociedad y la institucionalidad estatal, un Plan Nacional Anticorrupción y un Sistema de Integridad que permita ponerles freno a los actos ilícitos. “Debemos fortalecer las capacidades de los entes contralores del Estado y las instituciones operadoras de justicia, muy especialmente el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Ministerio Público (MP) y Poder Judicial. El rol de la sociedad civil es fundamental y se debe crear un clima a la auditoría social y veeduría ciudadana, y para que con su legitimidad y capacidad puedan coadyuvar en el combate a la corrupción”.

El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Juan Carlos Sikaffy, a través de su Twitter afirmó que el Cohep al estar comprometido con el combate a la corrupción y la impunidad lamenta la no renovación del convenio de la Maccih y reitera su posición de seguir impulsando las iniciativas necesarias que transparenten las acciones públicas y privadas por el bien de todos los hondureños.

Asimismo, en otro tuit hizo un llamado a las partes a continuar trabajando en una nueva propuesta que genere los consensos necesarios que permitan fortalecer la institucionalidad y evolucionar en el combate a los flagelos de la corrupción y la impunidad en el país. “Es hora de estar unidos y aportar nuestro mejor concurso vigilando que la lucha contra los flagelos que nos impiden prosperar sean combatidos con determinación y compromiso de país”, finalizó.

La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, fue contundente luego que trascendiera la no renovación, al redactar un tuit en su cuenta personal de Twitter afirmando: “No es el fin de la Maccih, es el fin del Estado de derecho en Honduras”.

Luego compartió en ese mismo perfil el comunicado oficial de la postura del CNA que afirma que la decisión adoptada no refleja la voluntad popular, sino el deseo de las estructuras de poder instauradas en el país, por lo que no extender el convenio es el último acto desesperado de impunidad efectuado por quienes en algún momento sintieron amenaza de ser señalados por la ejecución de actos de corrupción tanto en el pasado como en el presente.

“Alertamos que esto provocará la desarticulación de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic)”, finaliza.

El ministro de la Presidencia de la República, Ebal Díaz, dijo en un video personal que luego de acabar las rondas de conversación entre la OEA y el Gobierno, “desafortunadamente detallamos que no hemos logrado construir a tiempo los acuerdos necesarios para continuar con la cooperación de la OEA en los esquemas de lucha contra la corrupción”.

“Quiero reiterarles que el compromiso del Estado es seguir con la implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción, la Convención Internacional Contra la Corrupción de las Naciones Unidas y otros más. Seguiremos trabajando en las reformas legales que sean necesarias, como una nueva ley de Contratación del Estado, las reformas institucionales, que impidan que se sigan cometiendo en Honduras actos en contra de los intereses de la sociedad”, agregó el funcionario.