La Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih) entregó al Gobierno hondureño el borrador de la Ley de Colaboración Eficaz que también es conocida como “ley de beneficio premial”, que consiste en una poderosa herramienta jurídica para desarticular redes de corrupción y crimen organizado enquistadas en el aparato estatal.
La iniciativa fue elevada a consideración del Poder Ejecutivo el 26 de diciembre pasado y es parte de las reformas al entramado jurídico del país mediante las cuales se busca fortalecer y hacer más eficiente la lucha contra la corrupción y la impunidad.
| 22 febrero 2016
Instalación Con la presencia del secretario general de la OEA, Luis Almagro, se instala la Misión de Apoyo Contra la Corrupció e Impunidad en Honduras (Maccih) para acompañar al país en combatir ese flagelo.
|
También debe contribuir a seguir la ruta del dinero, averiguar el destino de los bienes y sus fuentes de financiamiento y la entrega de propiedades relacionadas con la actividad ilícita.
En síntesis, la información que se proporcione debe dirigirse al desmontaje de organizaciones dedicadas al delito.
Esta figura jurídica fue clave para desbaratar en Perú la red criminal y de corrupción que montaron desde el Gobierno el expresidente Alberto Fujimori y su tristemente célebre ministro del Interior Vladimiro Montecinos.
Además, ha sido altamente eficaz en el combate del delito y la corrupción en otros países como Guatemala, Chile y Brasil.
De hecho, en Guatemala ha permitido desarticular varias bandas criminales de 10 a 15 integrantes, quienes ahora están en prisión por diferentes delitos.
| Diciembre 2016
Informe. La Maccih presenta su primer informe semestral ante el Consejo Permanente de la OEA en el que se destaca la puesta en práctica de varias reformas legales y estructurales para combatir la corrupción y la impunidad en Honduras.
|
En un reciente encuentro con directores y jefes de redacción de los diferentes medios de comunicación, el coordinador de la Maccih, Juan Jiménez Mayor, y su equipo de trabajo presentaron los alcances de la legislación que se espera sea aprobada por el Congreso Nacional en las próximas semanas.
Jiménez Mayor aclaró que esta herramienta legal no solamente está dirigida a combatir la corrupción en todas sus formas, sino también al crimen organizado y su aprobación y será de mucha importancia para el país.
“Esta ley es la prueba de fuego para ver si hay voluntad política de combatir la corrupción en Honduras”, refirió el representante de la Maccih.
Amplió que la normativa se trabajó con la Fiscalía General de la República y cuenta con el respaldo del titular de esa institución, Óscar Fernando Chinchilla.
Bajo este marco legal, la Fiscalía jugará un rol relevante, puesto que será la encargada de captar la información de terceros, dar continuidad a las investigaciones y aplicar los beneficios legales a los delatores con base en información relevante y creíble.
| 26 diciembre 2016
Propuesta. la Maccih entregó al titular del Poder Ejecutivo el borrador de la Ley de Colaboración Eficaz que busca erigirse como la principal herramienta de combate a las redes de corrupción y crimen organizado.
|
Jiménez Mayor detalló que con esta herramienta se pretende atacar y desarticular redes de corrupción en los sectores público y privado.
En tal sentido, adelantó que de aprobarse la iniciativa se aplicará en el caso de corrupción del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
De hecho, mencionó la posibilidad de que el exdirector del IHSS Mario Zelaya y otros exfuncionarios implicados en esa red de corrupción puedan acogerse al beneficio de la ley a cambio de que faciliten información que conlleve a la detención y enjuiciamiento de personajes que estaban más arriba de ellos en la estructura delictiva que saqueó el Seguro Social.
Julio César Arbizú, exprocurador anticorrupción de Perú y asistente personal del coordinador de la Maccih, explicó que el mecanismo de colaboración eficaz no es una herramienta cualquiera, sino el instrumento legal principal para “conocer las modalidades delictivas a todos en casos de corrupción”.
Ahondó que esta figura también es conocida como “delación premial o colaboración eficaz” y forma parte del derecho penal premial que permite recabar información clave y corroborada para atacar dichas estructuras criminales.
No obstante, aclaró que el acto de entrega de información por parte del colaborador debe ser voluntario, debe aceptar la responsabilidad de los hechos que se le imputen, todos o en parte, y los cargos que no admita seguirán siendo materia de investigación o proceso penal.
Asimismo, esta persona se compromete a devolver los instrumentos del delito o garantizar su reintegro y además no volver a cometer un nuevo delito y no divulgar la información que entregó en el acuerdo de colaboración.
Arbizu resaltó que se garantiza al delator la reserva de su identidad y además queda amparado bajo un régimen especial de protección tanto él como su familia.
| Inicia proceso para escoger a fiscales anticorrupción
El fiscal general, Óscar Fernando Chinchilla ,y el vocero de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción de la Impunidad en Honduras (Maccih), Juan Jiménez Mayor, anunciaron ayer la creación de la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción de la Impunidad (Ufecic) y el protocolo de certificación, selección y nombramiento de candidatos a integrar esta nueva instancia.
Dicha iniciativa establece que la Fiscalía General y la Maccih, en consenso, seleccionarán a un grupo de fiscales, agentes de investigación, analistas criminales, auditores forenses, especialistas informáticos y personal de apoyo, para conformar la Ufecic-MP, de conformidad con los límites estipulados en el Convenio Honduras/OEA-Maccih y la legislación vigente. Esta nueva unidad de élite estará adscrita directamente a la Fiscalía General, para que por su medio se desarrolle una labor conjunta y coordinada, que propicie la investigación imparcial, el procesamiento, la aplicación de la justicia y el castigo a los responsables de los delitos de corrupción y se ha determinado un riguroso proceso de certificación, selección y nombramiento. El procedimiento y convocatoria se desarrollará en cinco etapas: inscripción, admisión de carpetas, evaluación, selección y nombramiento, siendo las primeras tres fases el proceso de certificación que lo conforman la revisión de requisitos del puesto, las pruebas de conocimiento, las entrevistas o audiencias privadas y las pruebas de confianza. Para ello se designa en dos delegados del Fiscal General con voz y voto, dos delegados del representante de la Maccih con voz y voto y un representante de sociedad civil con voz y garante de transparencia, así como la integración de un Comité de Certificación como órgano encargado de elaborar el listado de los candidatos que superen las primeras tres etapas del proceso. |