Ismael Reyes Chavarría, 28 años, es un agricultor que guarda prisión desde hace nueve meses en La Paz. Sus delitos: robar dos láminas de zinc y veinte limones. Fue condenado a tres años con nueve meses.
Reyes no ha podido conmutar la pena porque no tiene los recursos para pagar la fianza que es de diez lempiras por cada día de reclusión y recobrar su libertad.
El artículo 61 del Código Penal da la oportunidad para que personas de escasos recursos económicos puedan conmutar su pena con trabajo comunitario, siempre y cuando no haya sido condenado anteriormente por otro delito. Pero Reyes no tiene un abogado defensor.
En condición similar hay cientos de reos en todo el país. Según cifras de la Secretaría de Seguridad, hay 12,500 internos distribuidos en 24 centros penales. De esos, solo la mitad están condenados, es decir que ya tienen una sentencia.
Y de los condenados solo un 50%, más o menos unos 3,000, participa de los débiles y superficiales proyectos de rehabilitación, según las cifras del director de Centros Penales, José Danilo Orellana.
El robo
Ismael Reyes fue capturado en 2010, meses después que le acusaron del robo de las láminas de zinc. Como no fue detenido por este hecho, continuó su vida normal en La Paz.
Cuando pasaba por una propiedad de uno de los hacendados de La Paz, Reyes -según él cuenta-, recogió 20 limones que caían de un árbol de la propiedad y los guardó en una bolsa sin imaginar que por llevarse los limones sería apresado. “Mire, es cierto, yo tomé los 20 limones, pero es que se caían del palo... yo los recogí a la orilla de una propiedad en la carretera que va hacia Lejamaní. Eran 20 limones, no me los robé, pase por la calle y los limones estaban en el suelo, el árbol estaba tan cargado que se caían y el dueño me vio cuando yo los juntaba”.
“Él se enojó tanto que comenzó a seguirme y casi me mata. Huí y le conté a mi hermano, pero le dije que no creía que me iban a hacer algo. A las horas unos policías me dijeron: Vení para acá. Yo les pregunté: ¿Qué pasó? Y fue cuando me detuvieron. Y aquí me dejaron”, relata el recluso.
Reyes señaló que lo del hurto de los limones lo logró conciliar con el dueño de la propiedad; pero aún tenía “cuentas pendientes” con la justicia.
“Llevo nueve meses preso, pero como tenía pendiente la orden de captura por el robo de las dos láminas quedé preso. En febrero me sentenciaron a tres años con nueve meses. Ya he pagado nueve meses, he querido conmutar pero no tengo el dinero para pagar, porque me piden que cancele... pero es un dineral y si no tengo que esperar a cumplir la mitad de la pena para que el defensor público me ayude para gestionar el servicio comunitario.
“Como uno es pobre casi no nos asesoran mucho y hay que esperar. Qué se va a hacer si la ley es la ley, ya agarrados no podemos discutir con la ley porque si me pongo a eso, el juez me pone más pena”, dice Reyes tomándose la cabeza entre sus manos.
El detenido se ha ganado la confianza de las autoridades del centro penitenciario y colabora de lleno en todo el aseo y actividades que se requieren.
El jefe del centro penitenciario lo califica de bien portado y colaborador.
“No sabíamos por qué llegó detenido el interno. Es asombroso cómo este caso fue juzgado de esa manera; pero así son las leyes. El joven aquí siempre colabora con el penal”, señaló el policía Faustino Pineda, jefe del centro penal en La Paz.
Esperanzas
Ismael no pierde la fe de salir antes de cumplir la condena. Los primeros nueve meses le han servido de rehabilitación y ha logrado, como él dice, estar limpio de las drogas.
“Tengo planes al salir, porque quiero trabajar. No tenía antecedentes, es la primera vez que caigo aquí preso y pues si cometí el error debo pagarlo. Mis padres nos enseñaron otras cosas”, añadió.
El reo continuó contando parte de su vida y las enseñanzas que recibió en su hogar.
“Mi madre me dice que cambie, que sea otra persona y estoy deseando demostrarle que puedo salir adelante. En el delito del robo de las dos láminas creo que es justo el castigo porque sí lo hice; pero en el caso de los limones, hubieran investigado, porque yo no me robé nada, estaban caídos en la calle y ahora me acusan de eso. Lo único que hice fue juntarlos para hacer un 'fresco’ y a raíz de ese robo me trajeron”, reiteró.
El caso
Rocío López, jueza de Ejecución en La Paz, comentó a LA PRENSA que dan seguimiento a los expedientes que se acreditan y que están en proceso de juzgarse o fueron juzgados a fin de vigilar que se ejecuten las penas. Además, están pendientes de atender las necesidades de los reos para ayudarles a agilizar sus trámites con el defensor público o privado que se asigne a los casos.
“El expediente del interno tiene fecha del 17 de octubre de 2009 donde fue acusado porque, según la versión del afectado, este se llevó unas láminas de aluzinc y, según investigaciones, el robo fue realizado por Reyes. Por ese robo se giró la orden de captura.
El imputado fue condenado a tres años con nueve meses de prisión. Ya se le hizo el auto de admisión. El cumple la pena el 30 de marzo de 2014 y la libertad condicional la puede solicitarla el 16 de mayo de 2012.
Estos casos los mandamos de oficio a la Defensa Pública para que actúen y es donde se decide si se va a conmutar, de qué forma y el tipo de delitos; en este caso como es menor de cinco años puede pagar la cuantía de diez lempiras al día que ya señala la ley”, explicó López.
El fallo en el caso de Reyes fue dado por el juez de La Paz el pasado 28 de febrero de 2011.
La funcionaria señaló que los jueces tienen independencia y criterios para determinar la condena de las personas basados en las pruebas que presentan los acusadores.
En el caso de Reyes, las evidencias que sustentan el caso es una factura de la compra de las láminas que fue presentada por el afectado, donde asegura que no fueron dos láminas las hurtadas, sino que 36.
El joven se defiende al indicar que no tenía ni vehículo ni ayuda de otras personas en el robo.
Este vacío determina que el acusado fue condenado no sólo por las dos láminas que asegura robó, sino por todo el lote que adquirió el propietario y cuya única prueba fue la factura de compra; pero nunca se demostró que el lote estaba en poder del acusado. Eso no hizo falta para condenarlo a prisión.
No es injusto
El coordinador de fiscales de La Paz, Óscar Bayardo Acosta, aseguró que la ley ya establece los delitos y no determina si el robo es de un anillo o de un celular, “cualquier hurto o robo de diez lempiras en adelante es siempre un robo”.
“Da lo mismo lo que ha sido robado. El fiscal o el juez están enmarcados en lo que plasma el legislador. Y en este caso el público lo puede ver como injusto; pero habría que ubicarse en el papel de la víctima y le repito, en el caso de los robos no se cuantifica el daño económico que puede causar, sino en el daño sicológico”.
“Se cuantifica la acción, la consecuencia no económica sino sicológica. Hay que ver las circunstancias, hay impunidad en todos los niveles; pero en el caso de los delitos de cuello blanco son cometidos por personas que tienen una instrucción educativa alta”, expuso el fiscal.
“Por eso es que la percepción es que el que se roba una gallina va preso y el que se roba un banco no. En estas condenas menores, la mayoría salen rápido y como son menores, rápido vuelven a delinquir. Los que van con libertad condicional sí siento yo que ese encierro los ha marcado y sí muestran arrepentimiento, lo he visto porque muchos de ellos no han vuelto”, agregó el acusador.
Añadió que les dan seguimiento para verificar esas medidas en el lugar para ver cómo están viviendo, qué están haciendo y sí se ven los cambios.
“Es lo poco que tenemos del sistema porque realmente tenemos muchas fallas. El sistema no está dando realmente el tratamiento que debe darse como dice la ley de rehabilitación: clasificación carcelaria”, reconoció Acosta.
El caso de Reyes prueba que no sólo los “robagallinas” son los que reciben todo el peso de la ley, también están los “robalimones”
