La Corte Suprema de Justicia es la que ahora analiza el conflicto de los miembros de la iglesia Aposento Alto con la organización religiosa Asambleas de Dios, por la disputa del templo ubicado en la colonia El Pedregal de Comayagüela.
El caso llegó hasta la Sala de lo Constitucional, una sección del Poder Judicial encargada de revisar situaciones donde se considera que se han violado derechos protegidos por la Constitución.
Esto ocurrió luego de que se presentara un recurso de amparo, una solicitud legal para pedir protección urgente cuando se cree que una autoridad actuó de forma injusta o ilegal.
Melvin Duarte, portavoz del Poder Judicial, explicó: "Existe un recurso legal que ha sido tramitado tras haberse iniciado un proceso por usurpación que involucra a esta iglesia. El caso ha llegado hasta la Sala de lo Constitucional mediante un recurso de amparo".
También hizo un llamado a la comunidad cristiana: "Con mucha sinceridad de parte del Poder Judicial, es a la calma, a la no confrontación, a esperar los recursos legales. La Sala está muy consciente de lo que ocurrirá y resolverá en el menor tiempo posible lo que falta".
El origen del conflicto
El conflicto surgió en 2021 tras la muerte del pastor Luis Alberto Cálix, fundador de Aposento Alto. Durante décadas, él fue la figura central de esta comunidad evangélica. Su caída dejó un vacío que pronto se convirtió en una lucha interna por el control de la iglesia.
Desde entonces, dos grupos se formaron. Uno quiere seguir operando la iglesia de manera independiente, como lo hicieron por años. El otro, respaldado por la organización Asambleas de Dios, reclama el derecho legal sobre el templo y busca asumir su administración.
Este martes, la Policía Nacional ejecutó una orden judicial de desalojo contra los miembros que se encontraban dentro del templo. Pese a la insistencia de los hermanos de la iglesia, a las autoridades de las Asambleas de Dios no les importó pasar por encima de los adultos llorando, niños orando y ancianos suplicando respeto por sus derechos.
“Nos están dejando sin un lugar donde congregarnos, especialmente a cientos de niños que aquí encuentran consuelo y guía espiritual”, dijo entre lágrimas una de las feligresas durante el operativo.
Afirman que construyeron el templo con sus propios recursos. “Los de Asambleas de Dios nunca movieron un dedo por esta iglesia”, reclamó uno de los miembros, registrando las ventas de comida, rifas y jornadas comunitarias que les tomó levantar el edificio.
Las reacciones
Tras el desalojo, la Conferencia Evangélica de las Asambleas de Dios publicó un comunicado en el que explicaba que ellos no buscan despojar a nadie, sino restablecer el orden administrativo de la iglesia. Según sus representantes, poseen las escrituras del inmueble, lo que los acredita como dueños legales.
“La Conferencia no le está pretendiendo quitar ningún bien a nadie; solamente vamos a establecer un pastor por parte de las autoridades de la Asamblea y luego quedará abierto para la congregación”, aseguró el abogado de la organización.
Se planea establecer una comisión de transición integrada por miembros de la misma iglesia y supervisada por su estructura regional, la cual estará activa hasta que se nombre un nuevo pastor.
Asimismo, se ha garantizado que quienes cumplan con las normas y reglamentos de la Asamblea serán reconocidos como miembros oficiales.
Por otro lado, los evangélicos desalojados expresaron su inconformidad, afirmando que sus derechos no fueron respetados. Denunciaron además que no se les informó adecuadamente ni se les dio oportunidad de defenderse antes de la intervención policial.
“Aquí se violentaron derechos fundamentales. No se nos notificó correctamente, ni se nos permitió defendernos como manda la ley”, expresó un abogado que los representa.
Además, anunciaron que no abandonarán la lucha. “No nos vamos del templo hasta agotar todas las instancias jurídicas”, aseguraron varios miembros. También propusieron hacer una votación entre todos los congregantes para decidir quién debe quedarse con el liderazgo del templo.
El caso está ahora en manos de la Corte Suprema. Mientras tanto, el Poder Judicial reitera su llamado a que ambas partes mantengan la calma y resuelvan el conflicto de manera pacífica y legal.
