Tegucigalpa, Honduras.
Peritos y expertos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) y del Ministerio Público continuaban el trabajo de revisión de los miles de documentos oficiales secuestrados la semana anterior en el cuartel general de Casamata, la Inspectoría General de la Policía Nacional y en las oficinas de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP).
Con esta información, los investigadores buscan confirmar y sustentar la implicación de agentes de la Policía en los asesinatos del zar antidrogas Julián Arístides González, el exasesor y excordinador del Consejo Nacional Contra el Narcotráfico Alfredo Landaverde, y el fiscal especial de Privación de Dominio Orlan Chávez, ultimados en 2009, 2011 y 2013, respectivamente.
El decomiso de toda esta información se hizo en respuesta a las publicaciones periodísticas que sacaron a luz el involucramiento de miembros de la cúpula policial, oficiales y agentes de la escala básica en los crímenes contra estas tres prominentes figuras públicas.
Jorge Galindo, portavoz de la Atic, confirmó a LA PRENSA que la información todavía se encuentra bajo análisis del equipo fiscal que está al frente del caso, ya que se trata de documentación bastante voluminosa que requerirá un espacio de tiempo poderla procesar.
“Recuerde que es bastante documentación y que solo en el caso de la DIECP son más de 130 expedientes, 67 solo de las oficinas de Tegucigalpa y el resto de San Pedro Sula”, acotó.
En ese sentido, el funcionario indicó que no es posible precisar una fecha en la que se podría tener los resultados de los análisis de la información y las acciones judiciales que se emprenderán contra los posibles implicados en esos crímenes de alto impacto.
“Así que esto está en manos de la Fiscalía, en el momento que tengan el análisis de los mismos, ellos determinarán el rumbo o acciones que se tomarán en torno a la investigación”, precisó.
Galindo insistió que no se puede establecer una fecha porque hay que hacer un estudio a profundidad de toda la información y si es necesario ampliar las indagaciones en algunos casos. “Solo puedo confirmar que el equipo fiscal está trabajando de forma continua en su análisis”.
Por otro lado, el Ministerio Público no pudo confirmar la remisión de los expedientes de tres oficiales activos de la Policía que fueron suspendidos por su presunto involucramiento en el asesinato de González. Tanto la Policía y el MP manejan el caso con completo hermetismo.
Peritos y expertos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) y del Ministerio Público continuaban el trabajo de revisión de los miles de documentos oficiales secuestrados la semana anterior en el cuartel general de Casamata, la Inspectoría General de la Policía Nacional y en las oficinas de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP).
Con esta información, los investigadores buscan confirmar y sustentar la implicación de agentes de la Policía en los asesinatos del zar antidrogas Julián Arístides González, el exasesor y excordinador del Consejo Nacional Contra el Narcotráfico Alfredo Landaverde, y el fiscal especial de Privación de Dominio Orlan Chávez, ultimados en 2009, 2011 y 2013, respectivamente.
El decomiso de toda esta información se hizo en respuesta a las publicaciones periodísticas que sacaron a luz el involucramiento de miembros de la cúpula policial, oficiales y agentes de la escala básica en los crímenes contra estas tres prominentes figuras públicas.
Jorge Galindo, portavoz de la Atic, confirmó a LA PRENSA que la información todavía se encuentra bajo análisis del equipo fiscal que está al frente del caso, ya que se trata de documentación bastante voluminosa que requerirá un espacio de tiempo poderla procesar.
“Recuerde que es bastante documentación y que solo en el caso de la DIECP son más de 130 expedientes, 67 solo de las oficinas de Tegucigalpa y el resto de San Pedro Sula”, acotó.
En ese sentido, el funcionario indicó que no es posible precisar una fecha en la que se podría tener los resultados de los análisis de la información y las acciones judiciales que se emprenderán contra los posibles implicados en esos crímenes de alto impacto.
“Así que esto está en manos de la Fiscalía, en el momento que tengan el análisis de los mismos, ellos determinarán el rumbo o acciones que se tomarán en torno a la investigación”, precisó.
Galindo insistió que no se puede establecer una fecha porque hay que hacer un estudio a profundidad de toda la información y si es necesario ampliar las indagaciones en algunos casos. “Solo puedo confirmar que el equipo fiscal está trabajando de forma continua en su análisis”.
Por otro lado, el Ministerio Público no pudo confirmar la remisión de los expedientes de tres oficiales activos de la Policía que fueron suspendidos por su presunto involucramiento en el asesinato de González. Tanto la Policía y el MP manejan el caso con completo hermetismo.
